PSOE e IU presionan al PP al publicar sus rentas y las de sus parejas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, hará pública su declaración de la renta el miércoles. Hasta aquí, no hay diferencia con lo que hizo su antecesor, José Antonio Griñán, que colgó en la web de la Junta de Andalucía su renta y patrimonio desde 2007. Lo mismo hará esta semana Díaz, que planea dar el mismo paso cuando salga del Gobierno andaluz.

Pero la diferencia reside en que la presidenta va a extender esta medida a los consejeros de la Junta, a los miembros del grupo socialista en el Parlamento regional y a las parejas de todos ellos. Todos estos cargos políticos y sus cónyuges —principalmente, en el caso de que estén en régimen de separación de bienes con sus compañeros— deberán presentar su declaración de la renta y patrimonio. El siguiente paso, el de hacerlas públicas, dependerá de cada uno, aunque lo previsible es que detrás de la presidenta vayan el resto de sus compañeros de partido y consejeros de la Junta.

Los socios de IU también se han sumado a este movimiento. Fuentes de la coalición de izquierdas han señalado a Europa Press que los 12 diputados de IU en el Parlamento "presentarán públicamente" el miércoles sus declaraciones y las de sus parejas.

Fuentes del Gobierno andaluz reconocen que no existe una normativa que pueda obligar a las parejas de los políticos a facilitar y difundir estos datos. Pero, cuando Díaz anunció que daría este paso en su discurso de investidura, lo enmarcó en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana ante los incontables casos de corrupción política. "Hay cónyuges que no saben luego lo que tienen en sus garajes", dijo en alusión al caso de Ana Mato y el coche de alta gama de su marido.

Pero, detrás de esta medida, también se esconde una táctica política. Díaz ha borrado de su Gobierno a cualquier consejero que hubiese estado relacionado directa o indirectamente con el caso de los ERE para intentar alejar este asunto del debate político andaluz. Pero la oposición no está dispuesta a soltar ese hueso. Los populares ya han anunciado que la primera pregunta que la presidenta tendrá que responder en su primera sesión de control en el Parlamento andaluz este jueves será sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, cuya instrucción dirige la magistrada Mercedes Alaya.

Con el anuncio de la publicación de las rentas de Díaz y su pareja en la mano, los socialistas han empezado ya este lunes a armar un discurso de respuesta. Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE regional, ha dicho: "A partir de este momento se pone el marcador en marcha para ver cuánto tarda Zoido en hacer lo propio". Jiménez ha extendido esta misma petición al "resto de los líderes de los partidos" y a "los miembros del grupo parlamentario popular", entre los que se encontraría, por ejemplo, Javier Arenas.

El actual vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP nacional ya tuvo algunos problemas cuando era líder de la oposición en Andalucía y Griñán le forzó a difundir su declaración, en la que aparecían sobresueldos pagados por su partido, algo que los populares denominan gastos de representación.

En este tema también se enredó el sucesor de Arenas. Durante otro debate parlamentario en el que Zoido censuró la acción de la Junta en el caso de los ERE, Griñán le retó a hacer pública su declaración de la renta. A los pocos días, gracias al procedimiento judicial abierto por el caso Gürtel y la contabilidad del extesorero del PP, Luis Bárcenas, se conoció que, a pesar de que Zoido lo había negado, también recibió sobresueldos de su formación (gastos de representación, en la terminología que emplea el PP).

Pero la respuesta que han diseñado los socialistas no solo se centra en los líderes y su patrimonio. También en las cuentas de los partidos. El PSOE regional tiene previsto autentificar ante notario la próxima semana su contabilidad, para remitirla posteriormente a la Cámara de Cuentas. La intención de los socialistas, como ha señalado este lunes la presidenta en una entrevista en TVE, es que este órgano de fiscalización no solo examine los gastos electorales de las formaciones, sino toda la contabilidad. "No hemos tenido respuesta", ha dicho Díaz respecto al PP.