Una familia acude a Wert para que sus hijos no se examinen de euskera

Una familia de origen colombiano afincada desde hace casi una década en Euskadi busca desde hace semanas una solución para que sus tres hijos, de 19, 17 y 16 años, puedan avanzar en sus estudios pese a no dominar el euskera, después de que los tres hayan agotado los cuatro cursos de exención que les permite la normativa vasca. Su situación, una vez agotados los recursos ante la administración autonómica, les ha llevado a pedir ayuda por carta esta semana al Ministerio de Educación, para tratar de encontrar una solución a pocos días del comienzo del curso.

Los tres estudian en Vitoria desde 2008, cuando llegaron a Euskadi, cinco años después de que lo hiciera su madre, Marcela Bermúdez. Desde entonces, los jóvenes han estado exentos de la evaluación de euskera, como establece la normativa de 2011, durante cuatro cursos —antes eran dos—. Superado ese tiempo, tienen que afrontar como el resto de estudiantes los exámenes del idioma, una realidad con la que la familia se topó, relata la madre, en diciembre de 2012 con una carta del Departamento de Educación.

El colegio concertado reconoce que los alumnos no han estudiado euskera en cuatro años

Bermúdez explica que en el centro escolar en ningún momento se les informó de que la exención tenía un límite temporal de cuatro años y de que sus hijos tendrían que afrontar evaluaciones como el resto de sus compañeros. La exención sirve para la “evaluación, pero no de la enseñanza”, detalla la resolución de Educación. Esta madre recuerda que a sus hijos “nunca los obligaron” a estudiar euskera en el colegio concertado Corazonistas, un idioma contra el que no tiene “nada en contra”. La dirección del centro, con la que hoy contactará la delegada de Educación de Álava, explica que los centros concertados pidieron una moratoria de la normativa para que no se dieran situaciones como esta y añade que, en los casos de exenciones, “se pueden poner en el aula de euskera, si había subvención se les daba clase o, si no, van al aula de estudio”. Estos jóvenes no recibieron clases de euskera.

“No conocer la ley no exime de cumplirla”, asume la madre, que no oculta el informe del Ararteko de agosto, en el que el defensor le explica que la normativa está en su contra. Pero Bermúdez enumera los problemas prácticos que su familia se ha encontrado para hacerlo. Ve imposible adoptar la solución de otras familias residentes en Álava, la de enviar a sus hijos a localidades burgalesas cercanas, como Miranda. Alega que tienen serias dificultades económicas para trasladar a sus hijos y costearse el centro, ya que en el instituto público, explica, no hay plazas.

El caso más complicado es el del mayor, que el año pasado cursaba segundo de Bachillerato. En su último año de colegio, tenía que superar los exámenes de un idioma que desconoce. Ahora repetirá curso no solo con euskera. Los dos chicos han finalizado ya Secundaria, pero quieren seguir estudiando y se plantean acudir a la universidad. “Mis hijos tienen derecho a educarse; que se puedan educar en el entorno en donde residimos y con las características económicas que poseemos”, indica Bermúdez.