Los astilleros claman por el doble rasero de la UE con la devolución de las ayudas

Hace ahora dos semanas, una temible galerna se cernía sobre el futuro de la industria naval vasca cuando la Unión Europea ratificó, a través del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, que iba a aplicar todo el peso de la ley para exigir la devolución íntegra del tax lease, las ayudas y bonificaciones fiscales recibidas entre 2002 y 2011 por inversores, armadores y astilleros españoles que permitieron reflotar un sector que a comienzos de siglo estaba en decadencia. La entonces firme decisión, con apariencia de inflexibilidad, de las autoridades comunitarias encendió todas las alarmas porque el reintegro de unos 2.800 millones —1.000 millones corresponden a Euskadi— iba a suponer “la muerte”, el “desmantelamiento”, la “defunción”, el fin del entramado empresarial naval. La amenaza ponía en peligro 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de los que casi 15.000 son vascos.

El temporal aflojó, sin amainar completamente, a comienzos de esta semana cuando Almunia declaró que había “margen” para cambiar su propuesta. Abrió la puerta a rebajar la cuantía de las devoluciones tras constatar que su decisión inicial había propiciado la mayor unidad de acción en su contra. El Gobierno de España, los autonómicos de Euskadi, Asturias y Galicia, astilleros, navieras, agentes profesionales, sindicatos... todos han formado un lobby que pretende conseguir un fallo favorable de la Comisión Europea el próximo 17 de julio.

La industria marítima da empleo en Euskadi a 14.800 trabajadores repartidos en unas 350 empresas, según datos del Fondo Marítimo Vasco. De estos, unos 6.000 trabajan en el sector naval, que incluye a los astilleros La Naval (Sestao), Murueta (Gernika y Erandio), Zamakona (Santurtzi y Pasaia) y Balenciaga (Zumaia), además de navieras y toda la red auxiliar de empresas de reparación, diseño naval y subcontratas (calderería, soldadura, montaje, maquinaria, pintura...). El conglomerado representa el 2,1% del PIB vasco. El año pasado facturó 1.165 millones de euros, de los que 985 millones corresponden al sector naval.

En la actualidad, y por efecto de la incertidumbre que ha generado el caso del tax lease, el sector naval está trabajando al 60% de su actividad, asegura Manuel Velado, responsable de la federación naval en UGT Euskadi. El director general del Foro Marítimo, Javier López de Lacalle, advierte de que “en estos momentos están en el aire una decena de contratos para construir barcos. Todo depende de la resolución final de la UE”.

Los astilleros vascos “están perdiendo contratos por las dudas y la inseguridad jurídica que se ha adueñado de la situación”, remarca Velado, quien confirma que “los inversores están parados hasta que no se despeje la mayor”.

La denuncia de Holanda contra el sistema español de desgravaciones fiscales, que desembocó en la apertura de un expediente de investigación a mediados de 2011 por parte del Departamento de la Competencia europeo, ha traído como consecuencia, según Lacalle, que España ha perdido la oportunidad de armar unos 50 buques —valorados en 2.500 millones—, de los que “alrededor de una tercera parte podían estar construyéndose ahora en Euskadi”. La mayoría de esas contrataciones se cerraron con Holanda o Noruega, los “países denunciantes”.

El presidente de Zamakona, Pedro Garaygordobil, asegura que su astillero ha podido “firmar un barco con el nuevo tax lease” y tiene “otros cuatro contratos pendientes” de la resolución definitiva de Bruselas. “Estamos compitiendo sin poder acogernos a las ayudas. Es una desventaja insoportable frente a países como Holanda o Francia”, se lamenta Garaygordobil.

La pérdida de contratos durante los dos últimos años, a juicio de la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, supone “el cumplimiento de una condena”, porque “es como si el sector naval vasco hubiese pagado ya su castigo”. La consejera se refiere a la “gravedad” que representa la “huida de inversores y de contratos” desde que la UE puso en solfa el sistema español de beneficios fiscales para favorecer la construcción marítima.

La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao opina que la sanción que propone Bruselas es “jurídicamente discutible e injusta y plenamente antieuropea, porque restará empleo, competitividad e innovación a todo el continente”. Su reclamación pasa por “minimizar daños”.

En medio de la polémica, el comisario Almunia ha precisado que el reembolso de las ayudas afecta exclusivamente a los inversores que se beneficiaron de un régimen que permitió la construcción de 375 buques en España entre 202 y 2010. Sin embargo, el cluster marítimo considera que esta decisión supone “asfixiar” a todo el sector, que en este asunto actuó guiado por “la seguridad jurídica y en la confianza legítima” de que las subvenciones de hasta el 25% en la construcción de buques fueron dictadas por el Gobierno español eran ajustadas a derecho, aunque reconocen que no fueron comunicadas a las autoridades europeas, expone Lacalle. Y apostilla que Francia tuvo que atravesar por una situación semejante, resuelta finalmente con el perdón de 25.000 millones, una cifra ocho veces superior a la que se exige ahora a España: “Está claro que no recibimos el mismo trato. Hay ciudadanos europeos de primera y de segunda. Europa está alentado la rivalidad intracomunitaria”.

En esta guerra cruzada entre países miembros de la UE, España también ha denunciado a Holanda ante la CE. Solicita que se investiguen si las “amortizaciones anticipadas” entre 2009 y 2011 y otros incentivos para adquirir buques en Holanda suponen asimismo “ayudas de Estado”. El Foro Marítimo sostiene que Bruselas “no puede permitir que nos estemos denunciando entre nosotros y se favorezca así la huida de los armados hacia China y Corea”, como está sucediendo ahora, según Lacalle.

Los armadores y astilleros vascos se están encontrando con un contratiempo añadido, apunta Velado, de UGT, por “la decisión de los bancos de cerrar todas las operaciones de crédito y paralizar la financiación para la construcción naval”.

Casi 15.000 familias que viven del sector marítimo están pendientes de la reunión prevista el próximo 11 de julio entre Almunia y la delegación española, encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria.