El TSJA obliga a Granada a retirar el monumento a Primo de Rivera

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto fin a la polémica. Obliga al Ayuntamiento de Granada, que gobierna en mayoría el PP, a retirar el monumento a José Antonio Primo de Rivera que hay en pleno centro de la capital. Años de litigios y varias resoluciones han sido necesarias. La última es clara: procede “la retirada del monumento” sin que concurran razones artísticas que lo impidan.

Hasta ahora, en ello, en el valor del monumento, se había escudado el Consistorio para mantener en la Plaza de Bibataubín los cinco brazos extendidos que sujetan las alas de un águila. ‘Granada a José Antonio’ se puede leer en el pedestal revestido de mármol en el que aparece también el símbolo del yugo y las flechas. La Ley de Memoria Histórica obliga a retirarlo y así, tras varias resoluciones que no entraban en el fondo del asunto, lo ha hecho saber ahora el TSJA.

La decisión se toma tras un recurso de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Abogado del Estado a una sentencia de 2011 del Juzgado de lo Contencioso 1 de Granada que no estimó los recursos presentados contra el acuerdo de pleno de 2009 –en el que el gobierno municipal se negaba a retirarlo--. El juez argumentó que el acuerdo impugnado repetía uno anterior de 2008 y era ese el que debían haber recurrido.

El TSJA, sin embargo, aclara que no eran iguales, por lo que revoca el fallo y obliga al Ayuntamiento a retirar el monumento como, por otra parte, llevan pidiendo años otros sectores de la sociedad granadina.

El Ayuntamiento de Granada argumentaba que no hacía exaltación de la guerra, el levantamiento militar y la posterior dictadura puesto que no hacía alusión a esos hechos. Además, se refería a la protección administrativa por su valor artístico y por estar en un entorno catalogado por el Plan Especial del Área Centro de Granada.

La ley permite respetar los símbolos cuando concurra interés artístico, de ahí el empeño del Ayuntamiento en destacar ese punto, si bien fue rebatido por Patrimonio de la Junta de Andalucía que certificó que no está en los bienes inventariados ni catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Dos dictámenes de profesores de la Universidad de Granada concluyeron igualmente que carecía de valor artístico “digno de protección” y que representa una “apología de la violencia fascista”.

Por todo ello, el TSJA estima el recurso, revoca la resolución de primera instancia y obliga al Ayuntamiento a retirar el monumento como pedían los grupos de la oposición, PSOE e IU, que fueron los que presentaron la moción pidiendo la retirada del monumento en 2009.

El conflicto colea desde hace años y han sido varias las alternativas propuestas por distintos agentes de la ciudad: un monumento a la víctimas de violencia de género, a Federico García Lorca, a Enrique Morente o, incluso, un árbol. Pero nada lograba sacar al gobierno municipal de su empeño por mantener e la vía pública la obra que realizó el escultor Francisco López Burgos en 1972.

Recientemente, tras el inicio de tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática que impulsa la Junta de Andalucía, el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, dijo estar dispuesto a retirarlo de la calle si así le obligaba la ley y que lo trasladaría a algún museo de la ciudad por tratarse de una obra realizada por un artista que recibió el Premio Nacional de Escultura. No ha hecho falta su entrada en vigor puesto que el TSJA le obliga en una resolución contra la que no cabe recurso.

El Ayuntamiento de Granada acató la resolución y declaró este martes que retirará de manera “inmediata” el monolito, según señaló el portavoz del equipo de gobierno local, Juan García Montero (PP).

El Ayuntamiento estudiará ahora con los servicios jurídicos los plazos estipulados para proceder a la retirada del monolito, una actuación que se coordinará con los servicios del área de Mantenimiento, de modo que la sentencia se acatará “de manera inmediata, en cuanto sea posible técnicamente”, afirmó García Montero.

La delegada de la Junta en Granada, Sandra García, confió en que la sentencia del TSJA sea “acatada” y “ejecutada correctamente”.