La gran promesa sanitaria del PP deja las esperas quirúrgicas como estaban

Con la sanidad pública ahogada por los recortes (menos personal, menos medios) y las listas de espera golpeando en la sociedad —solo la de Vigo supera las 25.000 personas, según datos del colectivo médico y de los sindicatos— la Xunta ha puesto en marcha un proyecto de Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias encaminado, fundamentalmente, a agilizar la atención a los pacientes en los hospitales. Una luz en la tajante oscuridad. Pero el embrión de la nueva norma, una de las promesas estrella del PP en este campo durante la campaña de las autonómicas, no consigue desarrollarse.

Las constantes correcciones a las que está siendo sometido el texto lo dejan como estaba, aunque, en opinión de los colectivos afectados, abocado a echarse en brazos de la sanidad privada. El proyecto, que presentaba como gran novedad la reducción de los tiempos máximos de espera para operarse (60 días) o para acceder a una consulta del especialista (45 días) mediante el traslado a centros privados de los excedentes de cupo, tuvo que ser modificado a los pocos días de su presentación en sociedad. Sanidade se vio obligada a recular y a advertir de que los plazos mencionados no se aplicarán a todos los casos sino solo a las patologías consideradas prioritarias; esto es, las muy graves. “Como hasta ahora”, sostienen los sindicatos.

Según el documento aprobado en el Consello de la Xunta la nueva normativa establecerá una espera máxima de 60 días solo en los casos de Prioridad 1 y 2. “Humo”, sentencian los distintos colectivos profesionales y sociales consultados por este diario tras aclarar que en este momento el tiempo máximo de espera para intervenciones quirúrgicas en Prioridad 1 (los casos más graves) no llega a los 19 días. “El propio médico que opera solo incluye a un paciente en esa lista si sabe que puede hacerlo en 15 días”, admite un facultativo del Complexo Hopitalario Universitario de Ourense. “Humo empaquetado”, insisten los sindicatos y corrobora la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade pública de Galicia (AGDS). En opinión de este colectivo social se trata de “una ley trampa, puro marketing político”. La AGDS está convencida de que con la elaboración de esta normativa Sanidade solo pretende “mejorar la imagen de una Administración deteriorada por los recortes” mientras va abriendo, “eso sí”, espacio al “mercado privado”. El proyecto de ley con el que el Gobierno Feijóo intentaba mostrar la eficacia deL Servizo Galego de Saúde en unos momentos de escasez presupuestaria se ha atascado. La Xunta informó inicialmente en la reunión con alcaldes, agrupaciones sociales y profesionales y sindicatos de que los plazos de espera máximos quedaban garantizados mediante el traslado a hospitales privado-concertados de los pacientes que no podía absorber la red pública. Pero en el documento constaba que solo se haría previo adelanto del dinero por parte de los pacientes. Todos los colectivos protestaron, incluido el Consello Económico y Social (CES) y la asociación de clínicas privadas. Entendían que la propuesta era discriminatoria ya que de esta forma solo podrían garantizarse una operación quienes dispusieran de más recursos.

“Modificamos el texto atendiendo a la petición de nuestro propio órgano consultivo y de las clínicas privadas”, reconoció a este diario un portavoz oficial de la Consellería asegurando que en la nueva redacción del proyecto constará que la Xunta adelantará el pago de la intervención en todos los casos “salvo si los pacientes no le comunican al Sergas que optan por esta opción” de operarse en un centro concertado cuando el Sergas no pueda atenderles en el plazo establecido.

Pero la Consellería ya ha dejado claro (consta en la memoria económica del proyecto) que la aplicación de esta nueva normativa no supondrá “coste económico ni incremento del gasto público2. “Se trata de ser más eficientes gestionando los recursos existentes”, repiten los jefes técnicos de Sanidade la teoría de la austeridad con la que se envolvió Feijóo al llegar a la Xunta. Sanidade adelantó que exigirá a los centros hospitalarios mayor rendimiento o que busquen, si no pueden cumplir los plazos mencionados, una alternativa a los pacientes.