Así operaba la trama corrupta de las renovables: mordidas ocultas en dos sociedades opacas para engrasar el mayor proyecto eólico de España

A muchos grupos ecologistas y formaciones políticas como Teruel Existe no les entraba en la cabeza cómo era posible que determinados parques eólicos y solares —cuya autorización dependía tanto del Gobierno central como del aragonés— lograran el visto bueno ambiental en su provincia pese al impacto medioambiental que iban a generar. En concreto, tenían en el punto de mira el mayor proyecto eólico del país, impulsado por la empresa Forestalia, uno de los gigantes del sector: el conocido como Clúster del Maestrazgo. Ahora, una operación liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil les ha dado la razón y ha permitido destapar una supuesta trama de corrupción medioambiental a la que no le falta un todopoderoso empresario presuntamente corruptor, sociedades opacas para el pago de las supuestas mordidas, un alto funcionario presuntamente implicado y un notario.

Esta semana han sido detenidas seis personas acusadas de formar parte de un entramado que habría cometido delitos de “prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”. Dos destacan sobremanera: el dueño de Forestalia, el empresario aragonés Fernando Samper, y el hasta junio de 2023 subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, el alto funcionario jubilado Eugenio Domínguez. Son los presuntos corruptor y corrompido, por ese orden, según las investigaciones. Todos los arrestados quedaron en libertad tras ser interrogados por la Guardia Civil, a la espera de ser citados a declarar como imputados por el juez que instruye la causa.

Las pesquisas lideradas por la UCOMA y dirigidas desde el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de esta provincia se centran en 52 proyectos solares y eólicos. 22 de estos parques se corresponden con el Clúster del Maestrazgo, cuya construcción no ha comenzado, pero que la Guardia Civil ha solicitado ahora al juzgado que sea paralizada de manera provisional hasta que se concluyan las pesquisas. El motivo: en el transcurso de la investigación, los agentes han recopilado informes periciales que advierten del alto impacto medioambiental de este proyecto, sobre todo para la avifauna. Este hecho pone en cuestión la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que, en diciembre de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió al megaparque, que contemplaba 125 aerogeneradores de hasta 200 metros de altura. “Era evidente que había connivencia entre el poder político y el promotor, que este tenía la seguridad de que le iban a dar todos los permisos pese al grave impacto ambiental que iba a tener”, señala Tomás Guitarte, portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe en el parlamento regional y cuyo partido presentó la primera denuncia en 2023 que dio pie a la investigación.

En esa licencia ambiental favorable jugó presuntamente un papel determinante el detenido Eugenio Domínguez, según la investigación. Así lo apuntaron los técnicos del ministerio que han prestado declaración como testigos y que han apuntalado la relación de este alto funcionario con Forestalia, según señalan fuentes cercanas a la investigación judicial. Sin embargo, faltaba la motivación, y los agentes de la UCOMA creen haberla localizado entre las miles y miles de sociedades, parte de ellas instrumentales, que conforman el vasto conglomerado empresarial del Grupo Forestalia. Se trata de dos mercantiles que supuestamente habrían sido adquiridas a un precio simbólico por Domínguez y su esposa, también detenida.

Esas dos mercantiles eran, a su vez, propietarias de una tercera sociedad, que era donde supuestamente Forestalia ingresaba las mordidas para Domínguez por su ayuda para sacar adelante sus proyectos. Para no dejar rastro, la compraventa de estas dos sociedades, que había sido formalizada ante un notario ―también arrestado el martes―, no había sido inscrita en el registro mercantil para supuestamente mantener la opacidad de la operación. Los otros dos arrestados son trabajadores de Forestalia que formaban parte de la trama.

Al margen del macroparque eólico del Maestrazgo, se están investigando otros 30 proyectos más que recibieron declaraciones de impacto ambiental favorables, y no solo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Cuando los parques no superan los 50 megavatios (MW) de potencia o no afectan a más de una comunidad autónoma, su tramitación ambiental no se realiza ante el Estado, sino ante la Administración regional. Forestalia, una empresa aragonesa surgida de un grupo cárnico y con amplias conexiones políticas en esta comunidad, tenía una especial querencia por que sus proyectos fueran tramitados ante la Administración regional.

Para eso recurría, como desveló una investigación de EL PAÍS en marzo de 2023, a fragmentar sus megaparques solares y eólicos en proyectos de menos de 50 megavatios. Este diario localizó 24 de estos macroparques troceados de Forestalia que habían recibido la declaración de impacto ambiental favorable del Gobierno de Aragón entre 2018 y la primavera de 2023. Fuentes conocedoras de esta investigación judicial explican que esa es una de las presuntas irregularidades que están bajo sospecha.

