El grupo contra la privatización de Apemsa eleva más informes al fiscal

La plataforma contra la privatización de Apemsa, la empresa municipal de aguas de El Puerto de Santa María (Cádiz), elevó este lunes a la fiscalía más documentación sobre la supuesta ilegalidad del proceso de incorporación de un socio tecnológico, como denomina el Ayuntamiento gaditano a la venta del 49% del capital social de la empresa pública. El Gobierno municipal ha defendido la legalidad y necesidad de esta operación. Al mismo tiempo, los colectivos que forman parte de Apemsa No Se Vende han comenzado a presentar los recursos contra el pleno que aprobó el concurso para la privatización de la entidad. En los mismos solicitan la apertura de una investigación.

En el escrito presentado por la mañana a la fiscalía, donde ya se abrieron diligencias por la adjudicación de obras sin concurso, la plataforma detalla en 25 puntos el procedimiento seguido por el Ayuntamiento en relación con la empresa pública y las supuestas anomalías, argumentos que el Gobierno municipal, del PP con el apoyo del PA, niega. En este escrito, los miembros de la plataforma detallan que la privatización, negada inicialmente, comenzó con la modificación de los estatutos de la sociedad, que en su artículo 2 se incorpora un párrafo que permite la prestación de servicios “directamente o mediante cesión o arrendamiento con entidades públicas o privadas”.

A partir de ahí, según la documentación enviada al fiscal, se detalla la prórroga unilateral de prestación con una única empresa y la concesión de obras que suponen “un tercio de los gastos facturados”. Explica la plataforma que estas circunstancias condicionan el concurso.

El Ayuntamiento aseguró que, como prueba de que la oferta pública es interesante y que no está condicionada, que ya hay tres empresas interesadas por el concurso.

También alega la plataforma que, aunque la sociedad municipal tenía capacidad y acceso a financiación pública para hacer obras por su cuenta, se recurrió a la concesión de las mismas a una empresa privada. El Ayuntamiento también negó que esa financiación fuera efectiva ya que, según dijo, el canon al que hace referencia la plataforma, se recauda pero la Junta no lo invierte.

Añade el grupo contrario a la privatización que personal de la empresa adjudicataria de obras asesoró en la redacción de la memoria que justifica el proceso de privatización.

Estos argumentos y otros más forman parte de la documentación enviada a la fiscalía y también del recurso firmado por el representante de la plataforma Luis Hiniesta y en el que solicita la anulación del pleno que permitió el comienzo del proceso de privatización y la apertura de una investigación.

En este sentido, Hiniesta reclama que todo el procedimiento quede en suspenso hasta que se termine la investigación de los hechos denunciados por la plataforma, en la que se integra toda la oposición municipal. También estudian elevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.