Los jueces podrán avisar a los servicios sociales de los desahucios

El Gobierno vasco ha aprobado esta mañana la firma de un convenio a tres bandas que permita establecer un protocolo de actuación para paliar las consecuencias más extremas de los desahucios en Euskadi. El portavoz, Josu Erkoreka, ha explicado que, a través de un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación de Municipios vascos Eudel y dos departamentos del Ejecutivo –el de Justicia y el de Vivienda- que se prevé firmar antes de que acabe junio, se establecerá una nueva vía de colaboración que atienda a las situaciones de “especial vulnerabilidad”.

El protocolo permitirá a un juez que notifique a los servicios sociales de los Ayuntamientos la existencia de familias a punto de perder su hogar y que se encuentren en una situación extrema. A partir de entonces, los trabajadores sociales de los municipios realizarán su valoración y coordinarán su actuación con los departamentos del Gobierno que pueden paliar las consecuencias del desahucio.

Este protocolo se enlaza con el servicio en contra de los desahucios puesto en marcha hace ahora un año, que establece para los casos de familias que pierdan su única vivienda una alternativa a través del Departamento de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que facilita una vivienda de alquiler social a la familia en la zona en la que residían antes. De este modo, se establece un cauce regular de información entre el sistema judicial y el de protección social de manera que la existencia de estas personas sea rápidamente comunicada a las instituciones que tienen en sus manos los recursos para aliviar la situación.

Erkoreka ha asegurado que se respetará la intimidad de las personas que vayan a ser desahuciadas porque el juez dará parte “discretamente” a los servicios sociales. El consejero de Políticas Sociales y Vivienda, Juan María Aburto, ha recordado que “en muchos casos se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad” sobre la que “a veces ni en su entorno lo conocen”.

 El portavoz ha explicado que otra de las patas del servicio contra los desahucios, la mediación entre familias endeudadas y bancos, ha iniciado veinte nuevos expedientes desde principios de este año. Sobre la decisión de Andalucía de expropiar viviendas, ambos consejeros han coincidido en señalar que es más positivo avanzar en vías como la iniciada en Euskadi que por otras en las que surja una “colisión de intereses”, entre los que la preponderancia de uno sobre otro sea “difícil” de determinar.