La ciudad descatalogada

Una mañana de octubre de 1963, los neoyorquinos se levantaron con la demolición de la estación de Pensilvania, una de las joyas arquitectónicas de Manhattan. “Acto de vandalismo”, dijo entonces el New York Times.Las protestas hicieron que las autoridades se dedicaran en los años siguientes a buscar nuevas normas para preservar el patrimonio. Se creó una comisión que determinaba los edificios que debían conservar y que establecía las modificaciones que los propietarios podían hacer en los inmuebles. Nacía así un modelo de ciudad para Nueva York que consiguió eso que los expertos llaman conciencia arquitectónica.

Madrid dispone de comisiones y leyes similares aunque, a tenor del estado de muchos de sus edificios históricos, es muy discutible que esas normas hayan servido para fundar una conciencia colectiva que valore lo mucho que posee la región.

La nueva ley autonómica de patrimonio, que se debate esta semana en la Asamblea, no va a ayudar a defenderlo, según denuncian asociaciones, arquitectos y arqueólogos. Creen que la nueva norma es mucho más permisiva que la actual, y que prima los intereses económicos sobre los arquitectónicos. Están convencidos de que gran parte del patrimonio de la región está en peligro.

El telón de fondo es la crisis. El Gobierno regional no ha ocultado que muchos de los edificios más emblemáticos pueden servir para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Lo interesante para los promotores inmobiliarios está en el centro, y estos se han quejado en varias ocasiones de la necesidad de eliminar cortapisas, burocracias y también obstáculos arquitectónicos que impidan construir, por muy históricos que estos resulten a veces.

En la cafetería de uno de esos lugares identitarios de Madrid, el Ateneo, en torno a una mesa redonda, un grupo de personas habla con pasión de los desaciertos de la nueva ley. Hay un informático, tres arquitectos, una profesora y un licenciado en Filosofía. Forman parte de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Lo de los puestos de trabajo es una falacia. No estamos contra el cambio de uso de los edificios. Estamos contra una ley que va a permitir que sea más fácil destruir el patrimonio y perder poco a poco la identidad de la ciudad”, asegura su presidente, el arquitecto Vicente Patón.

El grupo va poco a poco desgranando ejemplos del patrimonio herido en la ciudad. Este paseo por el pasado histórico de Madrid comienza en la calle del Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí. No todo el mundo sabe que allí, en el número 7, escondido entre edificios de cinco alturas, tras una malla verde y un portón de hierro, se encuentra el frontón de Beti Jai.

El edificio es único en el mundo, el último de los frontones industriales del juego de pelota y un ejemplo de la arquitectura del hierro. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, la mayor protección que se le puede dar a un monumento, pero hoy es un lugar abandonado desde hace años donde crecen árboles en lugares imposibles y que solo es visitado por un gato y un cernícalo que ha anidado en uno de sus muros. Actualmente se encuentra en un proceso de expropiación que ha llegado a los tribunales porque el Ayuntamiento y los propietarios, Tarcosul Gestión, SL, no se ponen de acuerdo en el importe de la indemnización.

Pasamos de allí a la plaza de Canalejas. El empresario Villar Mir planea levantar en esa manzana un centro comercial y hotel de lujo. Para ello ha habido que modificar la protección que tenía el interior de algunos de los edificios que el empresario le ha comprado al Banco Santander. El objetivo es dejar solo las fachadas y construir en el interior, eliminando elementos hasta ahora protegidos. “La operación Canalejas es el ejemplo de lo que está pasando. Algo que estaba catalogado como BIC pierde esa protección porque hay intereses económicos detrás. Muchos otros edificios podrían correr la misma suerte”, explica Patón.

Dejamos a la izquierda la plaza de Canalejas y nos dirigimos hacia la Gran Vía, donde otro inmueble espera un futuro incierto. Se trata del Palacio de la Música. Caja Madrid lo adquirió en 2008 y prometió que lo convertiría en lo que fue originalmente, un auditorio de música. La entidad trataba de salvaguardar el edificio y evitar que se convirtiera en otro centro comercial. Las obras de rehabilitación comenzaron pero, una vez más, la crisis. El desastre ocurrido en la caja de ahorros ha hecho que esos planes se dejen de lado. “El Ayuntamiento tiene como objetivo principal el empleo, no creemos que haya que mantenerlo por un sentido romántico. Si la alternativa [a que se convierta en una tienda] es mantener el edificio cerrado y que se caiga a trozos, en eso no estamos”, ha dicho el Ayuntamiento. Una petición en la plataforma change.org ha conseguido 16.400 firmas para conseguir que el palacio siga teniendo un uso cultural.

