El Gobierno lleva al Constitucional los dos presupuestos de Rajoy

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional  los Presupuestos Generales del Estado para 2013 por vulnerar las competencias autonómicas en cuatro aspectos relacionados con aspectos como los fondos de pensiones y las ayudas a la dependencia. El equipo de Iñigo Urkullu entiende que la vulneración competencias se produjo también en 2012, por lo que recurrirá también las cuentas de ese ejercicio. El anterior Gobierno inició la negociación con el central por entender que se vulneraban las competencias y ahora, una vez finalizado el periodo de seis meses de conversaciones sin que haya resultados, el Gobierno del PNV ha decidido llevar al Constitucional tanto las cuentas de 2012 como las de 2013.

Estas últimas no se someterán a los seis meses de negociación porque, tal y como ha explicado el portavoz del Gobieno, Josu Erkoreka, al ser vulneraciones competenciales "idénticas" a las del año anterior "no cabía esperar que pudiera fructificar un acuerdo", ya que ninguna de las partes ha modificado su postura. Erkoreka ha subrayado que es una "discrepancia meramente competencial", no relacionada con cómo ha decidido el Gobierno central distribuir el gasto.

Los presupuestos generales vulneran, según ha explicado Erkoreka, la capacidad autonómica de organizar su política retributiva al prohibir las retribuciones diferidas a los funcionarios con aportaciones a los fondos de pensiones (EPSV). Asimismo, se considera una "intromisión" que no se permita reponer las plantillas públicas y que el Servicio Vasco de Empleo no pueda gestionar la ayuda de 400 euros para parados a los que se les acabe la prestación por desempleo. Por último, se recurre la suspensión de la financiación de la dependencia.

El Ejecutivo también presentará un recurso, este contencioso administrativo, a una resolución del Ministerio de Educación de noviembre con la que se excluye a los estudiantes de Formación Profesional de las becas Erasmus. El Gobierno vasco considera que se “discrimina” a estos centros respecto a los demás “sin justificación ni motivación jurídica alguna” al margen del argumento del recorte presupuestario.