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La Xunta ocultó a Hacienda ayudas forestales investigadas por fraude

Funcionarios de la Consellería de Medio Rural, implicados en el desvío de cientos de miles de euros de subvenciones para obras que no se realizaron

Sede de la empresa del principal imputado, Manuel Maceiras
Sede de la empresa del principal imputado, Manuel Maceiras

Los expedientes investigados por fraude en la llamada Operación Forest y que dieron pie a la Xunta a conceder cientos de miles de euros en subvenciones forestales en la Costa da Morte están repletos de irregularidades. No solo fallaron todos los controles en la Consellería de Medio Rural, a lo largo de los últimos cinco años. Hay anomalías imposibles de achacar a un error, un despiste o a la dificultad de verificar la autenticidad de datos y documentos. Empresarios, empleados de banca y funcionarios engrosan la lista de imputados, ya superior a la decena, en el abultado sumario que instruye desde hace dos años el juez de Corcubión Iván Barallobre. Una de las gran incógnitas es por qué no existe rastro en Hacienda del pago de esas ayudas públicas cofinanciadas con fondos europeos. Hay constancia, por el contrario, y aparecen en los borradores del IRPF de los beneficiarios, de otras subvenciones de la misma índole, abonadas por transferencia bancaria por el Fondo Galego de Garantía Agraria, el organismo de Medio Rural que abona las ayudas de los fondos europeos agrícolas en Galicia. El asunto va más allá de ser desde hace tiempo solo “una cuestion entre particulares que tienen que dirimir los juzgados”, como alegó el pasado jueves el presidente de la Xunta. La investigación judicial por fraude, que llevó a una redada la semana pasada con seis detenidos, ahora en libertad con cargos, afecta a “parte de 88 expedientes” tramitados en la Costa da Morte entre 2008 y 2010 por un volumen total de 918.000 euros, admite el deepartamento dee Medio Rural.

La consellería que dirige Rosa Quintana no informó a la Agencia Tributaria del pago y destinatario de estas subvenciones forestales bajo sospecha, pese a ser obligatorio desde 2007. Y con independencia de que sean ayudas que tributen o no. En todos los expedientes y cuentas bancarias investigadas figuran los principales acusados de este entramado, Manuel Maceiras, conocido empresario de Vimianzo, y su esposa y socia, María Jesús Esmorís. Que no haya rastro en Hacienda contribuyó a que decenas de vecinos de la Costa da Morte no se enteraran nunca —hasta que se destapó por casualidad este fraude— que figuran como solicitantes y beneficiarios de estas ayudas para reforestar parcelas de las que ni siquieran eran dueños. Hay personas que ya habían fallecido cuando se pidió y obtuvo a su nombre una subvención. Tampoco consta a efectos fiscales que sean titulares de cuentas bancarias en las sucursales de Vimianzo del Banco Pastor, La Caixa y Banesto, abiertas sin su conocimiento, en las que Medio Rural abonaba las ayudas una vez concedidas. El dinero, tras su ingreso, era retirado en efectivo casi de inmediato en los siguientes días. En una misma semana se movía así hasta medio millón de euros pagados por el Fondo Galego de Garantía Agraria. Siempre aparece Maceiras, cotitular de esas cartillas, como remitente directo o indirecto de esos fondos.

En una reunión hace diez días de afectados con reepresentantes de la Consellería de Meedio Rural, el subdirector de Recursos Forestales, José Luis Chan, atribuyó a problemas informaticos en la transmisión de datos la falta de comunicación con Hacienda. Pero a María, de Dumbría, no le vale la explicación. ¿Por qué no consta en su borrador de la renta la subvención forestal por trabajos realizados por Maceiras pero sí aparecen 200 euros de otra ayuda para plantar maíz que encargó a otra empresa del sector? Solo a una vecina de la decena de perjudicados que denunciaron al juez la usurpación de su identidad aparece en el borrador del IRPF como titular de una de una cuenta que nunca abrió, ni sabía que existía.

Dificil es de explicar para los altos cargos de Medio Rural cómo, por ejemplo, se desvió en 2010 el pago, por transferencia bancaria, de una subvención, por un importe total de 56.095 euros, a una cuenta del Banco Pastor a nombre de Maceiras cuando en realidad se tenía que haber abonado en Banesto, en la cuenta abierta por los destinatarios de esa ayuda, requisito imprescindible para todo solicitante de esos fondos.

Comprobaciones pendientes

P. O.

En el monte Sarteguas, en el municipio de Dumbría, campa a sus anchas la maleza en parcelas sin desbrozar que contaron con una cuantiosa subvención de la Xunta —56.380 euros en total— para ser allanadas, replantadas y mantenidas limpias hasta 2014. Entre los expedientes bajo investigación judicial, hay trabajos forestales subvencionados que sí se realizaron investigación judicial, pero otros no lo fueron en absoluto. Por mucho que Medio Rural asegure que está “todo comprobado y certificado al 100%” tras destaparse hace dos años este supuesto fraude.

Ante las evidencias y pruebas presentadas por perjudicados, personas que aparecen como beneficiarias de ayudas que ni solicitaron ni eran dueñas de las fincas a las que iban destinadas —solo los propietarios pueden solicitar esas subvenciones—, el secretario general de Medio Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto, admitió que las comprobaciones de expedientes sospechosos de ser fraudulentos fueron realizadas por los mismos servicios y funcionarios que tramitaron la concesión de esas subvenciones a todas luces irregulares. Prometió enviar personal ajeno a la gestión de esas ayudas para revisar si se realizaron o no los trabajos. La inspección debe hacerse una vez concedidas esas ayudas para forestación de tierras no agrícolas.

La mitad del importe son primas anuales para el mantenimiento y limpieza de esas fincas durante el quinquenio siguiente a su repoblación. Pero nadie va a reclamar el cumplimiento de esos trabajos dado que los beneficiarios de las subvenciones no son propietarios de las parcelas. Y los auténticos dueños de las mismas tampoco tienen idea de que alguien recibió dinero público para reforestar sus tierras.