El juez investiga la financiación ilegal del PP en todos los municipios

La vertiente valenciana del caso Gürtel, que incluye la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de una decena de empresas constructoras en la época del boom del ladrillo y la obra pública, sigue complicando el futuro del partido. El magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, ha reclamado por medio de una providencia a todas las delegaciones municipales de la formación en la comunidad autónoma “una relación de contratos celebrados con Orange Market”, la sucursal en Valencia de la red que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, así como “los pagos efectuados a dicha entidad”.

El juez requiere dicha información referida a los años 2007 y 2008, que fue cuando supuestamente los populares financiaron irregularmente las campañas de las elecciones municipales y autonómicas (en el primer caso) y generales (en el segundo). Para evitar las posibles fórmulas de ocultación de los verdaderos servicios prestados por la trama corrupta, el magistrado ordena que se le remitan los contratos firmados por “todo tipo de actos, sean o no electorales”.

En la causa están imputados, además de los cabecillas de la trama Gürtel, el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas; el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa, la extesorera Yolanda García, y el exvicesecretario general del partido David Serra. Todos, salvo Bárcenas, son diputados en las Cortes Valencianas. Junto a ellos, están imputados los responsables de las empresas Lubasa, Grupo Cyes, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Piaf y Construcciones Hormigones Martínez.

Varias de las empresas cambiaron de denominación tras el estallido del caso Gürtel, en febrero de 2009. Para evitar confusiones, el magistrado requiere al Registro Mercantil la certificación del “historial de las sociedades”. Y al Registro de Patentes y Marcas, las “inscripciones y modificaciones de las marcas y nombres comerciales” que se hubieran producido.

Las constructoras, que se beneficiaron de grandes contratos del Gobierno valenciano durante los mandatos del expresidente Francisco Camps, ocultaron, según la Fiscalía Anticorrupción, el pago de actos electorales del PP bajo falsos contratos suscritos con Orange Market en los que se fijaban distintos conceptos. El juez solicita por ello al hotel Melià Valencia Palace y al Palacio de la Exposición de Valencia información sobre la celebración en sus establecimientos de las entregas de premios de la Fundación Sedesa entre 2003 y 2008. El instructor requiere igualmente varias facturas concretas de Orange Market al PP y la Agencia Valenciana de Turismo.