Cataluña considera “inaplicable” la Lomce

El Gobierno catalán considera que la la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) requiere “una reacción clara y contundente” porque representa un “atentado” contra la inmersión lingüística. Con la intención de volver a dar la imagen de frente unitario contra la ley Wert (ya se hizo en diciembre) el Ejecutivo ha convocado para los próximos días una cumbre con los diferentes partidos y también, a diferencia de esa reunión de diciembre, con la comunidad educativa. Pero no está claro que el encuentro se llegue a producir, ya que todos los partidos, excepto ERC, no consideran que sea efectivo.

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, repitió ayer que la reforma es “inaplicable” en Cataluña porque no existen escuelas privadas que ofrezcan el currículo en castellano. La reforma educativa prevé que los alumnos que deseen ser escolarizados en castellano, aunque sea pagándoles una plaza en la privada, que costearía la Generalitat. El Gobierno ha reservado cinco millones de euros para asegurar esta demanda a mil familias, que según apuntó el ministro de Educación, José Ignacio Wert, son las que lo han pedido. La Generalitat lo rebaja a 17 familias. Wert negó ayer que la LOMCE suponga un “ataque contra las leyes cooficiales”.

La patronal de las escuelas privadas catalanas, Aenocc, también ve inviable este aspecto de la reforma. “Hay una gran falta de información, se piensan que en las privadas se dan las clases en castellano, pero no es así. El catalán forma parte de nuestro proyecto educativo porque es nuestra realidad”, reivindica Beat Macías, director de la Zurich Schule de Barcelona y vocal de la Aenocc. “El futuro es plurilingüista”, asegura Montse Julià, de la escuela Montessori-Palau de Girona, un centro donde los alumnos empiezan la lectoescriptura en castellano o catalán, para posteriormente incorporar el inglés. Con este método, el peso de las lenguas varía según el curso. Julià no ve viable acoger la petición de una familia que pida la escolarización en castellano. “¿Qué va a hacer el alumno, trabajar solo? La propuesta del Gobierno está fuera de contexto, no es ni realista ni viable”, afirma tajante Julià, quien lamenta que se destinen cinco millones de euros a estas familias “cuando hay problemas más importantes como la atención a los niños con problemas de aprendizaje”.

Las escuelas privadas (unas setenta) reivindican también su autonomía y no se muestran dispuestas a aceptar injerencias por parte de la administración. “No queremos subvenciones porque queremos mantener nuestro proyecto”, defiende Jordi Casas, director de la escuela Pérez Iborra de Barcelona. Varios de los centros consultados insisten que son los alumnos los que deben adaptarse a la oferta de la escuela y no se muestran dispuestos a elaborar un currículo específico y diferenciado para una familia.

En este centro barcelonés, el 20% de las clases son en inglés y el resto se divide a partes iguales entre el castellano y el catalán, pero de una forma particular. “En clase se mezclan los dos idiomas. Apostamos por el bilingüismo”, incide Casas. Este director tampoco cree que su proyecto satisfaga a las familias que han recurrido la inmersión ante los tribunales. “Lo que quieren es que todo sea en castellano y yo no tengo ninguna aula solo en castellano. Les costará encontrar una escuela que se avenga a abrir un grupo especial para ello”, concluye.