La Junta alerta del riesgo de exclusión social de 10.000 jornaleros sin subsidio

“Si alguien no pudiera presentar las 20 peonadas caerá en la total indigencia”. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha alertado este martes del riesgo de exclusión social que existe para los 10.000 jornaleros andaluces que se quedarán sin cobrar el subsidio o la renta agraria este año al no haber podido computar los 20 jornales exigidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para recibir esta prestación, cifrada en 426 euros al mes.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha elevado al Ejecutivo central una reclamación para que realice cambios normativos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), (antiguo PER), de tal manera que se garantice el cobro del subsidio a todos los que en los últimos años han acreditado ese derecho y este año no han podido hacerlo. La solicitud se ha hecho después de que el Gobierno central haya hecho oídos sordos a las insistentes peticiones de sindicatos, partidos políticos y instituciones para exonerar de las 20 peonadas a los eventuales agrarios afectados por la sequía, principalmente en las comarcas olivareras. En la hemeroteca está también el compromiso de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que ningún trabajador del campo se quedaría sin percibir el subsidio por las circunstancias excepcionales de sequía.

El vicepresidente, Diego Valderas, ha calificado como “necesaria e imprescindible” el cobro de esta prestación, que en la actualidad la perciben unos 130.000 jornaleros en toda Andalucía y unos 500.000 eventuales agrarios. “Hay que plantearse cambiar la normativa”, espeta el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. El Gobierno, por su parte, accedió tan solo a rebajar de 35 a 20 las peonadas exigibles para el cobro del subsidio, ayuda que los trabajadores del campo pueden solicitar hasta el 27 de julio.

El Gobierno andaluz reta al central a un PER especial cofinanciado por ambas partes

El Gobierno andaluz insiste también en la necesidad de un PER especial para paliar la falta de trabajo en las comarcas afectadas por la sequía. Para ello, Valderas ha retado al Gobierno de la nación a incrementar sus fondos con el compromiso de que la Junta pondría la misma cantidad. De igual forma, el Ejecutivo autonómico solicita que el trabajo realizado en el marco del Programa de Emergencia Social de la Junta sirva de cómputo para ser beneficiario del PFEA (antes hizo lo mismo la Diputación de Jaén, también sin éxito alguno).

El PFEA cuenta en 2013 con una dotación presupuestaria de 206,80 millones de euros, de los que 147,7 millones los aporta el Estado para subvencionar los costes salariales y la cotización empresarial de los trabajadores desempleados. La Junta y los ayuntamientos financian la adquisición de los materiales. Valderas ha dicho que su Consejería trabaja para firmar la próxima semana el primer convenio del PFEA de este año. La previsión es que a finales de julio estén suscritos todos los acuerdos con las diputaciones para facilitar el inicio de las obras (2.041 proyectos). También, como novedad, la convocatoria de este año fija la entrega de fondos al 31 de octubre próximo en lugar del 31 de marzo del 2014.

El Gobierno central ha accedido también, tras la presión de los Ayuntamientos, a ampliar el plazo para acabar las obras del antiguo PER, una prórroga que se ha hecho por el plazo de tres meses. El alcalde de Jódar (Jaén), el socialista José Luis Hidalgo, censuró “la vileza, la mezquindad y la deslealtad” del Gobierno de España, después de que éste le negara el pasado mes de abril la ampliación de ese plazo, que ahora sí se ha hecho a través del BOE.

Según el alcalde de Jódar, la negativa del Gobierno a ampliar el plazo de las obras ha obligado a muchos Ayuntamientos “a realizar un esfuerzo descomunal para superar los retrasos y poder acabar las obras en un tiempo récord”. Hidalgo se pregunta “si los alcaldes del PP tenían esta información privilegiada de que finalmente se iba a ampliar el plazo y, por tanto, han podido realizar sus obras con mayor desahogo y tranquilidad”.

Mientras, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, ha censurado el anuncio de la Junta de Andalucía de reclamar al Gobierno de España la modificación de la normativa del PFEA y ha acusado al Consejo de Gobierno de utilizar “de forma partidista” a los jornaleros de la comunidad.