El Gobierno insiste en que las ayudas a la naval no se lleven a los tribunales

El Gobierno vasco insistió ayer en no llevar a los tribunales la decisión que la Comisión Europea adoptó el pasado julio y que obliga al sector naval español a devolver una serie de ayudas conocidas como tax lease. La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, que acudió a la botadura de un buque construido por Astilleros Zamakona con el nuevo sistema de subvenciones, pidió al Ministerio de Hacienda que “decida” cuanto antes “cuáles son las operaciones implicadas” en las ayudas ilegales, quiénes son los inversores afectados y a qué cantidad asciende lo que se debe devolver.

Se calcula que de los aproximadamente 3.000 millones que el sector naval español tiene que reembolsar, unos 1.000 corresponderían a Euskadi, que cuenta con cinco astilleros: La Naval, los dos de Zamakona, Murueta y Balenciaga.

Tapia explicó que el proceso judicial que baraja el Gobierno central, que prevé interponer un recurso contra la decisión de Europa el próximo mes, no hará sino crear inseguridad en el sector, algo, según la consejera, de lo que no se beneficiará. “Ya tenemos un instrumento financiero, ya hay contratos con astilleros vascos con ese nuevo sistema”, precisó la consejera, en referencia a las nuevas ayudas, que cuentan con el beneplácito de Bruselas, y con las que ya se han construido dos embarcaciones en el País Vasco. Hasta la fecha 35 barcos “no se han construido en Euskadi” por culpa de dicha incertidumbre jurídica, según Tapia, que añadió que estos proyectos han acabado en astilleros de “países de bajo coste” del sudeste asiático.

El Ocean Osprey, el buque botado ayer, tiene como fin proporcionar atención inmediata a las situaciones de emergencia en plataformas petrolíferas, en concreto para una planta que la compañía Shell tiene en las aguas escocesas del Mar del Norte. Se trata de un barco de 66,80 metros de eslora y una manga de 16 metros.