Un juez condena al Sant Pau a devolver 3,3 millones que recortó a 400 médicos

Más curvas en el tortuoso camino en el que se encuentra el hospital del Sant Pau. El Juzgado de lo Social 21 de Barcelona ha condenado a la fundación que gestiona sus servicios sanitarios a devolver a más de 400 médicos un total de 3,3 millones de euros que les descontó entre 2010 y 2012. La dirección tomó la decisión de acuerdo con el decreto aprobado por la Generalitat en mayo de 2010, en el que obligaba a todo el sector sanitario público a aplicar un descuento del 5% de las nóminas. El Gobierno catalán pretendía que la medida afectara también a los centros concertados, aquellos que como el Sant Pau están financiados por la Generalitat pero su gestión depende de otras entidades públicas o privadas. La sentencia tumba las pretensiones de la Generalitat y considera que el recorte salarial no es aplicable en el Sant Pau, ya que el hospital depende de una fundación privada participada por la Iglesia.

“Rotundamente hay que afirmar”, sostiene el fallo, “que la fundación demandada no es pública, y no porque en su nombre completo figure la dicción de fundación privada, sino porque efectivamente lo es por su titularidad, por la voluntad de sus fundadores y [el] régimen estatutario que la rige”. El hospital recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según explicó ayer un portavoz.

Algunas fuentes del sector sanitario defienden que el Sant Pau está integrado por la Generalitat dentro del grupo de entidades públicas y concertadas, lo que le obligaría a aplicar las mismas medidas que la Administración autónoma. El juez, sin embargo, lo rechaza y no da valor al hecho de que tres de los cinco miembros del patronato sean representantes de la Generalitat. “Eso no transforma el carácter de privado en público”, como tampoco lo provoca, considera el juez, “el hecho de que reciba subvenciones públicas o que concierte la prestación retribuida de servicios públicos”.

El magistrado Ramon Llena va más allá y carga contra la fórmula escogida por la Generalitat para aplicar la rebaja salarial con la que reducir la presión financiera sobre sus cuentas. “El artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía establece la prohibición de que el presupuesto de la Generalitat sea regulado por decreto ley”, dice el texto, un incumplimiento que se añadiría, en el caso de Sant Pau, al hecho de modificar un convenio colectivo, que supone arrogarse competencias legislativas que corresponden al Estado.

La Inspección de Trabajo le ha levantado un acta de infracción que asciende a 11,1 millones de euros

El TSJC emitió en 2011 un fallo en sentido contrario al de Sant Pau, en el que sí permitía aplicar los recortes a todas las empresas públicas, consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat, de los Ayuntamientos o de organismos autónomos locales.

El de la rebaja salarial no es el único varapalo que sufre el hospital, que se enfrenta a otro pago multimillonario, en este caso a la Seguridad Social. La Inspección del Trabajo le ha levantado un acta de infracción que asciende a 11,1 millones de euros. Esos recursos son las cotizaciones sociales que el centro no pagó entre 2008 y 2012. Una de las fórmulas que utilizó fue la de no considerar como horas extraordinarias el trabajo que muchos empleados efectuaban más allá de su jornada laboral ordinaria, un hecho que los sindicatos siempre consideraron como una evidencia de que no tenía sentido la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo sobre casi 1.500 personas, que finalmente no se pudo aplicar.

Como consecuencia de la sentencia y del acta de infracción, la miembro del comité de empresa del hospital Carmen Pérez ha pedido al Departamento de Justicia que “solicite urgentemente la intervención judicial de la fundación para que queden protegidos los derechos y los intereses de terceros y la viabilidad de la misma fundación”. En su opinión, el hospital “no puede hacer frente a estas reclamaciones” y la fundación se encuentra en una “situación crónica de quiebra”, con un patrimonio neto negativo, según la Sindicatura de Comptes, de casi 300 millones de euros.