Andalucía obligará a la retirada de los símbolos franquistas en 18 meses

El anteproyecto de ley de la Memoria Democrática de Andalucía, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, pone fecha para la retirada de los símbolos franquistas . A diferencia de la ley estatal que no obliga, la norma andaluza establece un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para quitar escudos y placas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. De lo contrario, la Junta podrá efectuar su retirada. ¿Por qué tanto tiempo? Según fuentes del Gobierno, esta ha sido una exigencia del PSOE, que pretende así blindar a los alcaldes ante decisiones polémicas y posponer la ejecución de la eliminación de los símbolos hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2015. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), negó en la conferencia de prensa posterior del Consejo de Gobierno esta versión.

Los Ayuntamientos no podrán esgrimir “razones artísticas”, como sí permite la ley nacional, para mantener esos símbolos en tres supuestos: cuando las inscripciones estén en edificios o lugares históricos; cuando haya “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores”; y cuando haya “alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”.

El anteproyecto nace con la vocación de considerar “imprescriptibles” los “crímenes contra la humanidad” cometidos por el franquismo a los que “no puede aplicarse” la ley de Amnistía aprobada al principio de la Transición española. Así figura en el preámbulo de la exposición de motivos de la futura norma presentada por Valderas. El preámbulo ha sido uno de los caballos de batalla entre los socios del Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida, donde se insiste en la exigencia al “Estado español” de la anulación de la sentencia condenatoria de Blas Infante,, considerado padre de la patria andaluza, dictada después de su asesinato.

El texto, asumido por todo el Gobierno tras intensas negociaciones, prevé que cuando  las fosas con víctimas desaparecidas estén en terrenos de propiedad privada "si el propietario no da su consentimiento" para investigar las fosas “se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos”. La Junta se reserva la potestad para recuperar e identificar los restos de las víctimas y realizar “las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos”, mediante análisis de ADN.

El anteproyecto, que aún no tiene el visto bueno del Consejo Consultivo, amplía el catálogo de víctimas de la ley de Memoria Histórica. A los fusilados, guerrilleros,, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados, añade los niños robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazi. El anteproyecto establece la fecha del 14 de junio como día de homenaje a las víctimas, en conmemoración de la primera exhumación que se realizó en Andalucía. La propuesta no quiere limitar su alcance a los monumentos y símbolos, sino también “a los actos públicos de ensalzamiento”. En uno de sus artículos dice que las Administraciones públicas de Andalucía “prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de la represión o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a los responsables de la dictadura”, como serían las manifestaciones que conmemoran la muerte de Franco. En el régimen de infracciones y sanciones del anteproyecto, este tipo de acto que la Junta “combatirá”, según Valderas, está tipificado como falta leve con una sanción que va de 200 a 2.000 euros.

En las faltas muy graves (destrucción de fosas) la sanción prevista oscila entre lo 10.001 y los 150.000 euros. Las graves (incumplir la orden de retirada de símbolos franquista o no informar del hallazgo casual de restos) van desde los 2.001 a los 10.000 euros.

La Junta también podrá denunciar a los tribunales de justicia la existencia de delitos de lesa humanidad. La Memoria Democrática se incluirá en el currículum de ESO, Bachillerato y educación permanente de adultos.

Valderas admitió que la iniciativa no tiene memoria económica y que de presupuestos andan “cortitos”. Confió en que el texto entre en el Parlamento antes de finales de junio, lo cual significa que su aprobación no estará hasta 2015.