Aneri diseñaba los cursos de formación con Google y manuales plagiados

José Luis Aneri, el empresario sospechoso de encabezar una presunta estafa millonaria de fondos públicos de cursos de formación, tenía un don para captar subvenciones. Quienes le conocen o han trabajado con él dicen que era capaz de hacer de la noche a la mañana complicados planes de formación que recibirían luego el visto bueno de la Administración.

Pero su don se basaba en copiar y contratar a empleados jóvenes a sus órdenes. Trabajadores de Sinergia Empresarial, la empresa de Aneri que gestionó al menos 11 millones de euros en subvenciones de la Comunidad y del Estado, han contado a EL PAÍS que los cursos no los elaboraban expertos, sino ellos mismos, y que los sacaban de Internet o de libros que compraban en librerías.

Un correo interno de la empresa al que este diario ha tenido acceso prueba que el empresario dio el visto bueno a la compra de esos libros. En él, un empleado le pide cuatro manuales para un curso de montaje y mantenimiento mecánico, para poder así “entender mejor el contexto y poder desarrollarlo con más exactitud que buscando por Internet”. Los manuales, cuatro volúmenes muy técnicos, costaban 82,95 euros. “Os ruego compréis estos libros a la mayor brevedad”, le responde Aneri en otro correo. La normativa que regula los certificados de profesionalidad (los cursos de formación para empleados y parados) señala expresamente que los formadores de estos cursos deben dominar los conocimientos y las técnicas que tienen que impartir —ya sean las clases presenciales u online— y que tienen que tener titulación y experiencia profesional para enseñar.

Pero en Sinergia Empresarial eran sus empleados, la mayoría de ellos solo con conocimientos administrativos, quienes buscaban índices y contenido para rellenar los cursos que luego se mandaban a la Administración. En el correo mencionado se detalla el contenido de los manuales. El primero, por 28 euros, es Montaje y mantenimiento mecánico, un volumen de 375 páginas editado por Enrique Ortega. “No viene tal y como nos piden las unidades, pero creo nos podrá ayudar a desarrollar contenido en general de piezas, engranajes, etcétera”, escribe uno de los trabajadores.

La principal herramienta para diseñar esos cursos era Google. Una exempleada explicó a EL PAÍS que eran los propios administrativos quienes diseñaban cursos sobre materias de las que no sabían nada. Internet les servía para documentar los cursos que, en algunos casos, hacían alumnos que tampoco existían.

Ese es otro de los puntos de la estafa que también sirve como línea de investigación. Aneri usaba un sistema informático para duplicar y simular identidades de estudiantes en su plataforma digital, un robot que hacía los cursos y suplantaba las identidades de los alumnos. El objetivo era conseguir la mayor cantidad de cursos y el mayor número posible de alumnos, fueran reales o ficticios.

Aneri es por ahora el principal sospechoso de la desaparición de más de cuatro millones de fondos regionales para cursos de formación y de 6,6 millones de ayudas estatales. Pero quienes recibían las subvenciones eran las asociaciones empresariales beneficiarias de los cursos. Algunas de ellas, según fuentes de la investigación, cobraban mordidas de hasta el 20% para que todo el sistema siguiera funcionando. Otras nunca supieron lo que pasaba.

¿Cómo pudo pasar inadvertido todo el sistema de Aneri para la Administración? Fuentes del sector señalan que la teleformación es el área más proclive a cualquier tipo de fraudes porque es sobre la que se puede ejercer menos control. La Fundación Tripartita, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo que gestiona la concesión de esas ayudas, vigila por ley cerca del 10% de los millones de cursos que se producen en toda España. No detectó ninguna irregularidad con Aneri hasta que saltó una denuncia por un posible problema de duplicidad de alumnos con una de las asociaciones que subcontrató al empresario, Ucotrans.

Fuentes técnicas señalan que lo único que hacen los responsables de supervisar toda la documentación es verificar que hay unas identidades con un DNI que constan como alumnos. En ningún caso se les llama para ver si efectivamente han realizado el curso.

La Comunidad de Madrid, a la que había alertado un empresario, tampoco detectó aparentemente nunca ningún problema en el contenido de unos cursos que se diseñaban, en muchos casos, a golpe de corta y pega.