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Cataluña impide que las familias se queden sin luz y gas en invierno

Entre noviembre y marzo las familias que lo acrediten quedarán protegidas de los cortes

Los beneficiarios deberán acreditar que tienen una tarifa social y que no pueden reducir el gasto. Ampliar foto
Los beneficiarios deberán acreditar que tienen una tarifa social y que no pueden reducir el gasto.

Las familias con menos recursos tendrán este invierno garantizado el suministro de luz y gas. Y, si no lo pueden pagar o tienen abierto un proceso de reclamación, se les concederá una moratoria hasta abril. Así lo aprobó el Gobierno catalán ayer mediante un decreto que reforma del Código de Consumo de Cataluña, que impide los cortes energéticos entre noviembre y marzo a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Para beneficiarse de la medida, las personas que hayan recibido un aviso de interrupción del suministro por parte de la compañía deberán presentar en un plazo de 10 días un informe de los servicios sociales.

El problema de la pobreza energética está aumentando en los últimos años debido al enquistamiento de la crisis, el empeoramiento de la economía familiar y por el encarecimiento de los recibos. Las cifras hablan por sí solas. Desde 2007, la factura eléctrica se ha disparado en España un 60%, mientras que la renta media de los hogares se ha reducido un 8,5%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La consecuencia: la tasa de pobreza energética ha pasado del 5,9% en 2008 al 10% en 2010, según los datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, que estima que en 2012 pudo alcanzar, incluso, al 15%.

Ese año se produjeron alrededor de 1,4 millones de cortes de luz por falta de pago, cifra que se ha doblado desde el inicio de la crisis (en 2006 se hicieron 600.000 interrupciones), según las memorias de las principales compañías eléctricas. Por su parte, Gas Natural-Fenosa ha cortado el suministro de gas a 10.000 clientes (un 0,4% del total) desde el pasado enero y de electricidad a 12.000 hogares (un 1%). Con todo, las compañías matizan que no todos los cortes por impago corresponden a pobres energéticos.

Cataluña es la primera comunidad que pone en práctica estas medidas de urgencia para evitar dejar sin luz, calefacción ni posibilidades de cocinar a las personas sin recursos y más vulnerables. Andalucía hizo un amago en este sentido hace un mes, pero su intención no se ha concretado. La Junta espera aprobar la normativa en junio, así que no se pondría en práctica hasta el próximo invierno. Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha apelado a la buena voluntad de las eléctricas para que no apaguen el suministro durante este invierno. También ha enviado a los Ayuntamientos, que gestionan el agua, para que hagan lo propio. Aunque este tipo de iniciativas es nuevo en España, no lo es en otros países europeos, como Reino Unido o Francia.

La pobreza energética alcanza

al 15% de los hogares, según la Asociación de Ciencias Ambientales

Para poder beneficiarse de la moratoria que Cataluña aprobó ayer, las familias deberán cumplir tres requisitos. El primero es no superar cierto umbral económico, que se ha establecido en el indicador de la renta de suficiencia (IRSC), que corresponde a 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales en el caso de unidades de dos miembros. A partir del tercero, los importes se incrementan en un 30%. El segundo de los requisitos es demostrar que se han aplicado todas las medidas para reducir el consumo de bienes y servicios y, el tercero, acreditar que se tiene contratada la tarifa social.

Con el informe de los Servicios Sociales en la mano o, en su defecto, el resguardo de la solicitud, las empresas suministradoras no podrán interrumpir el suministro hasta el mes de abril. La deuda que se pueda acumular “se aplazará con las condiciones que acuerden los usuarios y las empresas suministradoras y se podrá pagar entre los meses de abril y octubre siguientes”, según explica la Generalitat. La medida solo abarca a los suministros de luz y gas, pero deja fuera el agua. Fuentes del Gobierno catalán lo justifican en que la comisión que trabaja sobre la problemática de la pobreza energética solo tiene en cuenta estos dos servicios, pues el agua depende de los Ayuntamientos.

La Generalitat asegura que no puede cifrar los potenciales beneficiarios de la medida por la falta de un estudio riguroso. “Hay un problema de base, que es definir qué es la pobreza energética, y en eso estamos. No solo hay que tener en cuenta las personas que no pagan la factura, sino también otros elementos como el lugar donde viven o el tipo de vivienda”, explican fuentes del Departamento de Empresa y Empleo, del que dependen los temas energéticos. No obstante, esperan que a partir de las solicitudes recibidas por esta moratoria les ayude a recabar datos y conocer así “la magnitud del problema”.

Las entidades sociales admiten que la medida “no soluciona el problema” de la pobreza energética, “pero sirve para paliarla en las épocas más críticas y de más necesidad energética de las familias”, apuntan desde Cruz Roja. En cambio, algunos suministradores expresan sus dudas sobre los beneficios de la medida, que consideran hecha “de cara a la galería”. “A partir de abril los clientes tendrán que pagar el recibo corriente y lo adeudado, y nadie te garantiza que puedan pagar”, explican. Cruz Roja admite que se puede producir este problema, pero aseguran que “durante estos meses ganamos tiempo para explicar a la gente que existe la tarifa social, que las compañías publicitan poco y apenas se conoce”.

Andalucía crea un grupo de trabajo

El Parlamento andaluz aprobó la pasada semana la creación de un grupo de trabajo para la puesta en marcha de la Ley de inclusión y renta básica. El objetivo de la norma es, entre otras medidas, asegurar un suministro de luz y de agua mínimo para los hogares en los que solo se perciba un salario social (más de 47.000 en Andalucía) y para las personas sin recursos.

El Gobierno andaluz cuantificó el coste de su medida en unos 20 millones de euros. La propuesta del Ejecutivo es que las empresas y entidades que reciben incentivos de la Junta aporten los fondos de una bolsa de solidaridad con el que sufragar estas medidas. El gas queda fuera de la iniciativa porque el 83% del suministro es con bombonas y este recurso sería difícil de controlar.

La Junta lleva trabajando en esta iniciativa desde agosto y ya la ha llevado al Parlamento, que analizará la propuesta elaborada por un grupo de profesores de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide.

Sobre el agua, se trata de asegurar el abastecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día por vivienda, unos 3.000 litros al mes.

La otra medida de la Junta busca evitar los cortes de luz por impagos a las personas en riesgo de exclusión y que sean titulares de un contrato de suministro eléctrico. Se trata de garantizar 1.400 kilovatios al año por vivienda, cubriendo parte de las necesidades esenciales, estimadas en 2.519 Kwh.

Con esta iniciativa, según la Junta, se evitarán desahucios energéticos y se protegerá a los andaluces que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Desde 2007, en Andalucía se han producido más de 86.000 desahucios y solo desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012, se han ejecutado 510.864 cortes de luz, según información los distintos distribuidores eléctricos.

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