Las concesionarias de los hospitales reducirán un 20% el gasto por paciente

Las concesionarias de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez), cuya gestión la Comunidad de Madrid pretende privatizar para el mes de septiembre, tendrán que reducir en un 20% el gasto por paciente, que será de 496,85 euros de media en esos centros. Ese es el porcentaje mínimo que el Gobierno de Ignacio González exigirá a las empresas interesadas, y con el que pretende un ahorro de 143,6 millones de euros sobre los 718 presupuestados para esos centros. Los cálculos se basan en cifras de 2012 proporcionadas ayer por la Consejería de Sanidad. “El ahorro saldrá de la reestructuración de las plantillas, o de la central de compras de medicamentos, pero en ningún caso va a suponer una merma en la calidad del servicio”, alegan desde el Ejecutivo autónomo. La Comunidad de Madrid es la primera autonomía que acomete un paquete privatizador de la sanidad de semejante magnitud.

Para acceder al contrato de los seis hospitales y de sus ocho centros de especialidades asociados, las compañías licitadoras deberán asegurar su puesto al personal actual (5.200 personas), incluidos los más de 3.000 trabajadores interinos y eventuales, pero no necesariamente sus condiciones laborales actuales. El Ejecutivo de Ignacio González da por hecho que esas condiciones cambiarán y que se traducirán, como poco, “en una mayor flexibilidad horaria”. Es decir, en más horas por el mismo sueldo o uno parecido. Tampoco se establece la duración mínima o máxima de los contratos. “Las condiciones las tendrán que negociar con la concesionaria, pero estos hospitales van a necesitar personal”, esgrimen al respecto en Sanidad.

Frente a la situación de interinos y eventuales, el personal estatutario con plaza fija (30%) podrá seguir en el hospital dependiendo orgánicamente del Servicio Madrileño de Salud o Sermas (las nóminas se descontarán a la concesionaria), pedir una excedencia y pasar a formar parte de la plantilla de la compañía privada —no perderían la antigüedad acumulada y en cualquier momento podrían volver al Sermas—, o bien podrían solicitar su traslado a otro hospital de la Comunidad de Madrid. El personal laboral (8%) podrá integrarse en las concesionarias manteniendo sus salarios y condiciones actuales.

La Comunidad presentó ayer a los gerentes y jefes de servicio de los hospitales afectados los pliegos de los contratos para privatizar la gestión de los seis centros sanitarios, cuyos servicios no sanitarios ya estaban en manos privadas y a los que en 2010 hubo que aumentar el canon anual que les abona la Administración en dos millones. Los licitadores tendrán que acreditar una experiencia de cuatro años de gestión sanitaria. Una misma concesionaria solo podrá gestionar como mucho tres hospitales —el del Tajo concurrirá junto al Infanta Leonor por su menor tamaño— y un periodo máximo de 10 años. Las ofertas se valorarán en un 50% por el precio por paciente, y el 50% restante por otros criterios: un 35% por el plan asistencial que se presente en cada hospital y el 15% restante, “por la participación de los profesionales del hospital en el accionariado de la concesionaria”.

Además, las firmas deberán pagar a la Comunidad un canon anual “por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición”, cifra que entre los seis hospitales asciende a unos 30 millones.

Aunque la cápita (el precio que abona anualmente la Administración a la concesionaria por habitante) media será de 496,85 euros, la cifra oscilará entre los 473 del hospital del Sureste y los 518 euros del Infanta Leonor. La cifra es superior a la que González ponía como ejemplo de la gestión privada hace meses. “Actualmente, nos cuesta 440 euros por paciente la atención sanitaria en Valdemoro [hospital que desde su inauguración en 2007 es de gestión privada], frente a los 600 euros de uno con modelo de gestión pública”, afirmaba el presidente regional en noviembre en una entrevista en este diario.

La media docena de hospitales saldrán a concurso a primeros de mayo a más tardar. La idea del Gobierno regional —los profesionales del sector tienen una semana para presentar alegaciones, aunque la Comunidad no piensa modificar “la esencia” de los contratos— es que las concesionarias presenten sus ofertas a lo largo de ese mes, adjudicar los hospitales en junio y que funcionen con el modelo Valdemoro en septiembre. El hospital de Valdemoro, que abrió sus puertas en 2007, supuso la importación a Madrid de lo que la Generalitat valenciana hizo en 1999 en Alzira, donde abrió el primer centro público de atención sanitaria especializada gestionado por una empresa bajo concesión administrativa.

En principio, el presidente regional, Ignacio González no pretende extender el modelo Valdemoro a otros hospitales, recalcaron ayer desde la Comunidad. “El modelo se tiene que ir consolidando. En este momento, es bueno que el sistema [de gestión privada] conviva con una gestión directa [pública], que lleva mucho tiempo, porque contribuirá a hacer mejor los dos”, argumentaron desde el Ejecutivo.

La semana pasada el Gobierno regional ya dio el paso previo a la privatización sanitaria con la creación de la Dirección General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios. Manuel Molina Muñoz, médico de profesión y hasta la semana pasada portavoz del PP en Fuenlabrada, será el encargado de “controlar” la gestión de los seis hospitales. “Seguirán perteneciendo a la red sanitaria de la Comunidad, como sucede con Valdemoro, Móstoles y Torrejón”, insisten desde el Gobierno.