Feijóo desvía a la UE la responsabilidad por el futuro de los ‘floteles’ de Pemex

La tardanza de los contratos de los floteles que la mexicana Pemex dijo que ejecutaría en el astillero privado Barreras de Vigo y en el público de Navantia en Ferrol, esos barcos de asistencia a petroleros que el presidente de la Xunta negoció y prometió justo antes de las elecciones autonómicas de octubre como salvación para el naval, llevan meses inquietando a los trabajadores del sector en estas dos ciudades. Sin fechas concretas estaban esos vitales encargos hasta que la semana pasada el comisario europeo de Competencia, el socialista español Joaquín Almunia, anunció que los astilleros españoles tendrán que devolver 2.800 millones de euros en bonificaciones fiscales, las conocidas como tax lease, por considerarlas ilegales.

Fue aquel un jarro de agua helada para el naval que Alberto Núñez Feijóo ha enfriado aún más si cabe esta misma mañana. Tras el consejo de gobierno y preguntado por la demora de los floteles que él comprometió, el presidente ha desviado la responsabilidad también a Almunia. “Si se resuelve [lo del tax lease] los contratos [de los floteles] vendrán a los astilleros y Navantia tendrá trabajo”, ha afirmado Feijóo, que para despejar el futuro de estos encargos ha remitido al 17 de julio, el día en que la Comisión Europea tomará la decisión sobre el tax lease. Antes, el día 11, Almunia se reunirá con los representantes de las autonomías afectadas (Galicia, Euskadi y Asturias) y del Gobierno español. “Ayer tuvo una reunión con un armador interesado en hacer barcos en Navantia. Yo sigo trabajando”, ha añadido Feijóo.

Tras la dura y unánime reacción de gobiernos autonómicos de distintos partidos , del Ministerio de Industria, de los sindicatos y de la patronal contra la devolución de estas bonificaciones fiscales que hundirían a un sector ya en crisis, Almunia ha reconocido que “hay margen” para revocar la medida. “No creo que en España estemos todos equivocados. Un comisario sí puede estar parcialmente equivocado”, afirma el presidente gallego, que espera de la reunión del día 11 con Almunia una “solución inteligente, económicamente viable y jurídicamente solvente”. Y asegura que el Ministerio de Industria ya ha remitido a Bruselas unos argumentos para revocar la devolución, basados en el principio de no discriminación –los astilleros franceses no tuvieron que devolver las bonificaciones hace años cuando se anuló su sistema- y en el de seguridad jurídica.