Vivir con 640 euros

En el cuaderno de Paloma Gil Merchán las cuentas no salen. Durante 24 horas, su cabeza y un lápiz han sumado, restado, multiplicado y dividido mil caminos para poder hacer frente a su vida con 640 euros: “Si gasto 160 euros en gasoil, otros 280 en el comedor y el desayuno de mis dos mellizas pequeñas, otros 100 en la luz y el gas. A esto les sumo los 85 euros mensuales del tratamiento de ortodoncia de mi hija mayor, la comunidad, los impuestos, la casa... ¿Qué nos queda para comer?”. Y como los números en el papel se han teñido de rojo, Gil Merchán se ha visto obligada a dejar su trabajo.

El pasado 1 de diciembre, la lavandería central hospitalaria, donde Gil Merchán trabajó casi 11 años, pasó a manos de Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y Lavandería Industrial Laundry Center. La Comunidad de Madrid adjudicó el servicio a estas empresas privadas, pertenecientes a la Fundación ONCE y dedicadas al lavado de ropa de hostelería, por 45,9 millones de euros. El objetivo era ahorrar 36 millones.

Las condiciones de las concesionarias, obligadas a contratar a los trabajadores interinos y eventuales que lo solicitaran, implicaban una rebaja salarial de un 46% en esta categoría de empleados. De los 210 interinos y eventuales de la lavandería—con una plantilla de 360—unos 80 declinaron la oferta y se fueron al paro. Los 130 restantes tienen que vivir con una media de 640 euros, cuando su sueldo rondaba aproximadamente los 1.100

“Con 600 euros cómo le doy de comer a mis tres hijas”

Paloma Gil Merchán, de 38 años, ha trabajado durante 11 años en la lavandería central hospitalaria Tenía un puesto de celadora en el que iba rotando por varias secciones. Durante los últimos tres años trabajó en las calandras de sábanas. Ganaba unos 1.100 euros al mes y trabajaba siete horas diarias, generalmente en el turno de la tarde. La nueva empresa le ofrecía 640 euros. Rechazó continuar trabajando “porque no le llegaba” para darle de comer a sus pequeñas.

Es separada y tiene tres hijas: Valeria y Henar, mellizas de ocho años y Carla, de 13.Para ir a trabajar gastaba unos 160 euos en gasolina. El comedor y desayuno de las pequeñas le supone 280 euros. En gastos de la casa, como la luz y el agua necesita otros 100. Su hija mayor necesita un tratamiento de ortodoncia por el que paga 85 euros todos los meses.

Vive en un piso de protección oficial en San Sebastián de los Reyes que le han concedido en junio de este año. Antes pagaba 600 euros de alquiler, que no se habría podido permitir con el nuevo salario.

Ahora, en el paro, cobrará 1.100 euros durante los primeros seis meses. A partir de ahí tendrá 785 durante año y medio. El problema para ella, viene cuando se le acabe el paro.”Si no loró encontrar un trabajo ¿cómo voy a darle de comer a mis hijas? Tengo miedo de que me las puedan quitar por eso”, dice angustiada.

En la casa de Gil Merchán, de 38 años, el armario que guarda la ropa de sus dos mellizas de ocho años es reciclado. Lo ha hecho ella misma. También el pequeño estante que está a la entrada de su piso. La vida le ha enseñado a apañárselas para salir adelante. Por eso aprendió a taladrar y a arreglar los muebles de su casa. Trabajaba de celadora en la lavandería, rotando por varios puestos, aunque los últimos tres años los pasó en las calandras de sábanas, recogiendo fundas y colocándolas en las máquinas.

Gil Merchán, separada y con dos mellizas de ocho años y otra hija de 13, recuerda que no tuvo que pensarlo mucho, en parte porque la empresa le dio 24 horas para tomar una decisión. “Si hubiera aceptado el trabajo tendría que pagar a alguien para que recogiera a mis hijas del colegio y vérmelas negras para que las tres tuvieran de comer”, explica. En junio le concedieron un piso de protección oficial en San Sebastián de los Reyes. Para ir a trabajar gastaba 160 euros en gasoil y se dejaba 280 euros en el desayuno y comedor de las pequeñas. “Con 640 euros simplemente no me daba”, afirma con firmeza.

