La vivienda concentra el fraude fiscal municipal en Madrid

De cada 100 euros que el Ayuntamiento de Madrid gasta en hacer funcionar la ciudad, 57 provienen del cobro de impuestos como el de bienes inmuebles o vehículos; de tasas como la de la basura; o del precio de la entrada a polideportivos y demás servicios públicos. Aunque "la mayoría de ciudadanos cumplen" con sus obligaciones tributarias, tal y como ha destacado esta mañana la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa (PP), pillar a los que escurren el bulto no es sólo una obligación legal y moral para el Ayuntamiento, sino también una excelente fuente de ingresos. En concreto, 16 de cada 100 euros liquidados en tributos provienen de estos mecanismos de control.

La lucha contra el fraude fiscal, a la que la Agencia Tributaria de Madrid dedica más de un tercio de sus empleados (332 de 848), permitió ingresar el año pasado 138 millones de euros que se habían quedado al margen de la ley, a los que se sumaron 217 por vía ejecutiva (apremio y embargo por deudas no resueltas). Esos 355 millones equivalen, por ejemplo, al presupuesto de la Policía Municipal, al gasto previsto este año para vivienda protegida, o a la suma de los programas sociales de ayuda a domicilio y teleasistencia para mayores.

El fraude fiscal descubierto se concentra en un porcentaje minúsculo de contribuyentes (el año pasado, 9.092 de cerca de dos millones) y afecta sobre todo al mercado inmobiliario. El Ayuntamiento detectó el año pasado 5.799 inmuebles que no pagaban ni el Impuesto de Bienes Inmuebles ni la tasa de basuras. Desde que en 2005 el Ayuntamiento se pusiera a peinar, ha encontrado 128.273 inmuebles en la sombra, lo que traduce en 200 millones de euros que habría dejado de ingresar (más lo que ingresará en los años venideros al tenerlos ya registrados).

De los 138 millones de euros descubiertos al margen de la ley, la mayoría corresponde al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (49 millones) y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (34 millones). Es decir, a los tributos por construir o reformar viviendas, y por venderlas.

Pero llaman también la atención los 21 millones que las operadoras de telefonía móvil trataron de escamotear al Ayuntamiento en materia de tasas. Además, se regularizaron 11 millones más que habían eludido pagar las eléctricas, gasistas y demás por sus zanjas en las calles; los hosteleros por colocar terrazas; los organizadores de eventos por montar mercadillos y demás; y los ciudadanos motorizados por contar con un vado para sus vehículos.