Alaya pregunta a un ex alto cargo de Sevilla por asuntos posteriores a su etapa

La magistrada Mercedes Alaya, quien investiga las supuestas irregularidades descubiertas en el concurso público promovido por Mercasevilla para enajenar los suelos del mercado central, ha tomado declaración este lunes a Domingo Enrique Castaño, exresponsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento y exasesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Su declaración ha durado solo unos minutos ya que Castaño ha confirmado ante la juez que abandonó este departamento en febrero de 2007.

La juez Alaya ha cuestionado a Castaño por su posible intervención cuando, en el proceso de enajenar suelos de Mercasevilla, se otorgó licencia de ocupación a la empresa Sando sin que estuvieran terminadas las obras de urbanización. Castaño, que entonces trabajaba para una filial de Sando, ha respondido que en ese proceso ya no estaba trabajando en el Ayuntamiento, han informado fuentes judiciales. En distintos autos, la magistrada ha aludido a la falta de suministro eléctrico existente en las parcelas sobre las que se concedió licencia de primera ocupación a la compañía filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos. Este problema de electrificación fue uno de los principales obstáculos con los que se encontró la anterior propietaria de los terrenos, la empresa Larena 98, a la que no se le otorgó el correspondiente permiso, que posteriormente sí se dio a Sanma.

Alaya ha vuelto a citar a declarar como imputados tanto a Castaño como a la que fuera jefa de servicio de Vía Pública María Victoria Bustamante, ya que la instructora entiende que "podrían haber impedido el pase al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que se acreditara la falta de conclusión de las obras de urbanización". Bustamante se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Ante la juez ha comparecido también este lunes el arquitecto Alberto Balbotín, quien, según la juez, "emitió certificado final de obra como documentación esencial para que fuera concedida" dicha licencia, "en la que se hacía constar que la edificación estaba concluida y apta para su uso, cuando a la fecha de la referida certificación la edificación y urbanización carecía de las obras de infraestructura eléctrica". El arquitecto ha puesto de manifiesto que el director técnico de Sanma le trasladó que el problema de la acometida eléctrica estaba resuelto porque estaba garantizado por la propia Sevillana-Endesa, señalando que tendría un coste de poco más de 2.000 euros.

La juez también ha llamado a declarar al técnico del servicio de Licencias José Manuel Ferrera, aunque se ha tratado de un error por parte de la magistrada ya que, según las fuentes, pretendía citar al arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense Alfredo Delmo, también imputado en la causa.