El deber de decidir

Los Gobiernos tienen (también) el deber de decidir. Derechos y deberes van juntos, haz y envés. Salvo aquí. Aquí hay un Gobierno que reclama cierto derecho, pero ejercita selectivamente el deber de decidir. Sobre todo en materia económica y empresarial.

El peor déficit decisorio de este año fue la negativa a presentar el presupuesto, prorrogando —en un primer ejercicio de legislatura, algo insólito— el de 2012. Era lógico esperar hasta saber el tope de déficit, hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio. Pero nada más.

Sin presupuesto se ahorraba críticas. Y multiplicaba su falta de crédito político. Hacia adentro, el presupuesto es la ley de prioridades anuales; su discusión, el examen del modelo pretendido; sortearlo es hurtar control democrático a la ciudadanía; es contrariar el designio europeo actual, someter la unión económica en gestación a la hegemonía de la política.

Hacia afuera (que es también adentro), ¿qué credibilidad allegó ante la Unión Europea, atareada en debatir ex-ante y controlar presupuestos, déficits públicos y programas de estabilidad? Ninguna. ¿A qué cotización europea aspiraba el pretendido nasciturus de Estado-propio/nuevo-Estado-europeo exhibiendo su incapacidad o desidia para presupuestar? Cero.

El presupuesto para 2014 no enmienda el fiasco anterior. Por presión del socio republicano, se descartaban nuevos recortes del gasto. Por presión de unas clases trabajadoras y medias sometidas a una presión tributaria difícilmente ampliable (con el tipo marginal del IRPF al 56% como estandarte) se renunciaba a otro aumento de ingresos que no fueran los 174 millones de euros a recaudar mediante una serie de tasas atrabiliarias, pero inofensivas. He aquí otro repudio al deber de decidir, porque el Gobierno de Artur Mas no quiere optar ni por más recortes ni por más ingresos.

Por si acaso, una de las privatizaciones previstas, copiada del Madrid de Esperanza Aguirre/Ignacio González/Ana Botella es la de las 14.000 viviendas sociales de alquiler

Pero sin reducir gastos ni aumentar ingresos ¿cómo cumplir con el déficit prescrito para 2014, del 1% del PIB, 58 centésimas inferior al de 2013? Mediante el funambulismo de unas privatizaciones esotéricas, que reportarían 2.318 millones. Es decir, centrifugando la decisión propia del Poder político... al mercado.

El conseller Andreu Mas-Colell hizo como que estaba convencido, pero él sabe demasiado y es demasiado listo como para creerse que allegará esa cantidad de ventas de edificios (los precedentes son fatales), de solares públicos (a precio casi cero) y de depuradoras (que son medio municipales). Gato escaldado del precedente de Aigues del Ter-Llobregat debiera huir. Y con razón: 1.000 millones de la privatización esfumados, pleitos sin fin. Porque ¿qué garantía de que cumplirá este programa de privatizaciones aportan quienes incumplieron el anterior?

Eso sí, se promete que ese plan de ventas, no de joyas, sino de bisutería, se encogerá si la Generalitat consigue otros ingresos del Estado, algunos debitados (adicional tercera del Estatut, este que tan insuficiente es) y otros siderales (nuevo sistema de financiación). Otra decisión que nos evitamos, atribuyéndola al Estado...expoliador.

Por si acaso, una de las privatizaciones previstas, copiada del Madrid de Esperanza Aguirre/Ignacio González/Ana Botella es la de las 14.000 viviendas sociales de alquiler. Bueno, si hay mucha protesta del conseller Santi Vila y otros rojos, se reducirá el impacto de la decisión a la séptima parte: mil unidades. Jo. Los beneficiarios, Goldman Sachs o Blackstone, como en Madrid, o cualquier otro fondo de inversión. Tachín, tachín. ¡La Cataluña de la transición nacional reedita el mito de Robin Hood, solo que al revés! Desahuciemos —legalmente, claro, al término de sus contratos— a esos pobretes mal duchados y coloquemos sus viviendas a las rutilantes firmas del siempre dadivoso Wall Street. De paso desmantelamos el pertinazmente gastón Estado del bienestar, pues ya se sabe que quien más generosos lo tienen, los escandinavos, ricos e igualitarios serán, pero tristes, un horror.

Estas flaquezas en el decidir cuestiones problemáticas se trocan en largueza decidida al establecer “ilusionantes” estructuras de Estado. Como la Agència Tributaria de Catalunya —que existe desde 2007, ahora fusionada con las de las Diputaciones; o el Institut Català de Finances, creado en 1986, pero que algún día hará de banco público (ambas son meras reformas de entidades preexistentes). O la lotería Grossa y el añejo turismo, que también lo son, según el conseller de Empresa, el inefable Felip Puig. Ese que asumió tanta decisión de vaciar los ojos de manifestantes y transeúntes como Ester Quintana, y luego al negarlo, sigue sin decidirse a defender a la empresa catalana líder del cava. La que boicotean el rancio centralismo español y ciertos colegas convergentes, como el confeso de corrupción Àngel Colom i Colom. Menuda tropa.