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Bravo, condenado por fraude, pierde su condición de funcionario

La Diputación aplica la sentencia firme que estableció para él varias penas de inhabilitación

El exjefe de la Hacienda de Irun, José María Bravo, condenado por el fraude en esta oficina tributaria, ha perdido su condición de funcionario de carrera de la Diputación foral, en aplicación de la sentencia firme que estableció para él varias penas de inhabilitación.

La diputada de Administración Foral y Función Pública, Garbiñe Errekondo, dictó el pasado mes una orden foral por la que declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera de Bravo, con efecto a partir del pasado 22 de marzo, fecha en la que el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que confirmó la mayor parte de la condena impuesta al exdirector de la oficina tributaria de Irun.

José María Bravo fue condenado por la Audiencia de Gipuzkoa en julio de 2012 a 11 años de prisión, a varias penas de inhabilitación y a devolver a la Hacienda foral de Gipuzkoa 1,9 millones de euros, más los intereses correspondientes por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados a esta institución pública.

La sentencia estimó probado que Bravo cobró diversas cantidades de dinero a contribuyentes morosos, en algunos casos con rebajas en las deudas fiscales contraídas, que luego no fueron ingresadas en las arcas forales o sólo lo fueron en parte.

José María Bravo, hermano del exsenador del PNV Víctor Bravo, se encontraba en situación de "excedencia voluntaria por interés particular", pero seguía siendo funcionario de la Diputación, con plaza de administrativo, ya que hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo la sentencia contra él no era firme.

En la orden foral, a la que ha tenido acceso Efe, se recuerda que Bravo está inhabilitado durante 16 años ara todo cargo o empleo público, condena confirmada por el Supremo, lo que implica "la pérdida de la condición de funcionario de carrera".

A partir de la publicación de la orden foral, José María Bravo, que se encuentra encarcelado, dispone de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo contra la orden foral.