Aneri es acusado de estafa y falsedad documental por el fraude de los cursos

El empresario cordobés José Luis Aneri, principal sospechoso de una trama de cursos de formación fraudulentos, pasará hoy a disposición judicial. El jueves a mediodía fue detenido por la policía adscrita a los juzgados de plaza de Castilla por estafa y falsedad documental tras el registro de sus oficinas y de su domicilio, situado en la calle de Rosario Pino (Tetuán).

Aneri, de 34 años, pasó ayer la jornada en los calabozos de Plaza de Castilla. No prestó declaración policial. El caso de la presunta estafa, cuyo montante supera los 15 millones de euros, está siendo investigado desde hace meses por dos unidades policiales. A través de su trama de empresas, encabezadas por la matriz Sinergia Empresarial, Aneri obtenía subvenciones públicas para cursos de teleformación que no siempre impartía. Replicaba identidades de falsos alumnos conseguidos en listados y ponía a sus trabajadores a diseñar actividades copiando libros o buceando en Google.

La unidad adscrita a los juzgados comenzó su trabajo tras la denuncia presentada por algunas de las asociaciones empresariales supuestamente estafadas, que entregaron las ayudas públicas a Aneri, que figuraba como persona de contacto con la Administración. Son una treintena de entidades, de las que 17 pertenecen a la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), que preside Arturo Fernández, según el recuento elaborado por este periódico.

La Comunidad de Madrid anunció el jueves que se personará en esta causa. El Gobierno regional tuvo los primeros indicios de lo que estaba ocurriendo con los cursos gestionados por las empresas de Aneri hace más de un año. La estafa asciende a 4,4 millones de euros solo con los cursos de 2011, aunque Aneri comenzó al menos dos años antes a contratar con las entidades subvencionadas con fondos regionales.

La primera denuncia fue remitida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la Sección de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en diciembre de 2012. Se envió un expediente de una federación de transportes (Ucotrans) en el que se detectaron irregularidades. La cuantía de fondos estatales supuestamente estafados supera los 11 millones.

Este periódico ha constatado que, entre otros enseres, el detenido tenía en sus oficinas documentos de las asociaciones que supuestamente validaba con sellos y firmas falsos. Fuentes de la investigación señalan que algunas de ellas recibieron mordidas del empresario, que sostiene que él era solo un empleado y una pieza más del engranaje.

En una carta remitida a este diario en diciembre, Aneri señalaba lo siguiente: “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”. En la misiva subrayaba que él no es apoderado "de ninguna asociación" y que no le fueron otorgados “poderes de ningún tipo”. El empresario atribuía esa decisión a las propias asociaciones que eran, según su testimonio remitido a EL PAÍS, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente”.

Tras la detención del principal sospechoso de la trama, ayer hubo distintas declaraciones sobre el caso del mundo empresarial y político. El presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, aseguró que las asociaciones afectadas de la patronal madrileña “están dispuestas a demostrar que se dieron partidas” a Aneri y que “no pueden pagar justas por pecadoras”. “Ya hemos transmitido a la Comunidad que queremos una investigación de todas y cada una de las partidas que se han hecho en formación. Desde CEIM, CEOE y Cámara de Comercio queremos que se aclare lo más pronto posible”, dijo Fernández.

La Comunidad reclama una investigación externa. El presidente regional, Ignacio González, pidió ayer que “se expliquen las actuaciones quien está más afectado que es la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo”, integrantes de la Fundación Tripartita, el órgano que gestiona la formación y que depende del ministerio. El convenio de formación firmado entre la Tripartita y el Gobierno regional recoge que “las funciones de seguimiento y control de las iniciativas de formación” corresponden a la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Empleo no se ha pronunciado aún sobre este asunto.