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Burguillos, a punto de caducar

El municipio sevillano pide auxilio a las administraciones ante una deuda de 70 millones El gobierno local teme el embargo de sus cuentas ante el impago por condenas firmes

Antonio J. Mora
Obras paralizadas de un centro de educación en Burguillos (Sevilla).
Obras paralizadas de un centro de educación en Burguillos (Sevilla).paco puentes

La respuesta, allá donde se pregunte, es siempre la misma, y destila resignación e irritación. “Desde hace años se sabía que esto iba a suceder. Todo el pueblo conocía lo que se cocía en el Ayuntamiento”. Los vecinos de la localidad sevillana de Burguillos reconocen que no les pilló por sorpresa que, el pasado 23 de marzo, el pleno municipal (PP, PSOE e IU) aprobara por unanimidad una petición de auxilio al resto de administraciones. “El Consistorio tiene una deuda de 70 millones de euros. Tenemos que aprobar un plan de saneamiento que el interventor ve imposible cumplir. Todo por la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno [PSOE] que nos ha abocado a la ruina”, explica el alcalde, Domingo Delgado (PP).

Pendientes de que se liquide la sociedad municipal Burguillos Natural, en concurso de acreedores desde 2009 y que, según Delgado, supone 28 millones de la deuda, el primer edil señala que el Ayuntamiento ha lanzado esta petición de rescate a la Diputación, a la Junta y al Gobierno central porque la viabilidad del Consistorio “tiene fecha de caducidad”, un plazo marcado por la justicia. “Burguillos tiene que abonar más de dos millones por condenas firmes debido a la mala praxis socialista. Tememos que se nos embarguen las cuentas y, entonces sí, nos quedaremos sin margen de maniobra”, explica el alcalde, quien detalla que la deuda municipal supone 11.000 euros por habitante (Burguillos tiene una población de 6.500 vecinos), más del doble que Ayuntamientos gaditanos asfixiados como Jerez o Barbate.

Domingo Delgado, en su despacho.
Domingo Delgado, en su despacho.P. P.

Junto a este pago, el Ayuntamiento tiene que devolver a las administraciones otros dos millones que, según el edil, fueron concedidos a través de subvenciones y que el anterior Gobierno utilizó para otros fines. “La Diputación y la Junta están continuamente mandándonos reclamaciones para que devolvamos estas cantidades con unos intereses y recargos absolutamente usureros e inadmisibles. Por ejemplo, por una subvención de 532.000 euros para una guardería, la Junta nos pide ahora 700.000 euros”, sentencia. Diputación recordó el pasado lunes que el organismo ha inyectado al Consistorio casi un millón de euros desde 2009 a través de los Fondos de Anticipos Reintegrables (FEAR) y que no puede “incumplir la ley, haciendo caso omiso a los incumplimientos de pago”. Asimismo, el municipio debe abonar casi 20 millones a Burguillos Natural por varias obras, algunas inacabadas.

Para los grupos de la oposición, a la actual situación no solo se ha llegado por la gestión socialista, que ya obligó al exalcalde Juan José López a dimitir antes de ser inhabilitado y a su sucesora, Mariana Pérez, a plantear en 2010 que se estudiara la disolución del ente ante la imposibilidad de gestionarlo. “Al PP le ha faltado iniciativa. En los dos años que lleva en el gobierno, el Ayuntamiento está tal y como se lo encontró”, afirma la concejal de IU Mónica Jiménez. El portavoz en el Consistorio del PSOE, José Antonio Domínguez, va más allá. “La situación del municipio es mala, pero no tan extrema como la pinta el alcalde, quien solo ha formado todo este revuelo para salir en los medios y que las administraciones hagan lo que él no ha sabido hacer”, apunta Domínguez.

Un cementerio de proyectos

A. J. M.

De los 70 millones de euros que adeuda el Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), casi 20 millones responden a impagos por obras a la sociedad municipal Burguillos Natural, construcciones “faraónicas” que, en algunos casos, están inacabadas. “El gobierno socialista se dedicó a poner en marcha proyectos que no eran propios de un municipio como este. Hasta planeó un aeropuerto”, explica el alcalde, Domingo Delgado (PP). Un aparcamiento para 600 vehículos, un polideportivo con piscina por cinco millones, un hotel por 14 —embargado y cerrado— o un colegio por dos. “La Junta dice que es más fácil construir un centro nuevo que adaptar el que está a medias. El problema es que no nos queda terreno y derribar lo construido nos cuesta 300.000 euros”, lamenta el primer edil.

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Con una tasa de desempleo que supera el 38% y una economía basada principalmente en la agricultura, Delgado señala que a la asfixia económica del municipio ha contribuido el embargo, hasta este año, de los tributos del Estado (PIE) o el no haber tenido derecho al antiguo PER (Plan de Empleo Rural) ante el impago a Hacienda y a la Seguridad Social, que ahora sí recibe a través de la Mancomunidad de la Vega. Según el edil, también tiene retenidos su parte de los tributos de la comunidad. “El Ayuntamiento cuenta con unos ingresos mensuales de unos 250.000 euros para hacer frente a un pago de unos 300.000 euros, entre ellos, 30.000 para sufragar el combustible de los generadores que dan luz a 300 viviendas de la localidad, y cuya licencia de ocupación fue dada por el PSOE sin que estuviera terminada la infraestructura”, detalla.

Ante esta falta de ingresos, el equipo de Gobierno aprobó una subida de impuestos a finales de 2012 —IBI y vehículos—, medida que, según Delgado, se ha decidido no aplicar este año debido a la “difícil situación” que están atravesando las familias. La oposición señala que esa subida sí se ha llevado a la práctica.

A la espera de una respuesta de las administraciones, Delgado asegura que su equipo de gobierno no va a tirar la toalla y que va a seguir “echándole imaginación” para sacar hacia adelante el municipio. “Los concejales son los que reparten la comida a las familias necesitadas o los que montan el escenario si hay un concierto. Solo tenemos un coche oficial, pero no se cubren gastos de gasolina o aparcamiento”, enumera el alcalde, quien asegura que está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para recibir esta ayuda. “No pueden dejar tirados a 6.500 habitantes”, señala.

Ante este futuro incierto, el miedo entre los vecinos pasa por una posible subida de impuestos. “Tememos que el objetivo del PP sea despedir a trabajadores, subir impuestos y privatizar el servicio de agua”, apunta Jiménez. “Estamos hasta el cuello. Como no mejore la situación, más de una familia se irá del pueblo”, repiten varios vecinos.

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Sobre la firma

Antonio J. Mora
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

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