Con el subsidio de desempleo cobrará unos 1.100 euros durante los primeros seis meses. A partir de ahí tendrá 785 euros. “El problema es qué hago cuando se me acabe el paro. Me preocupan mis hijas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Si no puedo darles de comer, me las van a quitar la Comunidad?”, se pregunta angustiada.

La mayor parte de los trabajadores de la lavandería son mujeres, de una media de edad de 45 años y con estudios básicos. Muchas de ellas no vieron una salida en las ayudas a los desempleados. Para Milagros Morago Casero, de 52 años, no aceptar la oferta tenía un solo desenlace: no volver a trabajar. “Me ha costado decidirme. No sé cuál opción es peor. Con 52 años en la calle, se me acaba el paro y ¿qué hago? Tengo una hija de 16 años que solo cuenta conmigo”, se lamenta. Ganaba unos 1.100 euros al mes en su puesto de celadora donde hacía un poco de todo: desde empaquetar ropa, hasta clasificar las sábanas sucias. No para de pensar en cómo se las va a arreglar para vivir con 640 euros. Morago es separada y tiene dos hijas. Una acaba de independizarse y la pequeña vive con ella. Tiene un préstamo personal de 17.000 euros para pagar la casa en donde vive en Mejorada del Campo. Cada mes le entrega al banco 260 euros para saldar su deuda. Se le van unos 100 euros en la luz y el agua. Otros 55 de la comunidad, unos 30 mensuales de la gasolina.

Su hija Raquel, de 16 años, estudia en un instituto en San Fernando de Henares, porque solo en ese colegio dan clases de dibujo técnico, “lo que a ella le gusta”. El abono de transporte le consume otros 30 euros al mes. “Y luego están los libros del cole, el seguro del coche, la contribución, la basura…”. Morago se detiene un segundo. Las lágrimas no la dejan continuar. “Y ya la calefacción ni me atrevo a ponerla. Tengo una estufa de parafina y la enciendo solo a ratos solo para que mi hija no pase frío”, Incluso Raquel ha entendido la situación y ha tenido que hacer sus propios sacrificios. “A ella le gusta mucho ir al gimnasio. Pero eso eran otros 40 euros al mes. Afortunadamente ella ha entendido a la perfección la situación”, añade.

Morago se ha planteado buscar otro trabajo para complementar su sueldo. Pero la cosa está difícil. En las nuevas condiciones de Flisa, están una hora más de trabajo — antes trabajaban siete—con turnos de mañana y tarde que rotan cada semana, según cuentan las empleadas. “Antes de entrar en la lavandería limpiaba casas, y pensaba en trabajar en eso, por las mañanas. Pero con estos nuevos horarios laborales, imposible. No puedo ayudarme de otra forma”, comenta.

“Acepté porque con 52 años nadie me va a contratar ya”

Milagros Morago Casero tiene 52 años. Tenía un puesto de celadora en la lavandería hospitalaria, donde rotaba por varios puestos.

Ganaba unos 1.100 euros al mes en su puesto de celadora donde hacía un poco de todo: desde empaquetar ropa, hasta clasificar las sábanas sucias. Aceptó, dice, porque a su edad no encontraría otro trabajo. “No sé qué era peor, si no volver a trabajar o esto”, dice. Ahora intenta sobrevivir con 640 euros. Tiene un préstamo personal de 17.000 euros para pagar la casa en donde vive en Mejorada del Campo. Cada mes le entrega al banco 260 euros para saldar su deuda. Se le van unos 100 euros en la luz y el agua. Otros 55 de la comunidad, unos 30 mensuales de la gasolina.

“La calefacción ni me atrevo a encenderla. Tengo una estufa de parafina que pongo a veces solo para que mi hija no pase frío”, aclara.

