El Tribunal de Cuentas descarta responsabilidades en Invercaria

El Tribunal de Cuentas ha descartado que los responsables de la empresa pública de la Junta Invercaria incurrieran en responsabilidades contables por la contratación de tres empleados y los gastos en comidas del presidente de la sociedad entre 2005 y 2010, Tomás Pérez Sauquillo, por 25.000 euros en 2009. De este modo se desactiva la parte del caso que atañe al supuesto manejo irregular de fondos públicos, según las conclusiones provisionales del órgano fiscalizador. El PP había calificado de despilfarro de la Junta los gastos de representación de Pérez Sauquillo.

La fiscalía denunció los pagos y las nóminas de tres trabajadores ante el Tribunal de Cuentas hace un año. Tras la investigación, la delegada instructora Amparo Sebastiá considera ahora en su acta de liquidación provisional sobre Invercaria, fechada el pasado 13 de mayo, que los gastos de comida están justificados y la contratación de los empleados se ajusta a derecho.

Esta vía para depurar parte de las supuestas irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2009 de Invercaria está al margen del proceso penal que instruye el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. En esta causa se dirimen las responsabilidades penales y civiles de los siete imputados, entre ellos Pérez Sauquillo y otros directivos de la sociedad pública dedicada al capital de alto riesgo, así como tres empresarios. Ambas causas, la jurisdicción contable y la penal, discurren en paralelo. “Los hechos no reúnen los requisitos (…) para generar responsabilidad contable por alcance”, resalta el acta.

Después del informe emitido sobre la documentación aportada por la Junta y sus alegaciones, ahora el juez (denominado consejero ponente) debe decidir en las próximas semanas si abre juicio oral contra los responsables o archiva la causa. El magistrado también podría emitir sentencia sin celebrar juicio, pero es una posibilidad muy poco frecuente.

En su análisis sobre las comidas de representación, la instructora manifiesta que la Junta envió los recibos de Pérez Sauquillo, pero “no es posible conocer la finalidad del gasto”. Es decir, que no se había argumentado por qué era necesario el aparente dispendio de 127 comidas en un solo año con empresarios y altos cargos de la Administración. Meses después, en un listado complementario, la Consejería de Economía identificó los eventos concretos que motivaron las comidas y, entonces, la instructora entendió que las explicaciones eran suficientes para determinar que no hubo malgasto. De esos 25.000 euros en comidas de restaurantes de lujo, Pérez Sauquillo dejó de aportar los justificantes de 1.900 euros, cantidad que la Junta le reclamó y este abonó.

De este modo, el Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, entiende que los gastos están justificados, a diferencia del informe de fiscalización que emitió en su día la Cámara de Cuentas de Andalucía, que destacó el gasto injustificado de 25.101 euros en comidas protocolarias.

El expresidente de la sociedad, acusado de malversación, tráfico de influencias y falsedad en el proceso penal, justificó este martes su gestión: “Todas eran comidas con emprendedores y algunos cargos de las Administraciones. A diario comía fuera de casa, unos días invitaba yo y otros ellos, una cosa completamente normal en el mundo de los negocios”.

Por otra parte, el informe concluye que la contratación del director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) en Marbella, Óscar Fernández; el director de proyecto Álvaro Leiva; y la secretaria de dirección Jamie Lynn se realizó conforme a las normas.

La Cámara de Cuentas había censurado los contratos porque “no prestaban de forma justificada sus servicios” en Invercaria. Los tres salarios ascendían a 161.000 euros al año. Sobre Fernández, la instructora puntualiza que, a pesar de prestar sus servicios desde Marbella, su actividad permitió que Invercaria entrara en contacto con múltiples entidades y así contribuir al “objeto social” de la sociedad: impulsar ideas de negocio innovadoras.

El acta destaca que “resulta indudable” que las retribuciones de los tres empleados han sido pagadas “con fondos públicos” y sus servicios fueron prestados “en el ámbito público”.

“Las retribuciones abonadas lo han sido en contraprestación de servicios prestados en el ámbito público de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la cual depende la misma entidad con cargo a cuyos presupuestos han sido abonadas dichas retribuciones”, concluye el acta de liquidación provisional.