Rigau asume el riesgo de que la inhabiliten por incumplir los autos

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha dicho que está dispuesta a que la inhabiliten por no cumplir los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instan a la administración catalana a impartir enseñanza también en castellano si un alumno lo pide. En declaraciones a la emisora RAC1, Rigau ha recordado que hace años que se aplica la atención individualizada en la escuela y que "siempre ha funcionado bien y nunca ha comportado separar a un alumno por razón de lengua".

La Generalitat ha recurrido estos autos del TSJC ya que consideran que la anterior sentencia sobre el tema "no va en la misma línea", ha dicho la consejera, quien ha añadido: "No me preocupa. Estoy dispuesta a correr el riesgo de que me puedan inhabilitar". También ha asegurado que no quiere que "ningún maestro tenga que dedicar cinco minutos a este tema. Bastante trabajo tenemos con los recortes, como para que ningún padre se enfrente a un profesor o al revés".

A su juicio, cada vez habrá menos demandas para solicitar enseñanza en castellano porque "exige unos costes muy elevados y quien lo afronta ha de ser un militante muy fuerte", en relación con las once familias que lo han pedido en toda Cataluña.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, considera "aberrante" el auto del TSJC. Lo enmarca dentro de "la persecución judicial de la escuela catalana" que lleva a cabo el Estado. Junqueras lamenta que el auto del tribunal es el resultado de lo que "el nacionalismo español" percibe como un problema, y que es contra "la existencia de un modelo de éxito que tiene el catalán como lengua vehicular de la enseñanza" en lo que el Estado centra sus esfuerzos”.

"Aún así esta decisión ya no nos despierta excesiva indignación porque nos hemos ido acostumbrando a la persecución judicial de la escuela catalana con el impulso del Gobierno español y de su Ministerio de Educación", asegura Junqueras.

Por su parte, la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, asegura que impulsará acciones judiciales si el gobierno de la Generalitat incumple las sentencias lingüísticas. En declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Parlament, ha acusado al Ejecutivo de "incumplir reiteradamente" las resoluciones judiciales, y le ha avisado de que no se puede ser insumiso con la justicia ni mientras se recurre una sentencia

Sánchez-Camacho considera que la consejera de Enseñanza malinterpreta deliberadamente las sentencias lingüísticas porque "lo que no quiere es cumplir lo que le pide reiteradamente el Tribunal Constitucional y el Supremo".

Para Camacho, la sentencia pide aplicar el modelo "de los colegios privados en los que ha estudiado el señor Mas y sus hijos, que tienen una proporcionalidad de catalán, castellano, inglés y francés en las asignaturas".

Diez autos del TSJC conocidos ayer, en respuesta a las familias que solicitaban la escolarización en castellano, especifican que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo significa que hay que garantizar el castellano como lengua vehicular no solo para el niño que la pide, sino "para toda la clase". El Tribunal Supremo sentenció que el sistema educativo en su conjunto no tenía que cambiar, pero sí debía dar respuesta a la petición de las familias que pidan la escolarización en castellano. El departamento de Enseñanza considera que la atención individualizada a los alumnos que lo solicitan en los primeros cursos de escolarización es la respuesta más adecuada a estas peticiones.