Porque la operación, explican las mismas fuentes, sigue abierta y los agentes están tirando del hilo. En los 12 registros acometidos este martes en domicilios y sedes empresariales de Zaragoza y Madrid, los investigadores han requisado numerosa documentación y dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y equipos informáticos, que se espera permitan seguir avanzando en las pesquisas.

‘Boom’ de las renovables

Para entender toda esta trama hay que retroceder hasta el impresionante boom que vivió España de proyectos renovables a principios de esta década. Las empresas pugnaban por conseguir los permisos para poder instalar parques eólicos. Y para ello era clave obtener una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. En menos de un año y medio, entre comienzos de 2022 y la primavera de 2023, cuando Domínguez estaba en el área de evaluación ambiental, el Gobierno concedió 182 de esas licencias para macroparques (aquellos que superaban los 50 megavatios). Mientras, las comunidades autónomas hicieron lo mismo con más de 1.200 proyectos más pequeños, según los datos que recabó EL PAÍS rastreando el Boletín Oficial del Estado y solicitándolos a los distintos Gobiernos regionales.

Solo una comunidad autónoma se negó a ofrecer sus datos: Aragón, cuya Administración ya en ese momento era objeto de críticas por parte de los ecologistas por su relación con Forestalia. “Se hizo una implantación desordenada, irregular, sin respetar el territorio ni su patrimonio natural. Al promotor de estos proyectos no le importaban ni los pueblos ni la gente, era pura codicia económica. El proyecto del Maestrazgo es paradigmático de todo esto”, añade Guitarte en conversación telefónica con EL PAÍS un día después de conocerse los arrestos.

Entre todas estas declaraciones de impacto ambiental estaba la que logró a finales de 2022 Forestalia para el megaparque del Maestrazgo. Paralelamente, esta empresa era de lejos la que más permisos ambientales recibía también del Gobierno de Aragón. Luego, la empresa operaba los parques o revendía los permisos o las instalaciones ya construidas a otras compañías. De hecho, es lo que ha ocurrido con el megaparque del Maestrazgo, adquirido por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que preveía una inversión de alrededor de 1.000 millones para levantar el proyecto.

Samper (Zaragoza, 1964) es el fundador y propietario de Foretalia, que con una agresiva política de expansión ha logrado hacerse un hueco importante en el sector de las energías eólica y solar en los últimos años. Por su parte, el alto funcionario (nivel 30, el máximo de la administración) Domínguez trabajó en el ministerio alrededor de tres décadas. Accedió al cargo de subdirector del área de Evaluación Ambiental en 2017, en el tramo final del mandato de la exministra del PP Isabel García Tejerina. Cuando en 2018 llegó a este departamento Teresa Ribera (PSOE), actual comisaria europea de Competitividad, siguió en el puesto. Domínguez finalmente lo dejó en junio de 2023, cuando se jubiló, según fuentes del actual equipo del Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, permaneció unos meses en el departamento, hasta diciembre de 2023, como asesor, según las mismas fuentes.

De momento, las fuentes de la investigación consultadas sostienen que no han encontrado indicios en los proyectos investigados en Teruel que vayan más allá de Domínguez, es decir, que escalen hacia puestos más políticos del ministerio. Pero la investigación sigue abierta. Tras la declaración de impacto ambiental del macroproyecto del Maestrazgo, fechada el 1 de diciembre de 2022, el permiso final de construcción fue concedido en un Consejo de Ministros en julio de 2024. Guitarte se pregunta: “¿Qué intereses políticos esconde esta autorización?“.

Paralización de los proyectos

Desde hace años, las denuncias contra proyectos de Forestalia en Aragón se suceden de grupos como Teruel Existe, Ecologistas en Acción o la Plataforma 13M, que agrupa a diversos colectivos contrarios a los macroparques renovables. Esta última asociación, tras conocerse las detenciones de este martes, pidió “la paralización y suspensión de todos los proyectos de Forestalia en Aragón”. “El proceso policial en marcha está comprobando que las denuncias públicas que este colectivo lleva haciendo desde su constitución estaban fundadas”, añaden en un comunicado esta plataforma. “Declaraciones de impacto ambiental sospechosas, evaluaciones incompletas, escasa valoración ambiental, facilidades al conseguir autorizaciones que otras empresas el mismo ministerio denegaba”, sostienen estos activistas, que advierten también que las mismas prácticas se seguían en la Administración regional.