Las dos orillas tributarias del PNV

Europa avanza en el camino de la coordinación en materia tributaria mientras Euskadi sigue agarrada al fuero. Los cada vez mayores problemas en la UE relacionados con fugas de capitales, paraísos fiscales y todo tipo de elusión y evasión de impuestos, llevan ya tiempo movilizando a los máximos responsables de las haciendas de cada país para fortalecer los vínculos, el intercambio de datos tributarios y la equiparación de normativas. El objetivo es eliminar los espacios opacos, desconectados y de sombra que se puedan acabar convirtiendo en el mejor hábitat para el fraude y sus prácticas antisociales.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anuncio el pasado día 12 la inclusión de la lucha coordinada contra el fraude en la agenda de la próxima cumbre de jefes de estado que se celebrará el 22 de mayo. En Euskadi, el pasado miércoles, los diputados de Hacienda y Finanzas de Bizkaia y de Álava, José María Iruarrizaga y Aitor Uribesalgo, respectivamente, se negaron a comparecer en el Parlamento para explicar cuáles son sus mecanismos de lucha contra el fraude, y ofrecer las expectativas de recaudación con el argumento de que se iba a producir un “choque institucional”. El PNV y el PP siguen defendiendo la fiscalidad como un hecho provincial y estanco, según “la competencia exclusiva en materia normativa que les atribuye la legislación vasca”.

Sin embargo, el PNV ha flexibilizado esa posición ultraforalista cuando lo ha necesitado para preservar el poder. En mayo de 2011 la Diputación Foral de Gipuzkoa, en manos del PNV, aunque el diputado de Hacienda era Pello González, de Hamaikabat, —la escisión de EA— firmó un convenio con la Agencia Tributaria que daba “acceso directo a las bases de datos” españolas para acceder —en los dos sentidos— de forma confidencial y protegida, pero en tiempo real, a los datos de los contribuyentes guipuzcoanos y de los del resto del estado. El acuerdo resolvía de un plumazo los problemas técnicos y de seguridad de la conexión, así como los niveles de seguridad que Bizkaia y Álava ponen sobre la mesa para negarse a una conexión entre ellas.

Bizkaia calificó

Los técnicos españoles y de la diputación de Gipuzkoa podían acceder a una infinidad de datos de los impuestos concertados de los contribuyentes como la identificación del domicilio declarado, el domicilio del padrón, inmuebles de su propiedad, consumos de agua, electricidad, gas y teléfono, domiciliaciones bancarias, declaraciones testificadas de vecinos, porteros, administradores de fincas, municipio en el que se desarrolla la actividad, residencia habitual del cónyuge e hijos menores... El PNV de la otra orilla en materia tributaria argumentó el miércoles que la comparecencia del diputado de Hacienda en el Parlamento supondría “una interferencia institucional de primer orden, y la ruptura del marco institucional, porque el control compete única y exclusivamente a Bizkaia”. La UE ratifica que mientras no se acepta la unidad y la coordinación, aún a costa de algo de soberanía fiscal, la economía sumergida y el fraude fiscal campan a sus anchas. También la corrupción. Las diputaciones de Bizkaia y de Gipuzkoa han sufrido dos casos en sus cuerpos de inspectores.

El caso Juan Ramón Ibarra —condenado a cuatro años por el Tribunal Supremo por crear un listado de contribuyentes protegidos y opacos en Bizkaia— y el caso José María Bravo —el Supremo mandó diez años a la cárcel al ex jefe de la inspección de Irún por quedarse con el dinero de contribuyentes—. La posición oficial del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es “de respeto con la arquitectura institucional y legislativa, de la que se ha dotado Euskadi, que atribuye a las diputaciones la competencia exclusiva en materia de tributos concertados”. Según las conclusiones de un informe que presentó el Parlamento Europeo el pasado enero, el coste de la evasión fiscal supera lo que los 27 estados gastan en total en Sanidad.

En el caso español, según las cifras del documento dirigido por el director del departamento británico de Investigación Fiscal, Richard Murphy, el tamaño de la economía sumergida es de casi 240.000 millones lo que supone perder una recaudación de unos 72.709 millones de euros. Aplicando el 6,24% que teóricamente representa el peso de la economía vasca en la española Euskadi deja de recaudar 4.537 millones cada año, la mitad del presupuesto vasco para 2013. Otras fuentes lo reducen a 2.500 millones, una cuarta parte. La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco (Bildu), sí acudió a la invitación del Parlamento y propuso impulsar un convenio entre las tres provincias para intercambiar datos. Eso fue el miércoles.

La UE ratifica que sin unidad fiscal sigue creciendo el fraude

El jueves, PSE, EH Bildu y UPyD lograron por vez primera una victoria de calado en materia tributaria sobre el PNV en la Cámara de Vitoria. El Parlamento reclamó para sí la capacidad para debatir y acordar sobre los impuestos, algo impensable hasta ahora. Los socialistas recordaron en la tribuna que el foralismo a ultranza es una interpretación ya que tanto el Estatuto, como la Ley de Territorios Históricos, la Ley de Concierto y la Ley de Armonización y Coordinación fiscal atribuyen al Parlamento capacidad para “debatir y acordar la política fiscal para la Comunidad Autónoma”.