La Comunidad anuncia que controlará los cursos de formación por su cuenta

El Ejecutivo de Ignacio González ha anunciado hoy el uso de una herramienta informática propia para controlar que se realizan los cursos de formación, financiados con fondos públicos. La decisión, anunciada por la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, se produce a raíz del escándalo del presunto fraude de 15 millones de euros -11 estatales y 4,4 autonómicos, de momento de los ejercicios 2010 y 2011- conocido como el caso Aneri.

La decisión de la Comunidad de utilizar un sistema de control propio no es algo nuevo. Es más, la herramienta, llamada Sfoc (Subvenciones a planes de Formación Continua), estaba creada mucho antes de que estallara el escándalo del supuesto fraude en los cursos de formación de la patronal, según algunas entidades que han solicitado subvenciones. Se trata de una herramienta para gestionar las ayudas que permite enviar la documentación de las ayudas a través del portal de la Comunidad de Madrid, aunque aún está lejos de ser un sistema eficaz para evitar los fraudes pues todavía no se han puesto marcha sistemas de control. 

El  Gobierno regional no renovó en 2011 el convenio para el control de los cursos con la Fundación Tripartita –el órgano encargado de velar por el buen uso de los fondos dedicados a formación, y que forman el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos-. Era un acuerdo vigente desde 2005.

Los técnicos de la Consejería de Empleo ya tenían que encargarse del proceso de seguimiento antes de todos estos anuncios. De hecho, en las últimas semanas se ha enconado la relación entre los dos organismos, después de que distintos cargos de la Comunidad (la consejera o el presidente, entre otros) intentaran desviar la responsabilidad hacia la Fundación Tripartita y el Ministerio de Empleo.

“El nuevo modelo consistirá en tener un seguimiento mucho más exhaustivo de los gastos, por ejemplo controlando las cabeceras de las nóminas”, ha afirmado Mariño. Otra iniciativa, ha observado la consejera, será eliminar “en el porcentaje máximo que permite la norma a los intermediarios", para que los fondos lleguen directamente a las empresas que organicen los cursos. La consejera apuntó a mediados de marzo que también se sancionará los fraudes por formación “con el triple de lo defraudado”.

La Comunidad de Madrid conoció hace más de un año las presuntas irregularidades del caso Aneri y no presentó denuncia ante el fiscal o la policía. La Consejería se personó hace una semana en la causa abierta en el juzgado de instrucción, 9 tras la denuncia presentada por algunas de las asociaciones empresariales supuestamente estafadas.

Mariño ha reseñado este lunes que es la responsable de la cartera de Empleo regional desde septiembre de 2012, coincidiendo con la remodelación de Gobierno provocada tras la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad y su relevo por González. Antes que Mariño, la consejera titular fue Lucía Figar,ahora al frente de Educación, Juventud y Deporte. “La maquinaria de la Consejería ha funcionado, pero hay que ser todavía más pulcros”, ha sostenido la actual responsable frente a las críticas de los tres partidos de la oposición, que reclaman una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

Ante la “desconfianza” en el funcionamiento del sistema, Mariño ha indicado que se realizarán auditorías obligatorias de todos los cursos. También ha recordado la obligatoriedad de que haya cuentas bancarias restringidas para los fondos destinados a formación. De esta manera se podría saber si las empresas han obtenido plusvalías con la organización de los cursos. En ese caso, deberían reinvertir las cantidades pertinentes en formación. González ordenó hace semanas suspender el pago de todos los cursos de teleformación hasta que quede clara la repercusión del caso Aneri. De momento hay 13 imputados, incluidos el empresario cordobés y Alfonso Tezanos, ex presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio Minorista de Madrid (CECOMA) y cercano al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.