La instrucción del fraude con entradas de la Alhambra acaba con 77 imputados

La investigación judicial sobre las irregularidades en el control de acceso y venta de entradas a la Alhambra ha concluido, después de más de ocho años, con la imputación de 77 personas y dos agencias de viaje. Personal del Patronato de la Alhambra y personas ajenas, del sector turístico, llevaron a cabo una serie de actos “irregulares” que provocaron que aumentara la ocupación del monumento pero descendiera la recaudación del patronato y se incrementara, sin embargo, el beneficio en las agencias implicadas.

El juez instructor, Miguel Ángel del Arco, entregó este lunes a las partes el auto por el que transforma las diligencias abiertas en procedimiento abreviado. Ahora serán estas las que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. A los imputados se le atribuye la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños al patrimonio histórico español.

Los hechos investigados se refieren al periodo 2002-2005. Durante estos años, tanto personal del patronato como ajeno propició un “fraude” en los diferentes momentos del proceso: desde la reserva inicial a la compra de entrada, el control de acceso, la impresión y la finalización de la visita. De este modo se incumplía el sistema diseñado por la dirección del Patronato al dejar pasar a grupos sin entradas o con más personas de las autorizadas o incluso manipulando los pases.

Así lo considera al menos el juez, que incluye en el ‘modus operandi’ a controladores, oficiales, guías turísticos, personal de agencias de viajes mayoristas, taquilleros, personal de administración, informáticos, empresarios de la Federación de Hostelería y Turismo y empleados del BBVA, que entonces se encargaba de la reserva y venta anticipada de entradas. Las dos agencias implicadas son Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L.

En el amplio expediente judicial hay cuantificaciones de ese posible perjuicio económico ocasionado por las irregularidades mencionadas tanto al Patronato como al turismo en general, que rondaría los ocho millones de euros.

Para el magistrado, ha quedado “demostrado” por el informe de la Agencia Tributaria que determinadas agencias de viajes vendieron y facturaron entradas “sin haberlas comprado”, siendo todo el importe de las entradas vendidas para la empresa.

Las conductas que detalla extensamente el juez se producían “a iniciativa del controlador, con la aquiescencia de los oficiales que lo presenciaban y ellos también lo practicaban, participando asimismo los guías turísticos (…) y personas de agencias de viajes encargadas de facilitar las entradas a los grupos”.

Entre las innumerables irregularidades, que fueron denunciadas en 2005, está el permitir el acceso “a cientos de miles de visitantes sin entrada”. En este caso serían los controladores los que incumplen la normativa al dejar entrar sin entrada, con billete correspondiente a otros días o utilizando métodos de “compensación” que consistían en que si una entrada era válida para 25 personas e iban 10, el controlador “le debía” a la agencia 15 que entraban en otro horario diferente. “Solo lo llevaban a cabo los controladores con determinadas agencias de viaje”.

Los oficiales son superiores jerárquicos a estos controladores y están imputados por, entre otros motivos, asignar a algunos controladores en puestos concretos para “propiciar” el fraude. Los guías turísticos, por su parte, han colaborado en el “desvío” con el acceso de grupos sin entrada.

Las dos agencias, que son de un mismo núcleo familiar, cometieron a cabo irregularidades consistentes en la adquisición fraudulenta de entradas, accesos sin entrada, desvío y alteración de la visita, facturación y contabilidad irregular, así como pago de viajes, comidas y regalos a personal del Patronato como “contraprestación” por el fraude, apunta el juez. Algunos controladores cobraron en ‘B’ cuantías de hasta 54.000 euros de una de las empresas turísticas, según consta en el auto.

Los taquilleros imputados desviaron entradas individuales hacia agencias o grupos organizados y también usaron códigos  de usuario diferentes al suyo para cambiar los días o imprimir más de cinco para una persona, que era el máximo establecido. Para el juez, el personal de administración del Patronato mostró “dejadez” en sus competencias, mientras que los informáticos cometían “multitud de errores técnicos” en los informes de datos que emitían al Patronato.

La Federación de Hostelería incumplió un convenio con el patronato y facilitó entradas a las agencias implicadas, que debían ser para establecimientos hoteleros; además, dos hoteles han acaparado “masivamente” las reservas disponibles por esta vía. Y, por último, los empleados del BBVA cometieron irregularidades que “han tenido cierto reconocimiento” puesto que firmaron un acuerdo con el patronato que renunció a ejercer cualquier acción civil o penal y a cambio la entidad le pagó 290.000 euros.