La Generalitat pone en venta 1.100 viviendas protegidas de alquiler

De todo cuanto la Generalitat tiene en el escaparate, la vivienda protegida es el activo en venta más polémico. De momento, el Ejecutivo catalán ha identificado ya unas 1.100 viviendas del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) en régimen de alquiler que podría poner en venta. Esos ingresos contribuirían, aunque de forma exigua, a cumplir el objetivo que el Ejecutivo de Artur Mas se ha fijado en los Presupuestos de 2014 para ingresar 2.318 millones de euros en privatizaciones. Ese plan de ventas de activos y concesiones, sin embargo, cada vez genera más dudas. Ayer fue el responsable del servicio de estudios de BBVA, Rafael Doménech, quien puso reparos a esa cifra al considerar que está muy sujeta a las perspectivas de crecimiento económico.

De los 1.100 pisos protegidos que la Generalitat pondrá en venta, 653 corresponden a viviendas con inquilinos que llevan en ellas más de 10 años. A estas se añaden alrededor de 500 más que están vacías y repartidas en varios municipios, según informó la Cadena SER. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad no quiso pronunciarse sobre esa información.

El consejero Vila recordó que la Generalitat necesita ingresos para evitar nuevos recortes

El consejero Santi Vila se refirió ayer en el Parlament a esas viviendas. Para calmar los ánimos de sus socios de ERC, que ya han dicho que rechaza de llano una eventual venta de los 14.000 pisos protegidos a un fondo internacional, Vila señaló otro perfil distinto del inversor institucional. Vila afirmó que hay 653 viviendas públicas con inquilinos que llevan más de 10 años en ellas y que “muchos” han manifestado su voluntad de comprarlas y pueden hacerlo. “¿Tenemos que facilitarlo sí o no? Si lo facilitamos puede convertirse en un fondo presupuestario”, sostuvo Vila, quien recordó que la Generalitat necesita ingresos para evitar nuevos recortes.

La propuesta supondría, por lo tanto, reducir el parque de vivienda en alquiler, que tradicionalmente en Cataluña ha sido marginal frente a la promoción de viviendas públicas en propiedad. Pero la privatización de esos inmuebles podría contravenir incluso la ley del Derecho a la Vivienda, que fija en los artículos 73 a 76 que todos los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca deberán tener un parque de vivienda social del 15% respecto al total y, además, obliga a crear un fondo de solidaridad para que ese objetivo sea posible. Vila aseguró que las cantidades procedentes de las ventas de esos inmuebles servirían para construir más pisos sociales.

Sin embargo, eso no está reflejado en los Presupuestos para 2014, que contienen una previsión de 2.318 millones en privatizaciones que Mas-Colell se niega a concretar. Ayer CiU y ERC rechazaron en el Parlamento una moción del PSC que exigía que todas las privatizaciones de patrimonio público que impulse el Gobierno catalán en 2014 tuvieran que recibir previamente el “aval específico” de la Cámara catalana para materializarse.