La UE ultima una multa ‘disuasoria’ de 50 millones a las instituciones vascas

No ha habido ni clemencia ni sensibilidad a los argumentos de las Diputaciones. La táctica dilatoria que utilizaron las tres de manera colegiada para prolongar los procedimientos judiciales con el convencimiento de que finalmente algún tribunal les daría la razón en el controvertido asunto de las vacaciones fiscales, está a punto de fracasar. Primero los españoles y después los tribunales europeos han coincidido de forma sistemática en que la capacidad normativa tributaria de Euskadi tiene un límite, las normas del mercado y de la competencia comunitaria.

La abogada general de la UE, Eleanor Sharpston ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia que imponga a España —el pago corresponde a las instituciones forales y al Gobierno vasco— una multa de 50 millones de euros, 14 menos de lo propuesto por la Comisión, por no recuperar a tiempo una serie de ayudas fiscales ilegales concedidas en Euskadi en la década de los noventa a más de 300 empresas y por importe de 322 millones.

La multa es una recomendación a la corte de Luxemburgo, pero en el 80% de las ocasiones, estas se recogen en las sentencias definitivas. Sharpston reconoce que se trata de la propuesta de multa más elevada de las que ha impuesto el tribunal a tanto alzado —también las ayudas ilegales concedidas lo fueron—, pero argumenta que es así primero por la gravedad de unas medidas que pudieron afectar al mercado, y sobre todo por el incumplimiento sistemático de las instituciones forales vascas de las sentencias del tribunal.

“Tanto la cuantía de las ayudas de que se trata como la demora en su recuperación son considerables, y parece que las autoridades españolas han dedicado una gran cantidad de tiempo y de energía a intentar aminorar las cantidades que debían recuperarse, a menudo, aportando detalles excesivos que entrañaban más dilaciones”, argumenta. La abogada, que no habló de obstrucción, pero si sugirió la puesta en marcha de maniobras para retrasar el procedimiento, explica que en 2001, la comisión sancionó como ilegales las medidas y hasta octubre de 2013 no se acabó con la recuperación del dinero.

Las vacaciones fiscales en este caso se referían a los créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros, y las exenciones fiscales temporales para reducir el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años en los que obtuvieran beneficios. El régimen fue derogado, pero las ayudas han tardado 12 años en recuperarse.

En noviembre de 2003, al estimar que España no había recuperado el dinero, la Comisión interpuso seis recursos por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Mediante la sentencia de 14 de diciembre de 2006, el Tribunal de Justicia declaró que España no había adoptado las medidas necesarias para recuperar las ayudas y ordenó su recuperación. Pero no fue suficiente. En abril de 2011, considerando que España seguía sin recuperarlas, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que impusiera a dicho Estado miembro una multa de 64.543.000 euros.

En concreto la propuesta de sanción fue de 25.817,4 euros diarios desde 2006, lo que elevaba la cifra total hasta los 64 millones. La que decae es la multa de 236.044,8 euros diarios que propuso para el caso de que las instituciones siguieran sin recuperar el dinero. Ese fue el momento en el que las tres diputaciones se pusieron las pilas y empezaron a dar los primeros pasos serios para cumplir las sentencias comunitarias. De hecho, el 86% de los fondos se recuperó a partir de esa fecha. Bizkaia y Gipuzkoa fueron las primeras en poner fin a ese proceso, pero todavía el pasado año, Álava seguía en plena faena de recuperación de los fondos.

La abogada de la UE, no obstante, rebajó ayer la cantidad total a recuperar, desde los 358 millones de euros que la Comisión fijó en sus documentos hasta los 322,3 millones de euros totales. A la Diputación alavesa le corresponden 212,4, el 65,89% del total, a la de Bizkaia 68,7 millones, el 21,31% del total, y a la de Gipuzkoa 41,2 millones, el 12,80%.

La decisión de bajar las cantidades da en parte la razón a las instituciones forales que redujeron inicialmente la cantidad a recuperar al aplicar con carácter retroactivo determinadas deducciones fiscales establecidas por la normativa tributaria. Frente al criterio de la Comisión que estimó que Álava debía de recuperar también el importe de esas deducciones, la abogada general señaló que no se ha afirmado que formaran parte de alguno de los regímenes considerados ayudas de Estado ilegales.

Pese a todo concluye que el asunto es “de tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros durante un período de tiempo considerable”. Al tratarse de una multa directa de la Unión, al Reino de España, todavía no está diseñado el mecanismo para imputar esa cantidad a las Diputaciones y el Gobierno vasco. Si finalmente la corte europea impone la multa, la Comisión Europea exigirá el pago a la Administración del Estado, sin importarle a quién se lo imputa esta después. De hacerlo vía Cupo se convertirá en una parte más del conflicto abierto entre la administración central y la vasca cuyas discrepancias ascienden ya 798 millones de euros.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha dicho que, pese a la cuantía la multa es una “cuestión menor”, ya que lo importante es la capacidad fiscal de las Diputaciones forales, que el Tribunal de Luxemburgo no cuestiona. La Diputación de Gipuzkoa respondió en una nota que “infravalorar” las conclusiones de la abogada general es “un acto de irresponsabilidad”.