Desde el Palacio de la Música saltamos a la trasera de San Francisco el Grande. La justicia frenó allí las intenciones de la Iglesia que, tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento, pretendía construir un gran edificio en la cornisa de Las Vistillas. El minivaticano, como se conoció el proyecto, aplastaba la cerca de Felipe IV. Pese a que todas las sentencias han sido contrarias al plan, los vecinos de la zona han señalado en varias ocasiones que la Iglesia sigue removiendo tierras en esa zona de gran valor arqueológico.

La arqueología es, según denuncian los críticos, una de las grandes perdedoras con la nueva Ley de Patrimonio. “Con la nueva ley el valor arqueológico queda difuminado y casi eliminado. La labor arqueológica queda bastante defenestrada”, asegura Diana Díaz, presidenta del Colegio de Arqueólogos de Madrid. La ley elimina la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, las excavadoras pueden arrasar yacimientos sin que nadie se diera cuenta. “La ley no va a afectar a yacimientos como el de Titulcia, declarado BIC el pasado agosto. Pero para llegar a esa declaración, antes de todo eso tuvieron que ir arqueólogos, descubrir los yacimientos que había y documentarlos”, concluye la arqueóloga.

Desde el barrio de Las Vistillas llegamos al número 20 de la Corredera Baja de San Pablo. Un portón con una cadena cierra el paso a una casa que la Empresa Municipal de la Vivienda sacó a subasta pública. El Ayuntamiento había prometido convertir los inmuebles en equipamientos sociales, pero nunca lo hizo. Los vecinos quieren convertir ese ejemplo del caserío castellano del XVIII en un espacio público. La casa, mientras tanto, sigue abandonada. “Nos preocupa mucho ese patrimonio que no está declarado Bien de Interés Cultural. Lo que no está catalogado como BIC corre gran peligro porque la ley deja en manos del propietario hacer lo que quiera si la Administración no le contesta”, afirma Vicente Patón.

Ese es uno de los puntos más conflictivos de la ley. La norma establece que, en el caso de los bienes patrimoniales —hasta ahora llamados bienes catalogados, un segundo escalón tras los BIC— los propietarios puedan hacer las modificaciones que deseen si la Administración no les contesta en el plazo de dos meses. “Creo que la ley se ha malinterpretado. La filosofía de la ley es la conservación del patrimonio facilitando el uso del mismo”, declara el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Ignacio Muñoz Llinás. “Para proteger el patrimonio, es imprescindible darle un uso cultural, comercial o de otro tipo que garantice la conservación de los edificios”.

Sobre los nuevos plazos, Muñoz Linás reconoce que se han rebajado, pero que eso no significa que se sea más permisivo. “Se ha dicho que se está siendo más permisivo porque se han rebajado plazos o por el silencio positivo, pero es al contrario. Lo que no tenía sentido es lo que ocurre ahora, que quienes quieren intervenir en un inmueble sin afectar a las partes protegidas del mismo tengan que esperar meses o hasta un año sin recibir respuesta. Con la nueva ley se agilizan los plazos y se obliga a la Administración a responder en un plazo razonable”. Esos plazos son inasumibles para los funcionarios, según señalan los partidos de la oposición.

El debate sobre la ley volverá a traer esta semana otro aún más viejo sobre la protección del patrimonio. A un lado estarán los que quieren reemplazar muros y maderas antiguas con la excusa de reactivar la economía y crear puestos de trabajo. A otro quienes defiendan que el pasado cultural y la conciencia arquitectónica es lo importante. Volveremos a escuchar a unos llamar románticos a los otros y a estos hablar de una equivocada idea de progreso. En definitiva, veremos a ambos lados de ese debate a los defensores de la estación de Pensilvania y a los que habrían puesto en su lugar, como así sucedió, el Madison Square Garden.

Madrid tendrá que elegir su modelo de ciudad. En tiempos de crisis, está claro quién tiene las de ganar.