La reforma local supone un recorte de 300 millones en servicios sociales

La reforma de la Administración local que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy supondrá un recorte de 300 millones de euros en servicios sociales en Andalucía, según un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El documento, elaborado a partir de datos oficiales, cifra en alrededor de un millón los usuarios andaluces afectados por la reforma, de los que 500.000 serán directamente expulsados del sistema.

La reforma que prepara el Ejecutivo retira a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales y traslada la responsabilidad de prestar estas atenciones a unas comunidades autónomas ya de por sí asfixiadas económicamente. Para la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, la norma supone el “desmantelamiento” de la red de servicios sociales que los Ayuntamientos tienen a disposición de los ciudadanos. A la Junta le preocupa tanto el “deterioro” que va a suponer la reforma en la estructura de estos servicios como la incertidumbre económica que se abre con la retirada de las entidades locales. “Los Ayuntamientos estaban aportando un dinero que no sabemos ahora si vamos a tener de otra forma”, ha dicho Montero.

La consejera de Bienestar Social no dio cifras del agujero económico que va a dejar la norma, que ahora inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, pero los cálculos ofrecidos hasta ahora por la Junta estiman que la reforma obligará a la comunidad a asumir servicios de salud, educación y asistencia social con un coste adicional de 503,4 millones de euros. Solo en servicios sociales, la inversión extra necesaria superaría los 173,25 millones, según un informe de la Consejería de Administración Local.

El estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios Sociales eleva esa cifra hasta los 300 millones basándose en el gasto anual contemplado ahora en el Plan Concertado que fija el reparto de las inversiones entre las administraciones. En 2012, según los datos publicados por el Gobierno central, las corporaciones locales aportaron 146 millones de euros (el 73,9% del total). A esa cifra se unen los 100 millones de euros que tendrán que dejar de aportar las Diputaciones y los Ayuntamientos en las residencias de personas mayores de titularidad local, que el estudio cifra en 102 con un total de 4.196 plazas. La reforma considera estas residencias como una competencia “impropia” de las entidades locales, por lo que tendrán que dejar de mantenerlas. El presidente de la asociación que ha elaborado el estudio, José Manuel Ramírez, vaticina que algunas de estas residencias serán privatizadas, pero “la gran mayoría” cerrará. En estas residencias trabajan 2.078 personas.

La norma tendrá un coste en empleo que el estudio cifra en 70.000 para todo el país. De ellos, casi la mitad están en Andalucía (alrededor de 30.000) porque es en esta comunidad donde más se ha desarrollado la ayuda a domicilio, el sector en el que va a recaer el grueso de la pérdida de puestos de trabajo. Cuando se apruebe la reforma local, estas ayudas se convertirán en otra competencia “impropia” de las entidades locales, por lo que los Ayuntamientos no podrán seguir prestando este servicio. Las competencias pasarán a las comunidades y si estas quisieran mantener la ayuda a domicilio al nivel actual, tendrían que financiarla con fondos propios.

“Las comunidades están obligadas al equilibrio presupuestario y no van a poder aportar ese dinero”, vaticina el presidente de la asociación, que lamenta que las auxiliares de hogar (23.599 en Andalucía) se van a convertir en las “grandes perjudicadas” de la reforma estatal. Además, la norma deja también en el aire los empleos de 1.675 trabajadores sociales, 858 educadores y monitores, 1.195 administrativos y de servicios auxiliares y 2.000 auxiliares de geriatría y personal de las residencias.