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El Estado investiga si el empresario Aneri estafó otros 2,2 millones en cursos

La Comunidad le reclama ya 4,4 millones por formación no impartida

Ninguno de los afectados ha presentado aún denuncia judicial

El Ministerio de Empleo también está tras las cuentas del empresario cordobés José Luis Aneri Molina, sospechoso de la desaparición de 4,4 millones de euros que la Comunidad destinó a subvenciones para cursos de formación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo, va a revisar 13 convenios de asociaciones empresariales subvencionados con fondos estatales, que suman otros 2,2 millones de euros. Nueve de los 10 cursos no presenciales correspondientes a 2012 estaban destinados a los jóvenes, el grupo con el paro más alto de España.

El empresario es de momento el único sospechoso de una estafa a gran escala que afecta a unas 30 asociaciones empresariales que recibieron los fondos de la Comunidad y le dieron todos los poderes de la gestión a Aneri. El Gobierno regional reclama ahora la devolución del dinero público a las asociaciones.

Si la investigación estatal demostrara algún tipo de irregularidades, serían las asociaciones empresariales las que tendrían que devolver el dinero al ministerio, según confirman fuentes de la llamada Fundación Tripartita, un organismo privado adscrito a Empleo en el que participan la confederación de empresarios, la Administración y los sindicatos.

Este organismo gestiona unos 900 millones de euros anuales procedentes de las cuotas que destinan a formación los empresarios y los trabajadores. En 2012 el SEPE abrió un expediente por cursos de formación gestionados por las empresas de José Luis Aneri a petición del sindicato Comisiones Obreras. El expediente fue trasladado a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.

En cuanto el dinero estafado a la Comunidad, aún quedan muchas incógnitas. La primera es el porqué Aneri no ha sido aún denunciado en los juzgados. Por ahora es el principal sospechoso de una estafa de varios millones de euros de las arcas públicas. Se desconoce su paradero, aunque algunas fuentes lo sitúan fuera de España. Sin embargo, ni las asociaciones estafadas ni la Comunidad, que conoce el caso desde febrero de este año, han llevado el asunto a los tribunales. El Gobierno regional tampoco controló pormenorizadamente todos los cursos impartidos por Sinergia Empresarial.

Las asociaciones tratan ahora de justificar el dinero que les reclama la Comunidad. Han tenido 10 meses y aún no han conseguido hacerlo, a tenor de los datos ofrecidos por el Gobierno regional, que la semana pasada aseguraba a este periódico que 2,7 millones han quedado ya sin justificar y espera información sobre otros 1,7 millones.

Las empresas han contado por ahora con un plazo de 10 meses desde que la Comunidad detectó posibles irregularidades en febrero hasta que este periódico lo publicó el pasado lunes. Ese plazo sigue abierto. Hoy día, las empresas siguen buscando el modo de justificar las subvenciones.

Lo que sí empieza a estar más claro es el modus operandi utilizado por el empresario José Luis Aneri. Este gestionaba todo el proceso de la petición de ayudas en nombre de las empresas. Había conseguido que todas las comunicaciones de la Comunidad le llegaran al local de su empresa, Sinergia Empresarial, en la calle de Orense. Además, para conseguir más alumnos, duplicaba o suplantaba las identidades de otros estudiantes. La investigación ha probado por ahora que algunas personas figuraban como participantes de 30 cursos en un solo mes.

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