Retrasos que perjudican la salud

Los retrasos administrativos pueden ser lesivos en algunas circunstancias, especialmente cuando afectan a unos de los sectores más vulnerables: las personas dependientes. Sus delicados estados de salud urgen a una rápida respuesta administrativa. Así lo reclaman desde residencias de ancianos y organizaciones sociales, además de numerosos trabajadores de los propios servicios sociales, que alertan de que la lentitud de los procesos administrativos puede agravar la situación de los enfermos, a los que la ayuda no llega. “Se está detectando que, progresivamente, aquellos que ingresan en las residencias entran en peor estado. Estamos hablando de personas muy frágiles que si no tienen los cuidados que necesitan pueden sufrir consecuencias muy graves”, apunta Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD).

El programa de la dependencia está formado por diferentes escalones administrativos que van desde la solicitud de las ayudas, a la valoración de estado de la persona por parte de los servicios sociales, a la elaboración del llamado Programa Individual de Atención (PIA) —que determina el tipo de prestación que se concede— y, finalmente, al cobro de la prestación. Entre todos estos pasos no debería pasar más de medio año. Se sabe, sin embargo, que en muchísimos casos se supera este plazo, pero el Departamento de Bienestar Social declina explicar cuánto se está tardando actualmente a conceder las ayudas, al tiempo que tampoco facilita las cifras de las personas que han fallecido esperando cobrar la prestación, a pesar de que se le haya concedido el derecho a ella. “Cada vez hay más dependientes, pero en los procedimientos de los servicios sociales no existe la gestión de urgencias. Habría que priorizar dependiendo de la gravedad del tema y no se hace”, protesta Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

El misterioso “traspapeleo”

La madre de Toni, enferma de Alzheimer, pidió la entrada en el programa de la dependencia en abril del año pasado, pero la mujer falleció en enero sin conocer si se la habían concedido. Para más inri, Toni había ingresado a su madre en una residencia por indicación de los servicios sociales. La tramitación de la ayuda “se traspapeló” entre los servicios sociales de Barcelona, donde vivía la mujer, y Terrasa, donde consiguieron plaza de la residencia. Cuando la anciana falleció, en enero, Bienestar Social todavía no le había aprobado el expediente, así que oficialmente no es dependiente. Ahora, Toni debe asumir todo el coste de la residencia. “El centro nos reclama 8.000 euros porque el parte de la Generalitat no ha llegado”, se queja.

“Se está tardando mucho en resolver las valoraciones de dependencia y, una vez resueltas, el tiempo de espera para recibir las prestaciones es mayor, por lo que el riesgo de muerte y recaída también se incrementa”, señala Antón. “La situación de una persona mayor puede cambiar mucho de un año para otro. Desde que solicitan la ayuda hasta que se la otorgan su salud puede haber empeorado tanto como cambiado el grado de dependencia”, explica Oriol Alsina, director gerente de la ONG Amics de la Gent Gran.

Los impagos de la Generalitat también están afectando a las economías de muchas familias, de empresas y entidades del sector social. El padre de Gregorio Manzano era dependiente de grado severo y falleció hace cuatro años. La familia todavía reclama a la Generalitat 18.000 euros que adelantaron para pagar la residencia. “La Administración nos dice que no tiene fondos para pagarnos la deuda y que lo prioritario es pagar las prestaciones de las personas vivas”, se queja Manzano, quien no tiene esperanzas de llegar a cobrar el importe. De hecho, ahora su preocupación principal es que no le pase lo mismo con su madre, con Alzheimer y dependiente de alto grado, interna también en una residencia.

Listas de espera infinitas

Los profesionales del sector alertan de que con la crisis y los recortes en los presupuestos el programa de la dependencia hace aguas desde hace tiempo. Un programa que actualmente cuenta con 158.589 beneficiarios y que nació cojo en 2007, sin una previsión económica adecuada. La actual asfixia económica de las administraciones también está llevando al límite a muchos geriátricos, que acogen a 24.683 dependientes. Las residencias calculan en 50 millones los retrasos de las ayudas de la dependencia, a los que se suma los 70 millones que la Generalitat debe al sector social. El drama apremia a los centros públicos, sin plazas libres y con listas de espera interminables a sus puertas, mientras en las clínicas privadas aumentan las habitaciones libres. Y piden soluciones. “Reivindicamos que las 30.000 plazas libres de las residencias privadas se pongan a disposición de los servicios públicos”, exige la presidenta del ACRA.