Complacientes con la corrupción

Compartimos la posición clarividente de Vidal-Beneyto: "La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia”; la describía así: “La corrupción es hoy una pandemia que todo lo invade, que todo lo pervierte”. Ciertamente, es tan grave y extensa que se infiltra hasta en documentos oficiales como la Resolución del Parlament de Catalunya del pasado 27 de septiembre. Por lo que afirma y por lo que oculta. Comencemos por los silencios. Según un medio solvente, a diciembre de 2012, la deuda de CiU con La Caixa era 21.490.000 euros. Parecía un exceso, pero no lo era. El último Informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2008 dice que el “endeudamiento con entidades de crédito”, que limita a una sola entidad, era en el caso de CDC de 3.158.306,18 euros, en el de CiU de 11.733.808,45, y en el de UDC de 12.200.647,65. Podemos constatar pues que la coalición gobernante, que lidera eso que llaman "derecho a decidir" y hasta la supuesta independencia, está seriamente subordinada a la principal potencia financiera de Catalunya.

A partir de aquí, la citada Declaración es una suma de engaños y deslealtades, con cierto grado de cinismo. Por ejemplo, en el apartado XIX.5 denuncia la “falta de imparcialidad” del actual presidente del Tribunal Constitucional por “su militancia política”. Es evidente que es así, si bien no parece el espacio adecuado para tal valoración. Pero cuando aborda las medidas necesarias para regularizar la situación de CatalunyaCaixa, que está directamente causada por su gestión desastrosa y presuntamente delictiva, omite cualquier referencia al procedimiento penal que se sigue por el Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona contra sus directivos por retribuciones aparentemente excesivas e injustas.

Las Propuestas del President son muy escasas y prácticamente una reiteración de las medidas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades

Entre las múltiples causas de la corrupción se encuentra, como es sabido, la contratación pública. En este punto, la Declaración parece remitirse a las “propuestas presentadas por el President de la Generalitat” el 22 de febrero de este año. Si se examinan, en cuanto a este asunto, son vagas y retóricas declaraciones de principios ya recogidas en la ley de 4 de julio de 2007 de Obra Pública, cuyo objetivo era “asegurar que el modelo de contratación garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos”, así como “la transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos”. Con esos fines se abordaron los principios generales fundamentales en la planificación, programación, proyección, contratación, dirección, ejecución y control de la obra pública que hasta entonces no habían sido tratados con la precisión que se expresa en dicha ley.

La Declaración trata el problema de la corrupción en dos apartados, el XVIII y el XIX. Para abordar esa ingente tarea, se enuncian unas llamadas “medidas de transparencia” entre las que se citan, sin más, “trabajar la ejemplaridad a partir de la ética pública” (?) e “incrementar las medidas contra la corrupción” que, luego, se remiten a las mencionadas “Propuestas y Reflexiones” del President. Solo se citan expresa y muy genéricamente la regulación de los lobbies y la publicación de las retribuciones de los “cargos de elección pública” y “altos cargos”.

Las Propuestas del President, salvo algunas referidas a una información pública transparente, son muy escasas y prácticamente una reiteración de las medidas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades ya abordadas en la ley 13/2005 del anterior Gobierno, sin que supla las carencias que esta presentaba.

Pero, lo que realmente sorprende y preocupa en una Declaración que pretende tener una cierta trascendencia histórica es su gran vacío: la problemática de los partidos políticos, su funcionamiento y su financiación. Porque constituyen el principal foco de corrupción y degradación de nuestra democracia. Y aquí no valen las todavía más retóricas Propuestas del President, que apenas sugería “medidas de reforzamiento de la transparencia en la gestión de los partidos políticos”. Sobre todo, cuando hasta el Gobierno del PP presentó el 20 de septiembre un pretendido plan de regeneración democrática que incluía crear “un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos”, tras un acuerdo del Congreso de Diputados que instaba a “establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos…”, “en relación a la persecución y prevención de la corrupción política”.

Finalmente, la Declaración no menciona el Informe del Consejo de Europa de junio de este año que criticaba duramente el actual régimen de financiación de partidos, crítica que afectaba especialmente a CiU, como lo ha acreditado su vinculación al expolio del Palau. Claro que quizás el problema es la necesidad de perpetuar un sistema oligárquico, de poderes políticos y financieros, mientras se aturde a la ciudadanía con farragosas proclamas.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerres.