El Gobierno vincula el FLA a que Cataluña reduzca la administración

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió este lunes de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que asumir los principios de la reforma de las Administraciones Públicas si quieren acogerse a los mecanismos de ayuda del Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o los planes de pago a proveedores.

Sin citarlo expresamente, Beteta se refería a Cataluña, que ya ha anunciado que no piensa aplicar esa ley del Gobierno del PP. Las palabras del secretario de Estado provocaron el rechazo de la Generalitat. “Son una novedad cercana al chantaje”, explicó un portavoz de la vicepresidencia, quien considera que el Gobierno del PP reacciona así tras el revés que del Consejo de Estado cuestionando varios aspectos de la ley.

Después de admitir que las medidas propuestas en la reforma son recomendaciones, ya que el Ejecutivo no puede intervenir en las competencias autonómicas o municipales, Beteta declaró a Europa Press que el Estado dispone de su capacidad de decisión sobre los planes económico-financieros de esas administraciones para hacer que estas apliquen la reforma.

Pago a proveedores

“Si no te apruebo el plan económico-financiero, no entras en el FLA y no podrás acogerte a los programas de proveedores, y si esto no se produce, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos acomodarán sus niveles de gasto e incumplirán la ley de morosidad e incurrirán en las restricciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, dijo.

Beteta también tiene claro que se puede obligar a las comunidades a aplicar la reforma porque “para eso está el Tribunal Constitucional”, en referente a que existen mecanismos legales para exigirlo por esa vía.

No obstante, resaltó que las comunidades autónomas ya habrán reducido a finales de este año el 31% de su sector público, por lo que destacó que el acuerdo de “ahorrar” está “cumplido y en exceso”. El secretario de Estado considera que la reforma supone un ahorro de 8.000 millones de euros en tres años a través sobre todo de la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios y en evitar las duplicidades. A partir de ahora, los ayuntamientos tendrán que publicar el coste de sus servicios, cumpliendo con el coste efectivo aprobado por el Gobierno.