“Podemos ir al absurdo de crear una ley de transparencia y otra para no cumplirla”

La Agencia Vasca de Protección de Datos cumple su primera década de vida consolidada como organización de control para las Administraciones públicas ante un derecho que hasta no hace mucho era "desconocido", según indica el experto catalán Ramón Miralles. "La ciudadanía ni se manifestaba ni se manifiesta por la protección de datos, otra cosa es lo que pase dentro de unos años", resalta. Con los enormes retos de futuro en una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la protección de sus datos, la agencia ha celebrado este lunes en el Parlamento unas jornadas dedicadas a analizar el recorrido de la protección de datos en Euskadi y los retos futuros.

La normativa de protección de datos es un “derecho social y una conquista ciudadana”, pero también un arma que “puede ser utilizada por los poderes para su propio beneficio”. Son las advertencias de uno de los letrados del Parlamento, Josu Osés, que ha recordado durante uno de los debates de las jornadas que existe la posibilidad de que el poder “intente utilizar la protección de datos para su propio beneficio, lo que interfiere en otros derechos, como es el derecho al conocimiento”. Ha puesto como ejemplo el caso asturiano, en el que el Gobierno ha negado al Parlamento los contratos de los altos cargos del Ejecutivo escudándose en la ley de protección de datos.

El director de la Agencia vasca, Iñaki Pariente, ha reconocido: “Podemos ir al absurdo de crear una ley de transparencia y otra para no cumplirla”, pero ha matizado que no cree que esto vaya a ocurrir en Euskadi, porque en los lugares en los que se han dado situaciones de este tipo son comunidades en las que no hay agencias de protección de datos. El consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha indicado que, entre transparencia y protección de datos, la segunda tiene un "lugar prevalente" por tratarse de un "derecho fundamental expresamente reconocido", y ha advertido que es un "límite infranqueable" por la transparencia. 

Esta cuestión estará regulada en Euskadi a través de la ley de la Administración Pública, que el Ejecutivo está "ultimando", según Erkoreka. Tanto varios expertos como dirigentes políticas de partidos como PNV y PSE se han mostrado favorables a que sea la Agencia Vasca de Protección de Datos la que asuma las reclamaciones de la ciudadanía sobre posibles incumplimientos de la futura ley por parte de las Administraciones públicas vascas. Es, han recordado, el modelo que se está siguiendo en otros países, aunque la ley de Transparencia estatal ha apostado por crear un organismo específico para esta materia. En todo caso, la peneuvista Ana Otadui ha resaltado, como la mayoría de los ponentes, que es "es muy importante crear un órgano para las reclamaciones porque de lo contrario habría que recurrir a los juzgados y la solución se alargaría demasiado". 

La Agencia encara hoy otro reto, el de las nuevas tecnologías y la protección de datos, que se refiere especialmente a los jóvenes. Solo la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha reclamado la ampliación de las competencias de la Agencia en este sentido. Pariente le ha respondido reconociéndose "gratamente sorprendido" por esta reclamación pero matizando que no cree que "a corto plazo" se prevean modificaciones de este tipo. Preguntado minutos antes por esta misma cuestión por los medios de comunicación, Pariente ha puesto el acento en su actividad preventiva en este terreno, se ha centrado en que siguen las pautas de la agencia estatal y se limitan a formar a colectivos como el de los más jóvenes.

Durante la jornada, en la que se ha premiado al anterior director de la agencia, Iñaki Vicuña, entre otros, se ha destacado cómo la agencia nació a través de una ley aprobada en el Parlamento únicamente con el apoyo del tripartito y en un ambiente crispado. Erkoreka ha remarcado que la agencia ha "madurado con una rapidez mayor a la habitual".  Miralles, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha señalado que en este tiempo ha habido una "expectativa defraudada" de ampliar el modelo madrileño, catalán y vasco a otras comunidades.