Madrid culpa al Estado de que vaya a privatizar la gestión de seis hospitales

La privatización de la gestión de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid pretende para el mes de septiembre no responde a razones ideológicas. El liberalismo que el Gobierno de Ignacio González ha adoptado como mantra, empapado por el ideario que promulga Esperanza Aguirre, no ha tenido nada que ver. Las razones son más bien económicas. Exclusivamente. Y forzadas. Madrid no hubiera dado semejante paso si la región hubiera contado con los mil millones del sistema de financiación —992,09 para ser exactos— que reclama al Estado, gobernado por Mariano Rajoy y por lo tanto también del PP, desde el pasado verano.

Así de claro lo ha dejado el consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, que antes de llevar la cartera que absorbe el 45% del presupuesto madrileño (17.048 millones en 2013) hizo sus pinitos en FAES, el think tank político vinculado al Partido Popular.

Quizá por esta razón, por ser cero sospechoso de su tendencia ideológica, han sorprendido sus justificaciones para extender el modelo Valdemoro a otros seis hospitales de la red sanitaria madrileña. “¿Se hubiera hecho esto si no hubiera habido una reducción injusta del sistema de financiación? La externalización de la gestión sanitaria de esos seis hospitales nos la planteamos cuando se produjo esa reducción injusta, no antes. Era algo que no habíamos contemplado antes de ese resultado, vuelco a decir que injusto, del sistema de financiación”, ha expresado Lasquetty.

Ni siquiera Aguirre llegó tan lejos cuando, pocos días antes de dimitir, el 17 de septiembre, señaló al Ministerio de Hacienda, esto es a Cristóbal Montoro, como responsable de que la Comunidad de Madrid, pudiera incumplir el objetivo de déficit fijado en el 1,5% (al final fue del 1,07%).

En el Ejecutivo autonómico de González todavía recuerdan “como una pesadilla” el mes que dedicaron a realizar los presupuestos para el ejercicio de 2013. Tras el tijeretazo de 1.045 millones que la Comunidad tuvo que aplicar con carácter extraordinario en julio sobre el presupuesto de 2012, González, recién estrenado en el cargo de presidente, apenas contó con cuatro semanas para trabajar el de este ejercicio. La incertidumbre sobre los mil millones pendientes, a los que en otoño todavía no cerraban la puerta en la sede del Gobierno en Sol, hizo que los consejeros, con Enrique Ossorio (el de Economía y Hacienda) a la cabeza, ideasen a la par dos presupuestos: uno con mil millones de euros más y otro con mil millones menos.

La opción más austera terminó siendo la real, y los presupuestos de 2013 pasaron al imaginario como los más restrictivos en los últimos 10 años, con unos recortes estimados en 1.424 millones para este ejercicio. “No es lo mismo recortar 1.400 millones que 400. Hemos pagado la novatada del Estado, pero no nos la van a volver a colar”, dicen de aquellos meses en el Ejecutivo. A la espera de un nuevo modelo de financiación acorde al músculo económico de Madrid, la última derivada de aquellos mil millones de menos es la privatización sanitaria. Una privatización que Lasquetty, tras el reproche al Gobierno central, defendió por sus presuntas bondades.

“El 20% de eficiencia es el mínimo que exigimos a las licitadoras, que tendrán que ser del sector sanitario, y acrediten como mínimo haber gestionado un hospital del mismo tamaño para el que licitan. Los ciudadanos se pueden seguir muy seguros. Vamos a vigilar muy de cerca todos los indicadores de calidad que se exigen ”, ha vendido, asegurando que la cápita media ha subido de 441 euros a 496 "por las obligaciones" a las concesionarias: "La cápita se ha revisado al alza por ejemplo porque tendrán que contratar a todo el personal. La garantía de todos los empleos tiene una incidencia en el coste. Además, los cálculos sobre la cápita actual son hechos sobre los datos de atención sanitaria de 2012. Los que manejábamos en noviembre estaban hechos sobre los datos del año anterior, aunque existe la posibilidad de que las distintas licitadoras oferten una cápita más baja".

Sobre el futuro del personal no fijo de los seis centros hospitalarios —interinos y eventuales representan a más de los 3.000 empleados de los 5.200 actuales—, cuya continuidad exige la Comunidad pero dando pie a que las concesionarias revisen –a la baja- sus condiciones laborales, Lasquetty ha insistido en que “lo importante es la garantía de que puedan seguir trabajando en estos hospitales”. “Hasta ahora no la tenían. Recuerden que hablamos de personal que no ha superado una oposición, no es personal fijo. El esfuerzo que se pide a las concesionarias es notable, y esta era la principal causa de preocupación. Pero la duración de los contratos es imposible de fijar: sí apuntamos en los pliegos la obligación de que los contraten, no le puedo decir lo que va a pasar dentro de ochos años. Como seguro que no se lo pueden decir a ustedes ni a mí tampoco”, ha caracoleado ante la prensa.

“Cuando pasen los 10 años de la concesión, no prorrogables, al cabo de ese tiempo las concesionarias dejarán de usar esa infraestructura, que tendrán que devolver con la misma dotación tecnológica que asuman ahora pero renovada, y ya se verá lo que decida el Gobierno de ese momento, que seguro será del Partido Popular”, ha proseguido Lasquetty, confiado sobremanera en el poderío de su partido. Un partido al que las encuestas que se manejan en los mentideros políticos y empresariales de la región otorgan ahora mismo un 40% de intención de voto. La mayoría absoluta a la que el PP se había acostumbrado ha pasado a sonar a utopía.

Horas después, en el pleno de la Asamblea, Lasquetty ha puntualizado lo dicho por la mañana: "La culpa de que privaticemos los hospitales es del sistema de financiación hecho por el señor Zapatero. Es totalmente injusto, porque no computa a 600.000 habitantes de Madrid a efectos sanitarios".