Fiscalía se centra en un expediente de desarrollo rural y envía el resto a la OLAF

La Fiscalía de Valencia ha remitido a la oficina antifraude de la Unión Europea, la OLAF, el grueso de las presuntas irregularidades en la gestión de 128 millones de desarrollo rural, cofinanciadas por Bruselas, denunciadas por una funcionaria. El ministerio público ha decidido, sin embargo, mantener abiertas y profundizar las pesquisas en uno de los casos investigados: las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de L'Orxa y otra entidad presidida por el alcalde del municipio, Guillermo Moratal, llamada Centro de Desarrollo Rural Aitana.

En este caso, tal y como publicó EL PAÍS, el vago proyecto para un centro de apoyo a un futuro museo de energías recibió cerca de un millón de euros en distintas líneas de subvenciones, y a pesar de ello el servicio de supervisión de proyectos de la Consejería de Infraestructuras rechazó por tres veces las justificaciones de las obras. Entre otras cosas graves carencias, los impulsores ni tan solo indicaban la parcela en la que se erigía el inmueble, para cuya construcción también podría haber recibido, según algunos indicios, subvenciones de otras Administraciones.

La fiscalía señala por ello que, "a la vista de la subvención otorgada y de los informes desfavorables de los técnicos, así como a la efectiva concesión de la ayuda" procede la apertura de diligencias de investigación específicas para "comprobar si efectivamente se ha producido el ingreso de dinero público para el proyecto presupuestado y si efectivamente ha sido ejecutado el proyecto, así como las personas que han realizado su concesión por poder ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación".

El alcalde de L'Orxa, Moratal, es también el presidente de Fevader, una entidad copada por alcaldes del PP que tramitaba incluso en dependencias oficiales los expedientes que ellos mismos promovían a través sobre todo de Ayuntamientos.

La funcionaria ha recurrido el archivo del resto de los expedientes denunciados, que la fiscalía ha remitido a la OLAF "por tratarse de fondos comunitarios". El ministerio público, no obstante, deja la puerta a retomar las pesquisas al precisar en su resolución, no obstante, que tal remisión a la oficina antifraude se realiza "al objeto de que se proceda por ese organismo a realizar las comprobaciones necesarias en la tramitación de ayudas comunitarias y su posterior remisión a Fiscalía en el caso de que existan indicios de haberse cometido una infracción penal".

La gestión de los 128 millones de ayudas generó una extraordinaria tensión en la Consejería de Agricultura el año pasado, según distintas fuentes, que confirmaron que tres cargos dimitieron para no tener que cerrar expedientes plagados de irregularidades que se arrastraban de años anteriores, aunque los protagonistas lo atribuyeron a motivos personales. Una de las que dejó el cargo fue Pau Avinyó, que recientemente ha sido imputada en el caso Gürtel por otras supuestas irregularidades. En concreto, por haber participado presuntamente en el fraccionamiento de contratos para poder concedérselos directamente a empresas de la trama de Francisco Correa cuando ocupaba un cargo público en la Consejería de Sanidad.