La agenda

E l adagio de Ortega, que mola mucho, y que va y dice nadie-sabe-lo-que-pasa-y-eso-es-lo-que-pasa, ya sólo alude a la vida privada a partir de las tantas, y no a la época. La época/el siglo XXI, que empezó en 2008, ya posee descripciones, que parecen agruparse en dos grandes bloques, no homogéneos, no definitivos, de extremos difuminados, pero que chocan entre sí y crean beligerancia. Quizás somos demasiado coetáneos al asunto para evaluar lo que supone ese enfrentamiento nítido. Pero es trascendente: se está creando la agenda política del siglo XXI, una agenda en la que, también lo sabemos, hay un concepto central.

No es el reparto de la riqueza, no es el Estado del Bienestar, esos dos objetos que modularon dos grandes tramos del siglo XX. Es algo ubicado una casilla antes. Se trata del mismísimo concepto de Democracia, que uno de los bloques reduce —jamás, la Democracia, en ese sentido, ha estado tan agredida desde los años 40 del pasado siglo—, y otro amplía.

Uno de esos dos bloques estaría integrado, con fricciones, matices y contradicciones, por partidos, sindicatos, instituciones políticas y objetos más extraños, como IBEX, UE, BCE o FMI. Su percepción es que esto es una crisis económica que dificulta el pago de deuda. Para garantizar ese compromiso, el Estado debe de reducir el gasto —con mayor o menor severidad, según el opinante—. Para ello, se reduce el bienestar durante un periodo de tiempo: hasta 2015-18, según los partidos al iniciarse la crisis; por una década, dos o tres, según diversas entidades financieras. Eso conlleva reformas políticas, democráticas, emitidas por parlamentos. La democracia representativa, la única posible, es eso y funciona. La corrupción son vergonzosos casos aislados.

El otro bloque, amplio y no homogéneo, lo forma el post15-M, grupos, personas, movimientos sociales, instituciones no estatales apolíticas, como la PAH, y partidos con estructura aún no codificada. Defienden que esto es una crisis financiera en la que se ha socializado el pago de deuda privada. El Estado ha asumido ese pago como función.

Defienden que esto es una crisis financiera en la que se ha socializado el pago de deuda privada. El Estado ha asumido ese pago como función.

A través de contrarreformas, se ha limitado el acceso a la crisis de la banca, el alto empresariado/IBEX y la aristocracia política —la crisis, según la OCDE, no ha afectado a ese 10%—. Y se ha sometido al 90% de la sociedad a paro, precariedad —con bajadas salariales de más del 50% en algunos oficios—, expolio energético y bancario, y limitación o exclusión del sistema sanitario —vía recorte— y educativo —vía recorte y subida de tasas universitarias en una media superior al 60%—. Esas contrarreformas son estructurales. Suponen el fin del Estado del Bienestar, la forma de la democracia en Europa. Y sí, eso se ha hecho en parlamentos, lo que obliga a una meditación sobre la soberanía —el grueso de contrarreformas han sido sugeridas por entidades no democráticas exteriores—, y sobre el mismísimo concepto de democracia: ¿es democrático un sistema que no atiende al 90% de su población? ¿A quién representan los representantes que votan contra el 90%? La corrupción estructural sería una de las respuestas. Una corrupción que —casos Ferrovial, Palau, Bárcenas, ITV, Infanta...— podría ilustrar la venta de políticas.

El choque entre ambas descripciones está ocasionando el nacimiento de nuevos fenómenos. Por una parte, la Postdemocracia, en este paisaje determinado por la deuda, está emitiendo un nuevo sistema de represión —una política centrada en quitar derechos, salud, pensiones y estudios universitarios a varias generaciones, hace intuir que la represión será un gran fenómeno del siglo XXI—, a través de, en lo que es hasta poético, de la misma deuda. Es decir, de la multa. La futura Ley de Seguridad Ciudadana apunta a ello. Y los hechos: de 2012 a 2013, Interior multó por más de medio millón de euros a personas —de alta fragilidad económica, se supone— que protestaban contra las contrarreformas.

Frente a estas aportaciones, el bloque democrático, a su vez, aporta una reformulación de la Democracia. A través de la ampliación de la Democracia hacia lo social, lo económico y lo territorial —el derecho de autodeterminación, vamos—. A través de la ampliación de derechos fundamentales. A través de una nueva forma de propiedad pública, que no estatal: lo común. A través de una seria crítica a la representatividad, con propuestas que combinan democracia representativa fiscalizada, con democracia directa y/o tecnológica. A través de una cultura de control del Estado. A través del impago de deuda. A través de un enfrentamiento con la UE y de asumir, a la vez, la UE como la principal instancia. Y a través de incipientes nuevas instituciones democráticas.

El uso de estos conceptos, ideas y vocabulario es lo que determina salirse del bloque postdemocrático, y entrar o en el democrático. Permiten saber si una asociación ciudadana o un partido son postdemocráticos o democráticos. Suponen —tachán-tachán— la incipiente agenda política del siglo XXI. Y, hoy por hoy, son la única garantía de que los valores de Libertad, Igualdad y Fraternidad pervivan como marco político. En el bloque postdemocrático, ya sólo son palabras.