Cañete encara la negociación final de la PAC con los agricultores soliviantados

Al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, parece que su condición de andaluz no le garantiza el apoyo de su tierra natal en la negociación final de la Política Agraria Común (PAC). Más bien todo lo contrario. Andalucía es ahora para el ministro una especie de territorio comanche en la difícil tarea de pelear por el mantenimiento de los fondos europeos y, al mismo tiempo, buscar el equilibrio entre las distintas comunidades.

De momento, a Arias Cañete se le acumulan los frentes abiertos en Andalucía con los principales sectores productivos de una comunidad que representa el 25% del PIB agrario español y que es la que más se juega en el reparto de las ayudas de la PAC, con una ficha de 2.000 millones anuales, más dinero que 17 estados de la UE. El Gobierno andaluz le ha dado su apoyo a Cañete en las negociaciones, pero condicionado a que no haya trasvase de ayudas entre regiones. Y es que, el consejero de Agricultura, Luis Planas, reconoce que tan importante como la decisión de los órganos comunitarios será la concreción del modelo de aplicación de la PAC dentro de España.

Arias Cañete se ha mostrado confiado en el “buen juicio y la sensatez” de los consejeros autonómicos y las organizaciones agrarias para elaborar una propuesta en la que “todos los agricultores tengan el mismo trato”. Pero muchos temen que esa declaración de intenciones suponga una tasa plana. “Al olivar andaluz le interesa un modelo comarcal con criterios agronómicos, es decir, diferenciar entre una hectárea productiva y un erial. Si el modelo que se pretende es nacional y no diferencia entre cultivos, Andalucía perdería 500 millones de euros al año”, subrayó el secretario regional de UPA, Agustín Rodríguez, durante la protesta que el pasado viernes reunió a 400 tractores en Baeza.

El sector olivarero es el que más se está movilizando para exigir que no haya recortes de ayudas en la nueva PAC. Asaja, COAG y Faeca le exigen al ministro una ayuda asociada para este cultivo y la posibilidad de que en la nueva reforma la aceituna de mesa cuente con un sistema de almacenamiento privado (como el que hay para el aceite) que permita ajustar la oferta a la demanda.

También se han rebelado contra el ministro los sectores hortofrutícola , tras descartar una rebaja fiscal a frutas y hortalizas, y los arroceros del bajo Guadalquivir por su tibieza en relación con el dragado del río Guadalquivir que ellos consideran “inviable”.