La abogacía del Estado considera “un desafío” la declaración soberanista

El Gobierno ya ha empezado a moverse para frenar el proceso soberanista catalán. La declaración soberanista que el Parlamento catalán votó el pasado 23 de septiembre es "un desafío abierto a la Constitución", según el recurso escrito por el abogado del Estado a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. El texto de la abogacía, publicado este lunes por El Punt-Avui, toma en consideración el escrito del Parlament y lo considera como "un acto de poder constituyente" de Cataluña que "no tiene límites constitucionales". La resolución parlamentaria, votada por CiU, Esquerra, Iniciativa y la Candidatura d'Unitat Popular, establece que Cataluña es un "sujeto jurídico y político", una proclamación que niega el recurso de la abogacía. El texto concluye que la soberanía reside en todos los españoles. "En la perspectiva de la Constitución, solo hay un soberano. El pueblo español". Basándose en esa tesis, el abogado del Estado pide que la declaración se declare inconstitucional, nula y sea suspendida. "Pocas frases bastan para resumir toda nuestra argumentación constitucional. Solo el pueblo español es soberano. Solo el pueblo español, y no una de sus fracciones, puede ser unidad ideal de imputación del poder constituyente, y como tal, fundamento de la Constitución". 

Validar el texto del Parlamento catalán, apunta el abogado del Estado, "supone atribuir el derecho a la secesión, que podrá ejercer si esta es su voluntad". El Gobierno de Rajoy, que pidió la impugnación a la abogacía, empezó por ningunear la declaración. Pero el recurso le da importancia: "La resolución tiene efectos políticos y jurídicos". El texto también niega la tesis de la Generalitat, que defiende que en hasta cinco ocasiones el Parlament ha aprobado resoluciones sobre el derecho a la autodeterminación, sin que ello no haya supuesto una ruptura constitucional. "La inexistencia de anteriores impugnaciones no purga la inconstitucionalidad que, por razón de su contenido, exhibe la resolución que examinamos". El recurso de la abogacía también se guarda las espaldas por si la Generalitat activa uno de los planes B pensados por si falla la consulta: la celebración de unas elecciones plebiscitarias para proclamar la independencia con un nuevo Parlament. Unos comicios autonómicos, concluye el abogado del Estado, "nunca podrán investir de naturaleza constituyente la asamblea legislativa de la nacionalidad o región". 

El Gobierno ya ha aprobado la resolución y la ha remitido al Tribunal Constitucional. En su recurso, ha añadido la creación del Consejo para la Transición Nacional (el órgano que asesorará a la Generalitat para celebrar la consulta autodeterminista), para que el TC se pronuncie. El Constitucional ha empezado a moverse y ya remitió un escrito preguntando al Parlament qué declaración consideraba válida: si la del día 23 de enero, sobre la que recurre el abogado del Estado, o la del 13 de marzo, impulsada por el PSC, que pedía la negociación con el Gobierno de Rajoy para convocar la consulta. El Parlament respondió que ambas resoluciones son complementarias.