Gómez es separada y tiene dos hijas. La pequeña, de 16 años, vive con ella. Se le van otros 30 euros en el abono de transporte de su hija que estudia en San Fernando de Henares el bachillerato. “Y luego están los libros del cole, el seguro del coche, la contribución, la basura”. Morago piensa en buscar otro trabajo para complementar su sueldo, aunque lo ve complicado por los nuevos horarios que tiene, en turnos de mañana y tarde cada semana.

María Teresa Durán, de 54 años, también aceptó, pero se arrepiente. “He hecho mis cuentas y simplemente no me sale”, dice. “Acepté la oferta porque me dieron muy poco tiempo para decidir y pensé que una vez dentro las cosas podrían arreglarse. Pero no tiene pinta”, narra decepcionada. Es viuda y tiene un hijo con una minusvalía del 37% sin pensión. Ella misma tiene una minusvalía de un 35%, sin derecho a subvención por no superar el 65%. Hace un año le quitaron la pensión de viudedad por la que cobraba 625 euros. Durán estuvo casada con su marido mes y medio. Al fallecer le dijeron que por el tiempo que estuvieron casados le correspondía ese dinero durante dos años, tras los cuales se lo retiraron. Ahora tiene el caso recurrido en los tribunales.

Esta mujer, menuda y guerrillera ganaba 1.080 en su puesto de limpiadora. “No es que me sobrara el dinero, pero llegaba a fin de mes con la tranquilidad de cubrir los gastos de la casa — una vivienda de protección oficial en Mejorada del Campo—, darle de comer a mi hijo, comprarle los zapatos, el tabaco. Ahora me imagino que lo tendrá que dejar”, cuenta sonriendo. ¿Y si surge algún gasto inesperado, como ir al dentista? “Imposible”, replica. “Mi hijo tiene dos dientes picados y yo también debería arreglarme los dientes, pero son cosas que no nos podemos permitir y menos ahora. Mi sueldo anterior no me permitía ahorrar nada, así que no tengo ningún colchón donde sostenerme”, concluye.

A Carmen Gómez Pérez, de 56 años, nadie le dio un manual de instrucciones para sobrevivir con 600 euros. Quizá con una guía habría aceptado este trabajo. Pero como no lo encontró y la calculadora le dejaba solo 90 euros, se vio forzada a renunciar. “Yo no rechacé una oferta. Me obligaron a dejarlo. No me puedo quedar con 600 euros”, dice indignada. Por eso prefirió irse al paro, la primera vez en su vida que está en esta situación. Los primeros seis meses cobrará 950 euros, que pasarán a ser 720 durante el año y medio restante que le corresponde.

Gómez, o “Mechi” como la llaman por el color rojo de su pelo y también de sus convicciones, no podía imaginarse el futuro “a dos años luz”. “Lo que sí sabía es que me tocaba pasar hambre”, sentencia. Vive sola en Coslada en un piso por el que paga una hipoteca de 140 euros. Pero el resto de gastos a los que se enfrenta ella sola le consumen casi la totalidad de lo que le ofrecían. “Se me iban 560 euros entre el coche, la luz el agua, el gas, la hipoteca, los impuestos, el seguro del coche, de la casa. Son casi 90 euros entre comunidad y el teléfono”, asegura. Gómez no quería renunciar a su vida. “A mí me gusta bajar a Madrid e ir al cine, a bailar salsa. Con esto ya no tendría vida. Con lo que me ofrecían ellos me querían quitar mi vida”, exclama.

María Isabel Pacheco Sánchez, de 52 años, tampoco quería renunciar a su casa, así que no le quedó más remedio que aceptar su nueva condición laboral. “Tengo una hipoteca de 500 euros. Si no le hago frente, seré una desahuciada más”, alega. “Toda la vida peleando con el sueldo para poder pagar la hipoteca y ¿ahora qué?”, añade con tristeza.

