Mas se lanza a frenar el plan del Ebro pese a ser similar al que apoyó en 2001

El presidente catalán, Artur Mas, y su partido, Convergència i Unió, no están dispuestos a tropezar dos veces con la piedra llamada Plan Hidrológico del Ebro. Y menos cuando faltan escasos tres meses para unas elecciones. Los nacionalistas catalanes ya se han puesto manos a la obra para intentar frenar el plan de gestión de la cuenca del Ebro que impulsa el Gobierno, pese a ser similar —o mejor en algunos aspectos— que el que los nacionalistas catalanes apoyaron en 2001 y que impulsó el ejecutivo de José María Aznar. El Gobierno catalán, a través de su portavoz, Francesc Homs, anunció ayer que en su reunión del próximo martes estudiará las medidas para frenar el proyecto del Ejecutivo central porque entiende que tiene que estar “al lado de la gente del Ebro y de todos los regantes de Cataluña”.

 La Generalitat tiene un margen de actuación muy escaso dada la mayoría absoluta del PP y el apoyo que la mayor parte de comunidades de regantes están dando al proyecto aprobado por el Gobierno el pasado viernes. La esperanza de la Generalitat es, básicamente, que sea la Unión Europea la que acabe frenando el proyecto por incumplir varias de sus directivas del agua.

Sin embargo, a diferencia de 2001, cuando Jordi Pujol gobernaba gracias al apoyo del PP, Convergència i Unió ha decidido unirse de forma entusiasta al movimiento de rechazo del plan que ya ha empezado a perfilar la Plataforma en Defensa del Ebro. El secretario de organización Convergència, Josep Rull, aseguró ayer que el proyecto “pone en peligro el Delta del Ebro” y que, tal como está planteado, “vulnera la directiva europea”. El dirigente nacionalista aseguró que debe velarse porque haya un “equilibrio” entre los intereses de los regantes y el patrimonio “tan extraordinario” del Delta del Ebro.

El proyecto impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete establece un caudal ecológico anual de 3.220 hectómetros cúbicos, una cifra muy lejana de los 7.167 que la Generalitat reclamaba para los años considerados secos. Sin embargo, Convergència i Unió no tuvo reparos en apoyar en 2001 en el Congreso de los Diputados un plan hidrológico que reservaba para el curso bajo del Ebro 3.156 hectómetros, o sea, 64 hectómetros cúbicos menos. En aquel momento el Gobierno catalán, con Artur Mas como primer consejero, justificó su apoyo al plan del Gobierno central porque entendía que otras comunidades pudieran reclamar utilizar parte del agua excedentaria del río. “El agua no se le puede negar a nadie”, repetía Artur Mas en 2003, cuando también aseguraba que provincias como Murcia o Almería hacen una “muy buena gestión del agua”.

La gran diferencia entre el plan de 2001 y el actual es que ahora no se prevé un trasvase a otras cuencas. Con todo, el proyecto sigue defendiendo la construcción de hasta 35 nuevos embalses.

La Generalitat tiene una posición complicada. Por una parte, la presión del territorio y los argumentos técnicos le recomiendan rechazar de plano el proyecto del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno catalán no está dispuesto a renunciar a las nuevas concesiones de regadío que establece el plan para el canal Segarra-Garrigues. Según el plan, la demanda de agua para usos agrícolas pasará de los actuales 10.800 hectómetros cúbicos anuales a los 13.900, lo que supone un aumento de 3.100 hectómetros. Si se comparan estas cifras con el PHN aprobado en 2001, y derogado posteriormente, se observa cómo el Gobierno de Aznar pretendía trasvasar 1.050 hectómetros.

Con todo ello, el PP se quedó solo ayer defendiendo el Plan Hidrológico del Ebro. La vicepresidenta de organización del PP catalán y vicepresidenta del Congreso, Dolors Montserrat, aseguró que el plan “garantiza el futuro del Delta” y cumple todas las exigencias de las directivas europeas.