El juicio a Jabyer Fernández acaba con un alegato contra José Luis Bilbao

La vista oral del caso Iurbenor ya es historia. No va a ser el último capítulo de la saga, ya que todavía quedan varias reclamaciones cruzadas entre Jabyer Fernández y la institución foral de Bizkaia, una de ellas patrimonial, pero el fin del juicio principal por varios delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes y delito fiscal por el impago del IVA de 43,5 millones de la operación Puerta de Bilbao, deja la pelota en el tejado del tribunal. Un papelón, después de cinco jornadas de juicio que acabaron con un despliegue frontal de la defensa contra el inquilino del palacio foral. Aunque Juan Carlos Monclús —el abogado de Jabyer— no pronunció el nombre de Bilbao en ningún momento, la figura de quien fuera compañero de viajes y negocios de Jabyer Fernández fue invocada en numerosas ocasiones. “Jabyer Fernández se ha topado con el temido Leviatán, con el inmenso poder del Estado”, dijo el defensor apelando a la definición del poder absoluto que hizo Thomas Hobbes en 1651, —en la obra del mismo nombre—, pero refiriéndose, en este caso, no al fantasma de la Armada Invencible española que aterraba a los británicos, sino al uso que la institución vizcaína está haciendo de sus recursos contra Fernández, y que en su opinión han llevado a su cliente “a la ruina”.

Todo estaba encaminado

Una combinación de poder institucional y político que habría llevado a Bilbao y al PNV a ejecutar una acción combinada en la que también habría participado quien fuera el asesor fiscal de Jabyer, Fernando García Macua. Una operación en la que la institución foral ha investigado las cuentas de la familia de Jabyer Fernández a través de la Unidad de Auditoría Informática (UAI) “de forma que atenta contra los derechos de Fernández”; la cúpula del PNV habría dejado de lado al empresario al no involucrarse en la consecución del aplazamiento tributario; y Macua sería el instrumento de los dos anteriores para, desde dentro, propiciar la ruptura del Grupo Afer, al denunciar junto a otros cinco socios de Iurbentia, la descapitalización de Iurbenor. Para el Fiscal y la Diputación Foral y la acusación particular las cosas son igual de retorcidas, pero debido a las “torticeras” operaciones de descapitalización de Iurbenor que diseñó Jabyer Fernández para vaciar el dinero con el que tenía que haber pagado el IVA —como figuraba en los talones de las entidades financieras que compraron los terrenos de la operación Puerta de Bilbao— a la Diputación de Bizkaia.

El informe de la UAI se hizo con garantías dice el abogado de la Diputación

El letrado de la institución foral, Enrique Olaran, defendió la validez de los informes de la UAI, pese a que la defensa solicitó la nulidad. Para el letrado ese informe “realizado con todas las garantías procesales” acredita las maniobras del empresario para vaciar Iurbenor y destinar parte de los fondos a las sociedades patrimoniales de los miembros de su familia. Un informe que acreditaría, según defendió el letrado, el delito de insolvencia punible, al descapitalizar Iurbenor. El delito fiscal tenía que ver con el impago de la abultada factura del IVA. A su juicio, Jabyer Fernández tuvo hasta febrero de 2010 para modificar su conducta y ponerse al día con Hacienda, después de que la operación de venta de los terrenos de Puerta de Bilbao generaran un IVA que tendría que haber repercutido en la institución foral. “Era manifiesta su voluntad de no pagar y de ocultar datos fiscales a la Hacienda”, explicó.

Tras descolgarse el fiscal de solicitar ese delito, Olaran dijo ante la sala que la solicitud de aplazamiento de pago fue una simple maniobra para eludir el pago, se hizo fuera de plazo y sin las garantías exigibles. Su diagnóstico fue claro. Ni campañas políticas, ni redes en su contra: “Todas las operaciones de Jabyer Fernández tenían un elemento común, eludir responsabilidades y agravar la situación de Iurbenor, en su beneficio” El letrado que representaba a varios socios de Iurbenor, José Ignacio Gómara, molesto por el tono de la defensa que empleó Monclús, afirmó ayer que todas las decisiones estratégicas en Iurbenor se gestionaron desde la familia Fernández, con “unidad de decisión, actuando en concierto y con utilización de testaferros”. El defensor de Susana Fernández, Juan José Miravet, pidió la libre absolución de Susana porque “hacía lo que le decían”.