Pacheco se siente relativamente afortunada porque su marido tiene plaza fija en la misma lavandería donde cobra 1.200 euros. “Antes yo ganaba unos 1.100, ahora serán unos 680 brutos. Con esto solamente voy a contribuir con 100 euros a la nómina de mi marido”. Sin embargo, el alivio es relativo cuando se pone a pensar que son cinco en casa y que tiene tres hijos, dos de ellos estudian y uno trabaja, a los que tiene que alimentar. “El que trabaja pues gana para él, aunque puede que ahora tenga que ayudar en casa”, explica.

A Pilar López, de 53 años, también le preocupaba su vivienda. Por eso, cuando “vio lo que le venía encima”, tuvo que irse del piso en el que vivía de alquiler por 600 euros a uno más barato de 450, al que se mudará a principios de enero. Ganaba 1.100 euros en su puesto de celadora de transportes, y ahora lo ve reducido a 640 euros. “Vivo sola y de mi sueldo. Tengo dos hijas, que se han independizado ya, pero que sobreviven con sus trabajos y sus becas. No les puedo pedir ayuda ni quiero porque ellas no deberían ayudarme. Tampoco quiero pedirle ayuda a mis padres y mis hermanos tienen familia y ya tiene bastante con lo suyo”, concluye.

“Tengo una hipoteca de 500 euros”

María Isabel Pacheco Sánchez tiene 52 años de edad y ha trabajado en la lavandería durante catorce años como celadora. Ganaba unos 1.100 euros en este puesto. Ahora ha visto su sueldo reducido hasta unos 640 euros.

Vive en Mejorada del Campo con su marido y sus tres hijos en un piso que tiene una hipoteca de 500 euros. Aceptó la oferta de la nueva empresa para “hacer frente a la hipoteca y para no convertirme en una desahuciada más”.

El marido de Pacheco tenía plaza fija en la lavandería. Gana 1.200. “Ahora en lo único a lo que contribuyo a la nómina de mi marido es en 100 euros”, dice.

Dos de sus hijos estudian y el tercero trabaja. “Somos cinco bocas que necesitan comer y no sé si nos llegué con el sueldo de mi marido”.

Pacheco afirma que la vida en Mejorada del Campo es cara. “Coger el bus todos los días te supone 1.30 euros. Además, los impuestos en esta localidad son bastante caros”, afirma. Esta mujer relata que por el piso que tiene ahora acaba de pagar un impuesto de 400 euros. El impuesto de la basura también le ha supuesto otros 40 euros más. Si contar los gastos de luz, agua, teléfono. “No sabemos como nos va a dar para cubrir todos los gastos, más la hipoteca y la comida, que al final es lo más importante para todos nosotros”

“Me quedaban solo 90 euros para comer”

A Carmen Gómez Pérez, de 56 años, casi todo el mundo la conoce como “la mechi”, por su pelo rojo y también por el color de sus convicciones. Ha trabajado en la lavandería durante nueve años como celadora. Tenía un sueldo de unos 1.080 que dependía también de las horas extra y de los días festivos que trabajara. Cuando se enteró de que se lo iban a reducir a 640 euros echó cuentas una noche entera. La calculadora le dejó 90 euros, solo para comer. “Me han obligado a ir al paro”, comenta. Los primeros seis meses cobrará 950 euros de subsidio de desempleo, que pasarán a ser 720 durante el año y medio restante que le corresponde.

Tiene dos hijas mayores que se han independizado de casa. Gómez vive sola en un piso en Coslada por el que paga una hipoteca de 140 euros. Pero el mantenimiento de su casa, el coche, la comunidad, los gastos extras, los seguros le suponen al final unos 560 euros. “Se me iban 560 euros entre el coche, la luz el agua, el gas, la hipoteca, los impuestos, el seguro del coche, de la casa. Son casi 90 euros entre comunidad y el teléfono”.

Para Gómez, esta oferta implicaba terminar con su vida. Con lo más vital. “Era imposible que pudiera sobrevivir así. Y ya ni te digo de ir al cine o a bailar. Me querían quitar mi vida. Ha sido humillante”, cuenta indignada.