La falta de control de la Administración propició la estafa del empresario Aneri

La falta de control de las administraciones sobre las subvenciones destinadas a cursos de formación ha favorecido que el empresario José Luis Aneri diseñara una estafa a gran escala que por ahora ha supuesto que al menos 11 millones de euros acabaran en sus manos, 4,4 de la arcas de la Comunidad y unos 6,9 del Estado. Su sistema, la multiplicación y falsificación de alumnos a través de un programa informático para conseguir más dinero para ayudas, escapó a todos los controles. No sirvió el mecanismo de inspección que fija la propia normativa y que implica a la Comunidad, no se encendieron las alarmas cuando uno de los afectados acudió en febrero a alertar de la supuesta estafa, no se cruzaron los datos cuando el Estado trasladó a la Policía una denuncia que implicaba también a Aneri y las Administraciones no se comunicaron entre sí, o lo hicieron sin entenderse.

Las normas de la Comunidad para dar las ayudas de 2012 están recogidas en la orden 24/2012 de la Consejería de Empleo. Según esta orden, para “la difusión, evaluación y seguimiento” de los planes se tiene que crear una comisión mixta en la que están por un lado dos personas de la Dirección General de Formación y dos que representan a los beneficiarios, es decir, las asociaciones empresariales a las que se les concedían las ayudas y a las que supuestamente estafó Aneri.

Sobre el papel, esa comisión debe analizar y valorar el desarrollo de los planes de formación y sus resultados. Pero, según distintas fuentes consultadas, no hay suficiente personal para llamar uno a uno a los participantes de los cursos y comprobar si los han hecho. La falta de controles se da sobre todo en los cursos de teleformación, la modalidad que más utlizó Aneri, que ha trabajado con las administraciones desde hace al menos cuatro años.

En el caso de la Comunidad, el agujero detectado se ciñe a las subvenciones de 2011 que se ejecutaron en 2012. No fue hasta febrero del año siguiente cuando saltaron las alarmas. Un empresario que conocía a Aneri y que había tenido vínculos con él, Alfonso Tezanos, acudió a la Subdirección de Formación y Emprendedores para denunciar la manera en la que Aneri estaba supuestamente estafando a las asociaciones, que a día de hoy no han presentado denuncia contra él. Pasaron varios meses hasta que la Comunidad envió comunicaciones a Aneri para que justificara los cursos. Eso ocurrió poco antes del verano. A finales de agosto, los requerimientos sin abrir se acumulaban en su despacho.

La Comunidad de Madrid asegura que el procedimiento de control se ha activado en los plazos que señala la ley de subvenciones y que no ha habido inacción. “Las acciones formativas finalizaban en noviembre de 2012. La normativa establece tres meses para enviar las justificaciones. Es en febrero cuando comienza el proceso de reintegro del dinero o bien la revocación de la solicitud. Estamos en los tiempos que marca la ley”, señala un portavoz oficial. Aún así, la Comunidad no ha actuado todavía sobre los años anteriores en los que Aneri ha gestionado subvenciones.

Las empresas de Aneri también fueron contratadas para impartir los cursos de formación que recibieron distintas asociaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Tripartita, dependientes del Ministerio de Empleo. Un informe interno de la Comunidad, fechado en noviembre, señala que cuando se detectaron irregularidades en la convocatoria de 2011 se avisó al SEPE a través de una aplicación de la Fundación Tripartita. Un portavoz de la fundación señala que no le consta esa comunicación y añade que conocieron el caso tras su publicación en EL PAÍS. El Ministerio de Empleo no dio ayer explicación.

En las ayudas del SEPE, existía una denuncia por irregularidades a una de las empresas que subcontrató a Aneri, una asociación de transportistas cuyo expediente se trasladó hace más de un año a la policía. La asociación percibió una nueva ayuda en 2013 que el Ministerio de Empleo justifica porque no se pueden retirar las ayudas sin una sanción o una sentencia firmes.