Aneri organizaba cursos de formación regionales al menos desde 2009

El empresario José Luis Aneri, pieza central de la supuesta trama de cursos falsos, lleva al menos cuatro años gestionando ayudas públicas de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Empleo ha enmarcado siempre la presunta irregularidad de los cursos de asociaciones empresariales en un periodo concreto (2011) y con un montante cerrado: 4,4 millones de euros. Pero lo cierto es que los técnicos alertaron hace ya meses de que la relación es anterior: se remonta, al menos, a 2009.

La voz de alarma saltó en 2013 por la falta de justificación de las ayudas a la formación gestionadas en 2011. Los técnicos de Empleo detectaron que unas treinta asociaciones empresariales tenían la misma dirección (en la calle de Orense) y la misma persona de contacto: José Luis Aneri. Cruzaron los datos y elaboraron ficheros con planes que abarcaban también expedientes de años anteriores: 2009 y 2010.

Estos cursos también aparecían recogidos en la página de Sinergia Empresarial, la matriz del entramado de empresas de Aneri desde la que gestionaba los cursos en los que supuestamente suplantaba identidades y multiplicaba de forma masiva a los falsos alumnos de sus cursos de teleformación.

La consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, señaló el pasado lunes que el supuesto fraude se cometió con fondos del año 2011, según recogieron las agencias de noticias en una visita de Mariño al aeropuerto de Barajas. El director general de Estrategia y Fomento de Empleo, Valentín Bote, también circunscribió el supuesto fraude a ese año y esa cantidad en la comparecencia que hizo en la Comisión de Formación de la Asamblea de Madrid el 12 de febrero. Hasta el momento, la cantidad supuestamente defraudada por Aneri de fondos públicos nacionales y regionales ronda los 15 millones de euros. De ellos, casi 11 millones corresponden a expedientes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tramitados al menos desde 2010.

Uno de estos expedientes de la federación de transportes Ucotrans fue remitido a la Policía Nacional en diciembre de 2012. La Comunidad de Madrid no ha denunciado nunca ante el fiscal o la policía el supuesto fraude detectado. El único cargo destituido hasta la fecha, un subdirector general, fue apartado de su cargo tres días después de acudir a la policía a testificar en la investigación abierta por la denuncia de algunas asociaciones afectadas.

Madrid está reclamando a las asociaciones fondos de los cursos de 2010 y 2011, según explica el portavoz de la plataforma que crearon estas asociaciones a raíz de que se hiciera público el caso el pasado diciembre. Sin embargo, a algunas asociaciones se les reclama también parte de las ayudas de 2009. Estas asociaciones solo se enteraron de que tenían esos expedientes pendientes cuando les llamaron de la Comunidad en octubre de 2013, cuando ya existían sospechas más que serias sobre las irregularidades de Aneri.

En el seno de la Consejería de Empleo solo se han investigado los rastros de un posible fraude en los expedientes de 2010 y 2011 y no en los anteriores. Un portavoz oficial de Empleo señala lo siguiente: “La Comunidad de Madrid ya ha revocado total o parcialmente las subvenciones de 2009 y 2010 de las asociaciones que decidieron contratar con la plataforma de Aneri debido a falta de justificación. Parte de ellas ya están cobradas y la mayoría en vía de apremio”. No aclara a cuánto dinero asciende ni cuántos expedientes son. Tampoco explicita por qué motivos se han revocado estos expedientes.

La consejera Ana Isabel Mariño solicitó ayer una comparecencia “a petición propia” en el pleno de la Asamblea de Madrid para informar “sobre la gestión de la formación continua de la Comunidad de Madrid”.

Fuentes de su departamento explicaron ayer a las agencias de noticias que la consejera desea explicar “las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid que han llevado a la apertura de expedientes de revocación a las asociaciones empresariales y profesionales que no han podido justificar los cursos realizados”. Su comparecencia será, en principio, en el pleno del 13 de marzo.